Durante 37 años, Carmen Núñez de Polo trabajó en el Hospital de Barranquilla donde atendió con mucha dedicación a los enfermos más pobres de la ciudad y como pago, el Estado colombiano lleva 5 años meciendo de un lado a otro la liquidación de su pensión.
Franklin Núñez, su hermano y abogado, con más de 10 años de experiencia en casos de pensiones difíciles, dice que la liquidación de su hermana, de 60 años, se parece a la historia del “Coronel no tiene quien le escriba”, de Gabo. Ha llegado a un punto de estancamiento donde la última palabra la tiene el Consejo de Estado, mientras que a su hermana la diabetes y la hipertensión la amenazan hasta tal punto que no podría alcanzar a ver un solo peso de su mesada. “Así como el Coronel duró 17 años esperando una carta. Mi hermana lleva 5 años esperando que la pensionen después de trabajar durante 37 años en el Hospital de Barranquilla, atendiendo y sanando a los más pobres y necesitados de la ciudad”, reflexiona Franklin.
Carmen se afilió a Cajanal. Cuando se liquidó la entidad la trasladaron al Seguro Social y a su vez al liquidarse esta su caso pasó a Colpensiones. Desde octubre de 2007 espera su pensión.
“Cuando ella se iba a pensionar el Seguro Social dijo ‘no le pasaron los aportes de ella, así que no podía pensionarla’. Entonces nos devolvemos a Cajanal donde nos dijeron que es el Seguro Social el que debe cumplir con la pensión. Cuando va a resolver de nuevo liquidaron con el Seguro, ya está en manos de Colpensiones, que vuelve a decir que no tiene los aportes”, añadió el jurista.
En 2013 una tutela falla a favor de la afectada y el Juez 13 Civil Municipal dictamina que es la Unidad Administrativa Especial de la Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP), la encargada de liquidarla. Esta unidad hizo una consulta al Consejo de Estado, con el fin de saber qué entidad le compete la pensión de Carmen.
“Hicimos los descargos en el Consejo de Estado el 21 de octubre del 2013, explicando por qué la UGPPdebe pensionar a mi hermana. Según la ley el Consejo de Estado tiene 20 días hábiles para resolver y hasta ahora no hemos recibido ninguna respuesta. Estamos más amarrados porque si metemos otra tutela el juez nos va a decir que hay que esperar que el Consejo de Estado defina”, agrega.
“No tiene presentación que después de 37 años de trabajo abnegado el Estado no responda por los aportes que el trabajador hizo”.
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