“¿Por qué nos tienen de reunión en reunión y no nos solucionan nada? Si el miércoles no nos cumplen con todo lo que nos han prometido, vamos a seguir bloqueando la ciudad y esta vez nos tomaremos Bocagrande”.
Esas son las palabras de Magalis Madera, quien con una pancarta en mano clamó justicia y exigió que el Distrito le brindara alternativas para poder solucionar todas sus necesidades de vivienda, alimentación, educación y salud tras la dolorosa partida de su esposo, Rafael Mendoza Díaz, una de las 21 víctimas mortales del desplome del edificio Portales de Blas de Lezo II, que hace dos meses se derrumbó por aparentes fallas estructurales.
Ella, junto a unas 60 personas, marcharon ayer desde el monumento de la India Catalina y llegaron hasta la plaza de La Paz, donde bloquearon durante una hora el carril solobús de Transcaribe, causando congestión vehicular y retrasos en la operación del Sistema Integrado de Transporte Masivo (SITM).
En la protesta, en la que había menores y algunos de los sobrevivientes de la tragedia, tuvo que intervenir la Policía Metropolitana y uniformados del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) para recuperar la calma y solucionar los inconvenientes de movilidad en el Centro Histórico.
Agresiones
Las víctimas y sus familiares, tras la intervención del Esmad, aseguraron que fueron agredidos por los uniformados y que incluso no hubo contemplación con algunos de los sobrevivientes, quienes supuestamente fueron maltratados sin importar que aún siguen en proceso de sanación de sus heridas.
“Durante la protesta me sacaron de la fuerza usando la violencia. Me maltrataron las piernas y los brazos, y eso me causó muchísimo dolor porque aún tengo heridas vivas de varias intervenciones quirúrgicas que me han hecho. Estuve con fractura en la cadera, en la pierna y me corrí un disco de la columna. En vez de maltratos, lo que queremos son soluciones”, contó Álex Madera, uno de los obreros sobrevivientes.
Respecto a las intervenciones policiales, Luis Humberto Poveda, comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena, explicó que la institución actuó bajo los parámetros de la ley y sin excederse con los manifestantes.
“Utilizamos la fuerza en la medida que las normas nos lo permiten. No quisimos revictimizar a estas personas que protestaban para así restablecer un derecho al resto de la población que estaba siendo bloqueada y que se movilizaba en el SITM. Hubo una acción adecuada para despejar la vía utilizando primero el mecanismo de persuasión y después acogiéndose a lo dispuesto en la ley al correr a las personas que estaban invadiendo la carretera”, explicó Poveda.
Se conoció que durante este procedimiento, un uniformado del Esmad presuntamente golpeó en la zona abdominal a un periodista que estaba cubriendo el bloqueo.
A puertas cerradas
Luego que el Esmad despejara la vía, los manifestantes se reunieron a puertas cerradas con el alcalde Manolo Duque, el secretario del Interior, Fernando Niño Mendoza, y el director del Plan de Emergencia Social, Javier Emilio Lora, en el salón Vicente Martínez de la Alcaldía, en donde las víctimas expusieron sus necesidades y quedaron convocadas para otra reunión el próximo miércoles.
El secretario del Interior aseguró que el Distrito ya cuenta con un plan de acción para respaldar a las víctimas.
“Tenemos una ruta de atención de acuerdo a la caracterización que realizó el Plan de Emergencia Social (PES) de todas las necesidades de cada una de las familias y cómo será el proceso de atención en empleabilidad, educación y en salud, que son las necesidades inmediatas.
“El próximo miércoles se va a hacer una reunión de seguimiento, donde se trazarán algunos compromisos. En estos momentos nos importa el bienestar de las familias, que estén bien, que tengan una atención oportuna de todas las entidades del Estado y celeridad en el proceso penal para que haya justicia en el caso y se logren determinar los responsables y el monto de la indemnización que se le debe dar a cada uno de los familiares de las víctimas”, dijo Niño Mendoza.
Aunque el funcionario aseguró que los marchantes tenían con el Distrito el compromiso de no hacer más tomas de las vías públicas de Transcaribe, ellos aseguraron que de no obtener una respuesta contundente del alcalde y su gabinete, el próximo miércoles romperán este pacto.
Transcaribe
Humberto Ripoll Durango, gerente de Transcaribe, le contó a El Universal que este bloqueo, que duró una hora, perjudicó a 10 mil usuarios y frenó el ingreso de más de 20 millones de pesos al SITM.
“Aunque el bloqueo fue a las 9 de la mañana, Transcaribe normalizó su operación hasta el mediodía, teniendo en cuenta que fue día sin moto”, dijo el gerente.
Desde hace 2 meses
El Distrito aseguró que desde que se puso en marcha el Plan Integral de Atención de Víctimas de Blas de Lezo se adelantan diferentes acciones para beneficio de los familiares.
- En educación: con el apoyo del Colegio Mayor de Bolívar, Sena y la Unad, se garantizan 17 cupos para educación técnica y tecnóloga; educación en básica primaria y secundaria para los niños que están por fuera del sistema educativo.
- Ingreso productivo: se están capacitando 10 personas en fortalecimiento y creación de negocios para poder recibir su capital semilla.
- Empleabilidad: se han abierto seis espacios de trabajo como vigilantes, operarios de aseo, construcción en diferentes empresas de la ciudad.
- Mejoramiento de vivienda y legalización de predios: una de las familias afectadas se benefició con este programa.
Fallo respalda a sobrevivientes
Tras una tutela formulada por Luz Marina Ibáñez, procuradora 27 Judicial II para asuntos del trabajo y seguridad social, el Juzgado Quinto Civil Municipal de Cartagena le ordenó en primera instancia a las cajas de compensación Comfamiliar y a Fenalcao-ANDI-Comfenalco concederles a Raúl Andrés Mejía Bello, Róbinson Novoa Altamar, Mario Márquez Madera y Viviana Suárez Ramos (en calidad de compañera permanente de Álex Madera), sobrevivientes del desplome del edificio Portales de Blas de Lezo II, el derecho fundamental al mínimo vital, seguridad social y dignidad humana.
Para esto, dentro de las 48 horas siguientes a su afiliación deberán darles un ingreso mensual durante los primeros seis meses en los que están sin empleo, proporcional a la remuneración que venían recibiendo. También, sus hojas de vida tendrán acceso directo a la Agencia Pública de Empleo para aplicar a vacantes acordes a sus perfiles.
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