Evitar que el Sistema Integrado de Transporte Masivo (SITM) colapse por falta de viabilidad financiera, instó al Concejo de Cartagena en pleno a aprobar la iniciativa de hacer control político a la operación de Transcaribe.
La proposición fue presentada ayer por el cabildante del Partido de La U, César Pión. “El sistema de transporte masivo se ha hecho para mejorar la calidad y la competitividad de la ciudad, pero va por unas fases. Se hace necesario que el Concejo y la ciudad conozcan la puesta en marcha de los otros recorridos, el estado de los buses, cómo está la reglamentación, cómo se prevé enfrentar las demandas que han surgido por la muerte de personas”.
“No vaya a ocurrir -advirtió- que cuando colapse el sistema, porque no lo hemos vigilado, el daño sea peor para los operadores y para la misma ciudad”.
A rendir cuentas en una sesión plenaria serán llamados Humberto Ripoll, gerente de Transcaribe; representantes de las firmas operadoras Sotramac y Transambiental, directores del DATT, Dadis, Crued, personero Distrital y comandante de Bomberos.
Estado tecnomecánico del parque automotor, cobertura de rutas alimentadoras, infraestructura, chatarrización y las diferencias entre las empresas Smartmatic y Dataprom, que conforman el consorcio Colcard, encargado de la operación tecnológica y recaudo para el sistema, serán algunos de los temas a debatir.
No oyen alertas tempranas
El concejal Antonio Salim Guerra, de Cambio Radical, insistió en que Transcaribe no ha querido tener en cuenta las alertas tempranas lanzadas desde la corporación, a raíz de lo ocurrido en otras ciudades con sistemas de transporte masivo.
“Nos hemos rajado la boca en sendos debates de control político, mostrando las otras ciudades donde hay transporte masivo y los gobiernos no han querido hacer caso a nuestras observaciones constructivas de lo que podría ocurrir con el transporte en Cartagena”.
“El gobierno anterior -anotó- no solamente dejó a los operadores como están en las otras ciudades, sino que se hizo socio operador, es decir, tercer civilmente responsable. No soy abogado, pero algo sé, como dice Silvestre Dangond. Entonces, si en algún momento quiebran los operadores del sistema de transporte masivo en Cartagena, le toca a la ciudad responder”.
Guerra advirtió que “la semana pasada, de los nueve operadores que tiene Transmilenio en Bogotá, siete entraron en ley de quiebras, y eso que Bogotá moviliza a más de un millón de habitantes diarios en Transmilenio. Ellos no encontraron el equilibrio financiero, la tarifa no da para la operación, igual que en Cartagena (...) Ya se están presentado dificultades financieras de los operadores porque los usuarios se han venido quejando de que los tiempos se prolongan”. Asimismo citó quejas por el estado de las estaciones, Patio Portal, entre otras.
¿Y la chatarrización?
Carlos Barrios, de la bancada de Cambio Radical, manifestó una preocupación. “Hoy no sabemos cuánto ha aportado cada operador a los recursos del FUDO (Fondo Unificado de Desintegración y Operación), para que se siga haciendo la desintegración o chatarrización del transporte público colectivo de la ciudad; ni cuántos recursos ha recibido Transcaribe de parte del despacho del alcalde”.
Recalcó la importancia de conocer el comportamiento de “tarifa versus kilometraje versus pasajeros que ingresan al sistema, para saber si el sistema será autosuficiente o no en el tiempo”.
No es el primer aviso
Los concejales David Caballero, Vicente Blel, Lewis Montero y Javier Curi estuvieron de acuerdo en que en el pasado periodo de sesiones ordinarias se admitieron proposiciones similares a la aprobada ayer y por tanto es necesario anexarlas en el nuevo debate.
“Deberíamos revisar las preguntas que hemos hecho en las proposiciones pasadas, a qué preguntas nos han dado respuestas, aprovechar la inquietud que trae Pión para hacer un debate a profundidad del sistema de transporte masivo, y no dejar pasar por alto que cuando yo planteaba la necesidad de que revisáramos el Plan de Desarrollo es porque en ese plan estipulamos programas vitales para que no muriera este sistema de transporte”, dijo Javier Curi, del Partido Liberal.
“Tanto así -indicó- que sacrificamos en gran parte los recursos de la sobretasa de gasolina, que permanentemente utilizábamos para mantener o ampliar nuestra malla vital, para que el sistema de transporte no se convirtiera en un elefante blanco”.
Fuera de lugar
El concejal Américo Mendoza, de la Alianza Social Independiente (ASI), recalcó que debido a que “Transcaribe operador todavía no está operando” , era clave incluir en el cuestionario de control político al sistema “una pregunta encaminada a que la administración defina si se vuelve a licitar la parte de Transcaribe operador, con una empresa que tenga músculo financiero para garantizar que el servicio opere a un 100%. De lo contrario nos va a tocar esperar por lo menos dos o tres años más, o cuatro, quién sabe cuantos más, para que haya una operación completa del sistema”.
Cabe recordar que desde marzo de este año, el gerente de Transcaribe, Humberto Ripoll, informó había en servicio 152 vehículos: 122 que arrancaron la operación comercial y 30 que llegaron para Transcaribe operador.
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