Procuraduría manifiesta primeras medidas de reparación para las víctimas de las AUC en los Montes de María

El procurador penal judicial, Miguel Carvajal, le manifestó a la magistrada de la Sala de Conocimiento del Tribunal de Justicia y Paz, Uldi Teresa Jiménez, las primeras medidas de reparación que solicitan los habitantes de las comunidades de Mampuján y San Cayetano, como acciones que pudieran devolverles la dignidad después de haber padecido torturas, muertes y desplazamiento por parte de los cabecillas del Bloque Héroes de los Montes de María de las Autodefensas Unidas de Colombia, AUC. En la continuación ayer jueves de la audiencia de reparación de víctimas en el Tribunal Superior de Bogotá, el procurador Carvajal señaló que para remediar el daño colectivo que los hombres al mando de Edwar Cobos Téllez, alias ‘Diego Vecino’, ex comandante del bloque ‘Montes de María’, y Úber Enrique Bánquez, alias ‘Juancho Dique’, del frente Canal del Dique, estas comunidades solicitaron que los agresores hablen sobre los verdaderos intereses que hubo detrás de los desplazamientos y las masacres. Asimismo, dentro de la dinámica de la audiencia una de las etapas fundamentales para el proceso es el momento en que las víctimas, en vocería del procurador, le manifiestan al tribunal de Justicia y Paz las medidas de reparación que serían adecuadas para enmendar los daños que el grupo armado le ocasionó a la comunidad. Es así como el representante del Ministerio Público expresó que para que haya una reparación es necesario que se inicien unas actividades encaminadas a la reconstrucción de las comunidades, para que puedan volver a sus tierras y salir adelante, las cuales deben ser coordinadas en un trabajo conjunto con la alcaldía de María La Baja, la Gobernación de Bolívar y el Gobierno Nacional. DISCULPAS PÚBLICAS Los habitantes del corregimiento de San Cayetano, específicamente las víctimas de la masacre de la vereda Las Brisas, le solicitaron al Tribunal que para remediar el daño colectivo las Fuerzas Armadas, especialmente la Armada Nacional, presente excusas públicamente y frente a todos los habitantes. Esto, "por haber colaborado, facilitado y permitido las atrocidades que los paramilitares hicieron en la vereda", precisó el procurador. La comunidad de Las Brisas también fue muy específica en solicitar que el diario El Universal de Cartagena se retracte por haber sido en gran parte responsable del aislamiento al que sus vecinos los sometieron por considerarlos como guerrilleros, puesto que según las víctimas, "después de que se perpetraron los hechos El Universal hizo una publicación en la que dijeron que los hechos fue una labor de la fuerza pública que había dado de baja a guerrilleros". Al respecto el diario cartagenero respondió que "en la nota mencionada no se asegura que las personas asesinadas eran guerrilleros, ni que fueron dados de baja en una ‘labor de la fuerza pública’". Agregó el diario que "de todas maneras, a petición de la comunidad, expresamos que consideramos a las víctimas de la matanza de Las Brisas y Mampuján como lo que son: víctimas de una crueldad sin límites y al resto de la comunidad de esa población como personas que han sufrido enormemente por culpa de estos grupos al margen de la ley y que merecen una mano de los colombianos para superar tan dura tragedia y y tratar de seguir viviendo". El Procurador también manifestó que "la comunidad de Las Brisas denunció que después de que se retiraron los paramilitares de la zona, un helicóptero del Ejército sobrevoló la población e hizo varios disparos". Entre otras de las solicitudes que hicieron los habitantes de Las Brisas estuvieron un espacio de recuperación emocional, con terapias psicológicas "para elaborar un duelo adecuado por lo perdido" y un acto simbólico para recordar a las víctimas, "que sea un espacio de encuentro para recuperar la dignidad". MAMPUJÁN QUIERE SALIR ADELANTE El procurador Carvajal dijo que para remediar el daño colectivo en la comunidad de Mampuján, sus habitantes solicitaron la construcción de un centro educativo de básica primaria, el cual debe ser construido en el antiguo Mampuján "para garantizar el retorno en condiciones adecuadas". Debido a que la labor del Gobierno es proveerle naturalmente el derecho de la educación a los habitantes de estas comunidades, lo que implica la reparación es que haya un valor agregado más allá de las acciones normales del Estado, por esto, como hay ciudadanos de estas zonas que han retornado a áreas cercanas al lugar donde ocurrieron los hechos, denominado ‘Rosas de Mampuján’, lo solicitado sería la construcción de un centro de básica secundaria con orientación técnico agropecuaria y con comedor escolar. También donde se dicten cursos de alfabetización para adultos. La comunidad de Mampuján solicitó a los jefes desmovilizados de las AUC y al Tribunal de Justicia y Paz, un parque recreativo para los niños, una cancha de fútbol y softball y una zona apta para cultivar, con todos los estudios que garanticen que podrán tener a la mano productos típicos de la región. "Esto da las garantías para que no haya repetición del daño, puesto que la comunidad contará con fuentes de trabajo y no tendrá que delinquir", expresó el procurador. También solicitaron que se restablezcan y se construyan las redes eléctricas y de alumbrado público, las cuales existían antes de ocurrir las masacres, así como el restablecimiento de las vías. REPARACIÓN INDIVIDUAL Así mismo los abogados defensores de cada núcleo familiar expusieron las medidas de reparación individual, es decir, las que cada miembro de la familia consideró que podrían subsanar el daño cometido por el grupo armado ilegal. Un ejemplo claro de esto es la medida de reparación individual solicitada por los miembros de la familia Tovar. Por el homicidio de Jorge Eliécer Tovar, ocurrido el 11 de marzo del año 2000, cada miembro de la familia le pidió al Tribunal que "se les condene al pago de compensaciones monetarias a los padres de Jorge Eliécer, las cuales son de 30 millones de pesos cada una. Así mismo en lo que concierne a la rehabilitación, la familia solicitó los servicios médicos y psicológicos, los cuales deben ser financiados por los agresores", dijo la defensa. Referente a la educación, las mujeres de la familia pidieron que puedan entrar a programas educativos que tengan énfasis en el agro, subsidios agrícolas para seguir desempeñándose en la agricultura. Solicitaron que los ex cabecillas disculpas públicas y en los medios de comunicación. El delegado del Ministerio Público terminó su intervención proponiéndole al Tribunal que la decisión que tome sobre las medidas para reparar los daños causados a estas poblaciones se profiera en el lugar donde ocurrieron los hechos para que sus habitantes conozcan cómo funciona la justicia y se sientan protegidos.