Mateo Amador, un jóven residente en Turbaco, era estudiante de Odontología en la UdeC hasta hace un par de semanas cuando el Tribunal Superior de Cartagena revocó un fallo que había ordenado su matrícula extemporánea.
El muchacho se presentó en la segunda convocatoria del 2015 para iniciar clases este semestre y aunque su puntaje no le alcanzó para quedar entre los 40 seleccionados del programa, estuvo atento a la convocatoria de cupos sobrantes, de aquellos estudiantes que pese a que pasaron, no se matricularon.
En efecto Mateo estuvo entre el grupo de aspirantes que podía acceder a uno de los cupos sobrantes, pero asegura que no fue notificado de esta convocatoria ni la vio publicada en la página web de Unicartagena.
Cuando descubrió que podría matricularse, en las instalaciones de la universidad le informaron que ya había vencido el plazo para tal diligencia.
Ante esto, su madre Indira Causil, después de presentar un derecho de petición en el que obtuvo la misma respuesta del vencimiento de plazo, interpuso una tutela atendida por el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Cartagena, alegando la protección de los derechos al debido proceso y a la educación.
En la tutela, Causil se presentó como agente oficioso de su hijo, pues a pesar de que este ya era mayor de edad, su cédula estaba en trámite.
Para el Tribunal este es el error por el que resulta improcedente el proceso porque “los argumentos de incapacidad para promover por sí mismo el mecanismo tutelar no son valederos al no demostrarse que el joven no está en condiciones físicas o mentales para promover su propia defensa”, reza la sentencia que señala que el afectado pudo acudir a la Defensoría del Pueblo o al Personero Distrital en caso de no tener el conocimiento jurídico o recursos económicos para adelantar el proceso.
De esta manera, quedó sin efectos el fallo de primera instancia que ordenó a la UdeC volver a realizar la primera convocatoria de cupos sobrantes para que Mateo se matriculara y así garantizar la protección de sus derechos.
“Después que mi hijo entró, antes de Semana Santa, a la universidad y se puso al corriente con todos los trabajos y exámenes pendientes, nos llamaron de la Oficina de Admisiones para notificarnos el fallo y le cancelaron la matrícula y le quitaron su carné. Todo fue así, a quemarropa, sin ninguna consideración, no les importó que él ya estaba estudiando”, indicó la madre, quien resaltó que aunque le devolvieron el pago de la matrícula, invirtió un dinero en uniformes, transporte y materiales académicos de Mateo.
“No tuvieron en cuenta los daños morales y sicológicos que le están haciendo a mi hijo ni su derecho a la educación. La Universidad de Cartagena aprovechó una mala interpretación del fallo para quitarle el cupo a mi hijo”, agregó.
“Acatamos el fallo”
Ángel Casij, jefe de la Oficina Jurídica de la Udec explicó que aunque el fallo del Tribunal no específica la cancelación de la matrícula de Mateo, el hecho de revocar la sentencia de primera instancia deja sin sustento la actuación derivadas de la orden.
“Lo que hicimos fue cumplir un fallo judicial, las sentencias no se interpretan si no que se cumplen. Así como matriculamos al joven cuando el juzgado lo ordenó en primera instancia, acatamos el fallo del Tribunal. Todo lo anterior a través de resoluciones”, explicó Casij.
El abogado señaló que por política interna, Unicartagena impugna todos los fallos adversos para la institución y que el no cumplir una sentencia se configura como desacato y puede ocasionar una orden de arresto y sanciones para el representante legal de la institución.
Beatriz Vergara, directora del departamento de Admisiones, indicó que al joven “se les respetaron sus derechos y se le brindó todo el apoyo académico para que se integrara a las actividades académicas cuando ordenaron su matrícula”.
En los próximos días Mateo presentará una nueva tutela apoyado en la Defensoría del Pueblo para que les restablezcan los derechos que considera vulnerados.
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