Con el estado de calamidad pública decretado el pasado 27 de diciembre por el Distrito ante la gravedad de la sedimentación del canal del Dique y la amenaza de desabastecimiento de agua para la ciudad, la solución a corto plazo es que Cormagdalena drague este cuerpo de agua y para esto declare una urgencia manifiesta, empiece la contratación y se inicien las obras, complicadas por un proceso judicial que encabezan desde hace dos año pescadores de Pasacaballos.
Lucas Ariza, director (e) de Cormagdalena, le contó a El Universal que la urgencia manifiesta no se ha decretado por la tutela, pero que esta situación está siendo consultada en las altas cortes porque la situación en el Dique es urgente y la solución está cobijada con un decreto de calamidad pública.
“Hay una acción de tutela que nos ha impedido dragar el canal del Dique en los últimos años. Lo que estamos haciendo es consultando con las altas cortes para ver de qué manera podemos empezar las obras teniendo en cuenta que hay un estado de calamidad pública y una urgencia manifiesta pendiente. Cuando se tenga claridad en esto, empezaríamos a hacer la contratación de las obras de dragado, esto debe ser en el transcurso de esta semana”, precisó el funcionario.
Ariza reiteró que la urgencia manifiesta se decretará cuando tengan claro en qué momento se puede contratar y si la calamidad pública está por encima de la tutela. “Este es un tema delicado y no puedo decretar una urgencia si no hay claridad acerca de cuándo puedo empezar a contratar, pues si se demora mucho se supone que no es urgencia, esa es la claridad que estamos consultando con las altas cortes teniendo en cuenta que hay una tutela y lo que queremos saber es si la calamidad está por encima de una acción de tutela”, reiteró.
A finales de noviembre de 2016, la Sala Civil, especializada en Restitución de Tierras, del Tribunal Superior de Cartagena, que atendió la tutela interpuesta por la comunidad de Pasacaballos, le ordenó a las entidades Dragados Hidráulicos S.A. y Cormagdalena abrir espacios de concertación con las asociaciones de pescadores y agricultores de Pasacaballos y con el Consejo Comunitario de la Comunidad Negra de este corregimiento, para evaluar los daños causados por el dragado del canal del Dique y la forma de resarcirlos.
En ese momento los accionantes alegaban que el dragado al canal del Dique atenta contra sus derechos a la consulta previa, debido proceso, trabajo digno, mínimo vital y a la identidad cultural y autonomía, pues estas labores afectarían la actividad principal de subsistencia, que es la pesca.
Cormagdalena presentó un cronograma y precisó que una vez declarada la urgencia, se invitarán empresas privadas a ofertar el precio y la disponibilidad de equipos para realizar las actividades, a fin de que se escoja la mejor opción. Todo esto en un plazo de siete días.
Escogida la oferta, se deben suscribir y perfeccionar los contratos en tres días, y el plazo de ejecución del contrato se estima en tres meses. El ente agregó que este cronograma es tentativo, ya que depende del concepto jurídico relacionado con la consulta previa que se realiza en Pasacaballos, producto del fallo judicial.
El dragado será entre la entrada del río Magdalena al Dique, en Calamar (K0), y la desembocadura en la bahía de Cartagena, (K117+200). Esta es la parte que necesita mayor atención, según la calibración hidrosedimentológica que se hizo entre 1981 y 1984; es un vector muy importante de sedimentos.
El método de remoción de los sedimentos se realizará mediante dragas de corte y de succión en marcha, dependiendo de las características del sector y del sitio de disposición de los sedimentos. Para esto se requiere dragar para tener una sección hidráulica de ocho pies de profundidad con un ancho de solera de 60 metros y taludes variables.
Para ejecutar estas obras se deberá aplicar la Guía Ambiental de Proyectos del Subsector Marítimo y Fluvial de Invías, del 2011.
Comentarios ()