Cartagena


Traslado de reclusas de San Diego sería en menos de tres meses

Pronto, las reclusas de la cárcel de San Diego estarán en una nueva sede, de acuerdo con la secretaria del Interior, Yolanda Wong, quien confirmó a El Universal que ya se definió el lugar al que se trasladará el penal y que la mudanza se haría en menos de tres meses.

Aunque en semanas atrás la funcionaria dijo que los corregimientos de Arroyo Grande, Arroyo de Piedra y Pontezuela eran algunas de las opciones fuertes para arrendar el inmueble donde funcionará el reclusorio, esta vez no quiso precisar cuál fue el lugar escogido para evitar sobresaltos en las comunidades aledañas, antes de que se haga la socialización.

La nueva sede debe tener al menos 1.450 metros cuadrados y estar aprobada por el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec). En esta se harían adecuaciones en los muros y se instalarían rejas para cumplir con la norma de seguridad para las cárceles.

Para la mudanza de la cárcel, que se decidió por el mal estado del inmueble actual y tras un fallo de tutela de 2009, se disponen de 1.800 millones de pesos que aportaron el Distrito, el Inpec y la Procuraduría, para sensibilizar a las comunidades cercanas, pagar el arriendo por un año, contratar las obras de adecuación y hacer las actividades de adaptación de las internas.

Piden mejorar la seguridad

En una inspección hecha por la Personería Distrital en la cárcel de San Diego se encontró que en esta solo hay dos esposas y una de ellas es utilizada como cerradura en una de las puertas ante la falta de candados.

“El Ministerio Público también pudo constatar que a los guardias les toca cumplir turnos de hasta 24 horas y advierte que estas agotadoras jornadas de trabajo podrían afectar su desempeño laboral”, indicó el ente de control en un comunicado.

Jhony Herrera, personero delegado en asuntos penales, explicó que por cada turno hay disponible entre nueve y 12 guardias para una población carcelaria que supera las 120 internas.

La Personería Distrital también señaló  que el reclusorio carece de servicios médicos y odontológicos permanentes y de vehículos para trasladar a las reclusas a diligencias médicas o judiciales.
 

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