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La triste verdad tras la Ley Lleras

Quienes la defienden tienen razón; implementar un plan concreto de protección de los derechos de autor es legítimo y necesario, incluso si en el país se crea una cultura digital de respeto y los infractores son pocos.

Quienes la critican también están en lo correcto cuando advierten que la aplicación de la Ley Lleras en su estado actual podría promover el escrutinio de la actividad de los ciudadanos en Internet, o amenazar su libertad de expresión.

Pero lo lamentable es lo que el proyecto evidencia: el afán de un grupo de empresas con un interés monetario en proteger la propiedad intelectual, consigue más atención y resultados que el trabajo del gobierno por reducir la piratería con métodos verdaderamente eficaces, y por convertir al ecosistema digital de Colombia en uno próspero y saludable.

Prioridades confundidas

Aún si la Ley Lleras se aprueba en su forma actual, sus impulsores podrían llevarse una sorpresa amarga.

En su artículo Dare To Stream, Matt Hickey resume lo que muchos estudios recientes revelan: la mejor estrategia para reducir la piratería no es endurecer las sanciones que se aplican a los infractores, sino dar a los consumidores opciones legales de compra.

Siempre y cuando esas opciones sean coherentes con la nueva realidad digital.

La razón por la que esto funciona es trivial: los internautas, incluyendo los colombianos, no son una colección de millones de criminales empeñados en sabotear las industrias que crean y distribuyen el contenido del que disfrutan, entorpeciendo de paso el crecimiento de su economía local.

Los consumidores simplemente esperan acceder a una enorme cantidad de juegos, películas, música y series de TV en Internet, pero no pueden pagar el mismo precio que pagaban por ellos en formato físico.

Un modelo adaptado a la era digital funciona para los propietarios de derechos de autor porque la cantidad de material que venden aumenta. Y no sólo un poco; si los costos se reducen a un nivel racional, y se ponen a disposición de los consumidores herramientas de compra en su moneda local, con sus tarjetas de crédito y débito, el número de ventas incrementa exponencialmente.

Límites de infracción

Proteger la propiedad intelectual, el propósito básico de la Ley Lleras, no es una mala idea. Nadie, ni siquiera los que critican la propuesta, está de acuerdo con abusar del material creado por otros, y mucho menos lucrarse con su uso ilegal.

El problema es que los defensores y críticos de propuestas como esta no están exactamente de acuerdo en qué se considera como un abuso.

El usuario de YouTube DarkSeidPhil, por ejemplo, es uno entre miles de norteamericanos preocupados por la propuesta de ley senatorial 978, que podría enviar a la cárcel durante un máximo de 5 años a estadounidenses que utilicen material protegido por derechos de autor en Internet, especialmente en videos y siempre y cuando sea con fines lucrativos.

Publicar un video de un artista famoso, conseguir millones de visitas y cobrar el dinero de avisos publicitarios en el mismo es una acción claramente fuera de las reglas. Pero los usuarios están preocupados porque publicar la reseña de un videojuego o de una película que incluya escenas de los mismos, podría entrar en la lista de acciones consideradas como crímenes federales por la nueva norma.

Los críticos de la Ley Lleras pretenden evitar que la propuesta tenga ramificaciones similares en Colombia.

¿Derechos en peligro?

Quienes reprueban la Ley Lleras tienen una misión difícil: cuestionar una propuesta con una base comprensible, pero cuya puesta en práctica podría reducir la privacidad y la libertad de expresión de los colombianos.

En un artículo para Open Business Latin America disponible en tinyurl.com/leyLlerasPolemica Carolina Botero analiza el pasado y presente de la propuesta, y resalta que su última versión “delimitó el alcance de la obligación de entrega de información confidencial a petición del juez, que se restringe a nombre y domicilio del presunto infractor”.

Freddy Pulido, miembro de la fundación Mozilla Colombia, es menos optimista, y considera que en su estado actual la ley permite que los proveedores de Internet ‘chucen’ a sus suscriptores para determinar si cometen o no violaciones a los derechos de autor.

Para los proveedores de Internet mismos la aprobación de la Ley Lleras puede significar una multiplicación de trabajo y responsabilidades, pues ellos serían los encargados de recibir las acusaciones de violación a la propiedad intelectual, para después asumir el rol de jueces y decidir si bloquean el acceso de sus suscriptores a los portales de Internet que tengan ese contenido.

Punto para lo viejo

Carolina Botero espera que el interés de la ciudadanía en la Ley Lleras tenga consecuencias positivas, y el proyecto se modifique hasta alcanzar una forma menos preocupante para todas las partes involucradas, especialmente para los internautas.

Pero aún en ese caso, la propuesta de protección a la propiedad intelectual podría haber atrapado la atención de los ciudadanos en el tema equivocado.

El interés de algunos autores y de la mayoría de empresas propietarias de derechos de autor unió a los colombianos en un movimiento para reducir a su medida justa una ley de castigo a los infractores.Una ley necesaria, pero no importante para el desarrollo tecnológico del país.

Mientras tanto el Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones se ha visto en dificultades para convencer a los empresarios de abrazar las nuevas posibilidades que la Red ofrece, y se esfuerza por implementar un sistema de pagos digitales cómodo y seguro, que los consumidores vean como una opción mejor que la piratería para comprar material en Internet.

Acusada de ser la versión criolla de un esfuerzo extranjero por defender un modelo de negocio desactualizado, la Ley Lleras parece destinada a ganar una partida al interés del gobierno y de los colombianos por entrar en una nueva era de la economía.

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