Pasaron cinco meses tras las rejas de la Cárcel de Ternera de esta ciudad por un crimen que no cometieron. Ahora después de la pesadilla que vivieron, que por poco les cuesta la vida, solo quieren seguir adelante y olvidar lo ocurrido. Anderson Rivera Aguirre y Líder Castellar Reyes fueron capturados por la Policía en una supuesta persecución el 13 de julio de 2011. Los acusaron de ser los que asesinaron al abogado Jaime Burgos Ospina, ultimado en la casa de su suegra, en la calle Don Bosco del barrio Escallón Villa. Burgos Ospina, fue señalado en su momento por la Policía como el abogado que actuaba como abogado defensor de miembros de la banda delincuencial Los Paisas.
El 14 de julio, la Policía difundió en los medios de comunicación de la ciudad la fotografía de Rivera y Castellar esposados. No había duda de su culpabilidad, según las autoridades.
Una supuesta testigo los identificó y los uniformados que los capturaron aseguraron que lo hicieron después de una persecución que se extendió del barrio Escallón Villa al puente de Las Gaviotas. Incluso los policías afirmaron que los observaron arrojando el arma homicida a un lote enmontado cerca del barrio Los Ángeles. Se dijo que la pistola fue hallada por los uniformados.
Directo para la cárcel
Las pruebas testimoniales aportadas por la Fiscalía fueron, a juicio del juez de Control de Garantías, suficientes para asegurar y ordenar el traslado a la cárcel de Anderson Rivera y Líder Castellar. Los delitos que les imputaron: homicidio agravado en concurso con porte ilegal de armas de fuego. Por eso, podrían afrontar una condena de 45 años de prisión. Cuando llegaron a la Cárcel de Ternera, los estaban esperando. Los internos que se quedaron sin su abogado defensor los clamaban.
“Los presos nos empezaron a gritar que éramos los asesinos del abogado Burgos y que la íbamos a pagar. Tenían el periódico con nuestra foto y decían que nos iban a matar”, relata Anderson Rivera. No pasó mucho tiempo cuando intentaron cumplir su amenaza. Líder Castellar fue apuñalado en la espalda mientras hacía fila para recibir el almuerzo en el patio C2. Supuestamente alguien habría ofrecido 300 mil pesos a quien hiciera el “trabajo”.
“Me dieron cinco puñaladas que duraron un mes para sanarse. Nunca me sacaron de la cárcel para recibir atención médica y me hicieron sentir como un ciudadano de segunda. Estuvieron muy cerca de matarme”, asegura Castellar.
Mientras los dos jóvenes pasaban las noches en vela pensando que quizás sería la última de sus vidas, sus abogados Jaime Ospino Gómez y Víctor López López recopilaban pruebas para probar su inocencia.
Como castillo de naipes
Las investigaciones de los abogados determinaron que Anderson Rivera y Líder Castellar nunca estuvieron en la calle Don Bosco del barrio Escallón Villa, a la hora que se cometió el crimen y no fueron capturados en una persecución.
Lograron determinar que la testigo del crimen no tenía los elementos suficientes para hacer un retrato hablado del asesino, que el arma homicida nunca se encontró y que los testimonios de cuatro policías eran contradictorios.
Además, a Rivera y Castellar nunca se les practicó la prueba de absorción atómica para determinar si habían disparado un arma de fuego. El día que los capturaron, los dos jóvenes se dirigían en una moto a sus viviendas. En el recorrido le entregaron un dinero a una persona, hicieron una llamada y saludaron a varios conocidos. Los jóvenes cuentan que fueron interceptados por una patrulla de la Policía en la calle principal del barrio Chapacuá. Los llevaron al CAI del barrio Fredonia y les dijeron que tenían las características de dos hombre que cometieron un delito.
“Como estaba pico y placa, yo pensaba que por eso nos detuvieron. Nos llevaron al CAI, después llegaron varios de la Sijín y nos dijeron que tenían que tomarnos una foto, como no habíamos hecho nada, no nos opusimos. Después regresaron y dijeron que los testigos nos reconocieron y que éramos a quienes buscaban”, dice Anderson Rivera.
Dos horas después, los trasladaron a la Fiscalía para judicializar su captura. Pero solo hasta las 2:30 de la madrugada del día siguiente, Rivera y Castellar conocieron de los delitos que les imputaban. Pero el mar de contradicciones empezó a aflorar a medida que los abogados defensores avanzaban en sus investigaciones. La Fiscalía aportó ante el juez de garantía el testimonio de dos policías que estaban cerca del lugar del crimen de Burgos y que aseguran escucharon los disparos. Al dirigirse al sitio, perdieron el control de la moto y se cayeron en un resalto. Según la defensa, uno de los uniformados dice que se estrellaron porque uno de los capturados les apuntó con el arma, pero logró ver cuando huyeron con dirección a la calle 7 de Agosto de Escallón Villa, mientras que su compañero asegura que perdieron el control de la moto por la velocidad en que iban. Al lugar llegaron dos uniformados, asignados a otro barrio, que se encontraban cerca. Según sus testimonios, ellos vieron a los dos sicarios que salían rumbo a la Avenida Pedro de Heredia con dirección a Los Ejecutivos. Aseguran que primero verificaron que sus compañeros accidentados estuvieran bien, llamaron una ambulancia y luego iniciaron la persecución de los asesinos. Supuestamente los capturaron en el puente de Las Gaviotas, después que botaran el arma de fuego, y en vez de conducirlos al CAI de Los Ejecutivos, que estaba a menos de 2 minutos, los llevaron al de Fredonia. Nunca especificaron cómo los trasladaron. Se conoció que los uniformados que retuveron a los jóvenes en Chapacuá, no son los mismos que aseguran los aprehendieron luego de una persecución.
Según la defensa de Rivera y Castellar, la captura en el CAI de Fredonia fue reportada a las 7:45 de la noche del 13 de julio. A esa misma hora, aparece registrada la aprehensión de otros dos hombres, que cuando llegaron Rivera y Castellar, desaparecieron del CAI. A medida que avanzaba la investigación, las contradicciones entre los agentes de la Policía aumentaban, lo cual fue corroborado posteriormente por la Fiscalía. Ante tales situaciones, la Fiscalía 34 Seccional solicitó al Juzgado Sexto Penal del Circuito de Cartagena la preclusión del proceso y se ordenó la libertad inmediata de los investigados, la cual se hizo efectiva el martes pasado, a las 6:30 de la tarde.
Ahora Anderson Rivera y Líder Castellar, que se dedicaban a vender ropa a crédito, solo piensan en volver a su trabajo y recuperar el tiempo perdido.
Sucesos
Víctimas de un “falso positivo”
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