Policía ha capturado a 29 sicarios en persecuciones

El sicario del transportador Antonio Luis Ortega Jaraba huyó pese al seguimiento que le hicieron a plena luz del día cuatro cámaras de video en la Avenida Santander, entre La Tenaza y Marbella. La suerte no fue igual para los asesinos del líder de los brigadistas cívicos en San Fernando y sus alrededores, Julio Eliécer Ramírez Andrade; y del prestamista Eduardo Ricardo Arrieta, baleados en Simón Bolívar y Nuevo Bosque, respectivamente. De los 46 homicidios cometidos este año por sicarios, la Policía logró la captura de 29 de ellos en persecuciones que cruzaron varios sectores de la ciudad y que en muchos de los casos incluyeron tiroteos y enfrentamientos. La Policía asegura que otros 27 presuntos homicidas fueron retenidos mediante órdenes judiciales. “Es decir, luego de un proceso donde se comprueba que el sindicado tiene un vínculo directo con el delito”, explica el coronel Hugo Casas Velásquez, subcomandante de la Policía Metropolitana de Cartagena. Según el oficial, en lo que va del año han sido asesinadas 87 personas en Cartagena. Medicina Legal dice que en el 2009 hubo 261 muertes en homicidios y accidentes de tránsito, para una tasa por cada 100 mil habitantes de 27,95. En el 2008 fueron 195 los casos. Para Casas Velásquez, los arrestos en flagrancia de los sicarios han permitido el esclarecimiento de más de la mitad de los crímenes del 2010. En el caso de Ramírez Andrade, que ocurrió el martes en la tarde en la oficina principal de su empresa de vigilancia comunitaria, la Policía pudo comprobar que los sicarios fueron contratados para asesi-narlo en un aparente caso de venganzas personales. El coronel Hugo Casas descartó que Julio Ramírez haya sido baleado por grupos delincuenciales que cobran “vacunas”. Por la muerte del dirigente, un Juez de Control de Garantías aseguró a Luis Miguel Ruiz Medrano y Wilson Sal-gado. El primero de ellos, señalado de disparar contra la víctima, sigue bajo custodia policial en el Hospital Universitario tras ser herido en medio de un tiroteo. “El Cholo”, como lo apodan, tiene en su contra tres órdenes de captura por homicidio. En enero pasado lo retuvieron por un doble homicidio que sucedió en el 2008 en Fredonia. Nadie sabe por qué estaba en libertad. En el caso del prestamista Eduard Arrieta Arrieta, atacado a tiros dentro de su carro y delante de su mujer, el miércoles en la mañana, en la segunda etapa de Nuevo Bosque, el coronel Hugo Casas dice que investiga si su muerte estaría relacionada con su ocupación. “Indagando, también encontramos que esta persona trabajó hasta hace tres meses como maquinista en la Sociedad Portuaria. De allí salió y se puso a prestar dinero”, afirma el oficial. Los sicarios, capturados en la persecución que se extendió a Santa Clara, fueron presentados ayer ante un Juez de Control de Garantías. Anoche se decidía si los aseguraban o no. Recompensas A las 56 capturas por homicidio, la Policía suma el decomiso de 265 armas de fuego, en su mayoría pistolas 9 milímetros. De esas armas, 200 fueron incautadas por porte ilegal y las 65 restantes para investigación. También se han quedado con 10.490 armas blancas. “Por el delito de porte ilegal de arma de fuego se han capturado a 196 personas en flagrancia y 15 por orden judicial”, precisa Casas Velásquez. De acuerdo con datos estadísticos, enero sigue siendo el mes con mayor número de asesinatos cometidos por sicarios. Fueron 19 del total de 28 homicidios que se presentaron. Los restantes son casos relacionados con enfrentamientos entre pandillas juveniles, riña intrafamiliar y atraco. De esos hechos, 21 se cometieron con arma de fuego. Los demás fueron con arma blanca. En febrero fueron 16 casos de sicariatos y en marzo 9. En abril, hubo 10, que sucedieron en El Centro, El Libertador, Petare, La María, El Campestre, Policarpa, Barrio Chino, Nelson Mandela y en la vía a Turbaco. En mayo van dos hechos de esas características. Para frenar esa modalidad delictiva, el coronel Casas dice que van a entregar 20 millones de pesos de recompensa a quien ayude a esclarecer con su información un crimen o señale a los posibles autores materiales e intelectuales. También darán 300 mil pesos para quien denuncie a alguien que porte un arma de fuego.