Presuntas violaciones al debido proceso argumentan algunos transportadores y empresas del sector que, ante entes judiciales, interpusieron tutelas frente a los decretos que expidió la Alcaldía para suprimir las 39 rutas del transporte público colectivo, buses y busetas que funcionan en Cartagena, para así dar paso a la operación de Transcaribe.
Tanto la gerencia de Transcaribe como la Administración Distrital calificaron las acciones judiciales adelantadas por los transportadores y empresas, como un intento por impedir la entrada en funcionamiento del nuevo sistema de transporte.
Hace dos meses, el DATT, con la firma de los actos administrativos de cada empresa por parte del alcalde Dionisio Vélez, hizo efectiva la cancelación de dichas rutas y la notificación a los encargados de estas. Así las cosas, el 11 de diciembre saldrán de circulación las primeras rutas: Socorro-Jardines, Blas de Lezo, Socorro-Sierrita, Microbús, Socorro-San Fernando, Campestre-Castillo y dos rutas de Metrocar. Para marzo de 2016, saldrá el segundo grupo de rutas: Ternera-San José, Bosque-Crisanto Luque, Olaya Herrera, Caracoles-Avenida y todas las de Cootransurb. Entre septiembre y octubre del 2016 se eliminarán otras más. (Lea aquí: Canceladas rutas de buses y busetas)
“Todo fue socializado”
“Recordemos que la operación de Transcaribe es paulatina, no inmediata. Es decir, que de aquí a diciembre debemos tener siete rutas de transporte colectivo sin operar para que arranque Transcaribe, y en la medida de los requerimientos van a ir desapareciendo otras, en lo que nosotros hemos llamado el plan de implantación”, señaló Jorge Enrique González, director del DATT.
Agrega que “no se ha violado ningún debido proceso. Hay que ser claros en que esto es un proceso que se ha venido desarrollando hace 10 años, dos de ellos en esta Administración en la que se han hecho todas las reuniones de socialización. Así como nacieron esas rutas a través de un acto administrativo, otro acto administrativo del Alcalde también pueden cancelarlas”.
Carlos Coronado, gerente encargado de Transcaribe, aseguró que la actitud de los demandantes es “egoísta y poco solidaria con la ciudad, corresponde al desespero para que no entre en funcionamiento el SITM”.
“La supresión de esas rutas se hará gradualmente, en la medida en que vayan incorporándose al servicio los nuevos buses de Transcaribe. La vinculación de un vehículo a una empresa tiene dos etapas: la formalización por medio del contrato de vinculación y la oficialización por medio de la expedición de la tarjeta de operación, que se refiere al acto de autorización que emiten las autoridades competentes para que los automotores puedan rodar por las vías del país como vehículos de transporte público, tras comprobarse su aptitud e idoneidad para asegurar la adecuada prestación del servicio. De ahí que revocando las rutas, por consecuencia se produce la revocación de la tarjeta de operación porque está determinada por la existencia de habilitación de rutas”, añadió el gerente de Transcaribe.
De acuerdo a lo informado por Transcaribe, rutas abandonadas como la de La Esperanza, La María y Daniel Lemaitre serán integradas en el segundo grupo de rutas, dentro del plan de choque del Distrito contra el transporte ilegal.
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