Las labores de construcción de la planta de regasificación en la Isla Barú continúan a media marcha desde hace una semana, debido a que cerca de 350 trabajadores de la zona de influencia se encuentran en cese de actividades. Las labores se siguen con empleados que no se sumaron a la protesta y que según los manifestantes no lo hace porque son de otras zonas del país.
Despidos masivos sin justa causa, contratación de personal de otras regiones, ausencia de una tabla salarial y condiciones precarias para laborar son algunas de las causas que aducen los manifestantes quienes desean llamar la atención del Ministerio del Trabajo.
La obra que se construye en su totalidad con dineros privados y que es propiedad de la Sociedad Portuaria El Cayao, constituida por Promigás, con una participación del 51% y el fondo de inversión chileno Barú LNG, con el 49% restante; está localizada en vecindad inmediata con la población de Ararca e influencia igualmente a Pasacaballos y Caño del Oro. (Lea aquí: Construyen en Cartagena primer terminal de regasificación del país)
Debido a su lugar de ubicación, los habitantes de los corregimientos y veredas cercanas reclaman ser tenidos en cuenta para las vacantes en el proyecto y contar con el respaldo de la tabla salarial que le corresponde a un proyecto industrial con éste.
Eusebio Moreno, quien laboró en la planta hasta el 7 de julio pasado, como supervisor de andamios, afirmó que lo despidieron por hacer parte de la protesta que antecedió a la que ahora se encuentra vigente.
El obrero, quien es residente de Pasacaballos, comenta que entre el 29 y 30 de junio hicieron una protesta para reclamar mejores condiciones laborales por lo que fueron llamados por la empresa a dialogar el 1 de julio y aparentemente llegaron a un acuerdo, sin embargo seis días después fueron despedidos todos los trabajadores del grupo de andamios, que habían participado en la manifestación.
“Debido a esto, los compañeros que quedaron laborando decidieron irse a paro nuevamente el 18 de julio y en medio del cese de actividades, el 21 de julio, fueron despedidos otros 33 empleados, todos de las zonas de influencia. Todas estas personas que han despedido las han reemplazado con personas del interior del país, lo que demuestra que no hay una causa justa para echarlas, sino que se trata de una represalia por las manifestaciones que se están haciendo, en reclamo de los derechos laborales”, explica Moreno.
INCONFORMIDADES
La construcción de la planta de regasificación comenzó en julio de 2015 y desde entonces ha habido seis protestas de empleados.
Los trabajadores reclaman que las siete firmas responsables de la obra tienen salarios distintos para una misma labor, es así que un soldador puede ganarse desde un salario mínimo hasta seis millones de pesos haciendo exactamente lo mismo.
La otra reclamación que hacen es que no cuentan con suficientes baterías de baños para los más de 700 empleados, en general con los que cuenta la obra; y tampoco tienen un comedor donde alimentarse. Precisan, además, que no cuentan con una ruta de transporte eficiente y que muchos empleados deben llegar al sitio en mototaxis, asumiendo tales gastos de su salario.
Pero lo que más les preocupa según Eusebio Moreno es: “Nos están sacando de nuestro patio, como quién dice. Entendemos que este es un proyecto muy importante que debería traer progreso a la zona, pero han llegado es a explotarnos laboralmente y como no nos estamos dejando entonces nos están desplazando y reemplazando por obreros que están trayendo de otras regiones del país”.
La protesta de los empleados de la planta de regasificación de Barú es apoyada por la Unión Sindical Obrera a pesar de que en el proyecto no hay un solo peso estatal. Rodolfo Vecino, miembro nacional de sindicado, aseguró que en la mañana de hoy estaban haciendo lobby en el Ministerio de Trabajo para poner en sobre aviso del tema a la ministra Clara López.
La planta de regasificación de Barú está presupuestada, según sus inversionistas, para comenzar a operar en diciembre de este 2016. En marzo manifestaron que la construcción iba adelantada en un 70%.
La planta es producto de un contrato de concesión entre la Sociedad Portuaria El Cayao y la Agencia Nacional de Infraestructura y entre los acuerdos previos a la negociación se estableció que deberá atender las necesidades de combustible de los agentes termoeléctricos del país, entre estos: Tebsa (Termobarranquilla), Zona Franca Celsia y Termocandelaria. Es vista, desde el Gobierno, como un seguro ante una eventual repetición de un fuerte fenómeno de El Niño, como el sucedido hasta mediados de este 2016 y que mantuvo en alerta la producción energética del país.
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