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Vencimiento de 217 mil medicamentos sería una situación excepcional

El director de Salud Pública, Lenis Urquijo, dijo que el vencimiento de 217 mil unidades de medicamentos denunciados por la Procuraduría, se debe a una situación excepcional.

Urquijo explicó que la Procuraduría realizó unas visitas al Ministerio de la Protección Social después de que el Ministerio Público recibiera quejas sobre el vencimiento de varios lotes de medicamentos para el tratamiento de la malaria, la leishmaniasis y la influenza AH1N1.

Según Urquijo, el ministerio siempre trata de mantener el equilibrio en la adquisición de medicamentos para que no se presente desabastecimiento ni superavit, situación que a veces no se puede controlar como sucedió con la mefloquina, el estibogluconato y el tamiflu.

En el caso de la mefloquina, utilizada para el tratamiento de la malaria, el Director de Salud Pública explicó que 120 mil unidades caducaron porque se cambió el esquema de tratamiento por otro que no generaba efectos secundarios.

De las 120 mil unidades que se vencieron, 100 ampollas fueron donadas por el proyecto Pamafro, que no se pudieron regalar a otros países porque en la región también optaron por cambiar el esquema de tratamiento.

Otras 97 mil unidades de estibogluconato, que sirve para el tratamiento de leishmaniasis caducaron. Según Urquijo porque se adquirió una dotación de glucantime, un medicamento que se utiliza para lo mismo pero que tiene mejor recepción tanto en pacientes como en la comunidad médica.

El director de Salud Pública aclaró que inicialmente se optó por comprar estibogluconato porque no existían estudios que demostrara que tenía efectos adversos  y porque el glucantime estaba agotado. Además porque el número de casos de leishmaniasis venía en incremento en el año 2007, una tendencia que comenzó a disminuir.

Medicamentos de AH1N1 sin distribuir

La Procuraduría también encontró que en el Ministerio de la Protección Social había 35 mil 800 unidades de tamiflu, que se utiliza para el tratamiento del virus de la influenza AH1N1, que no se han distribuido y que se vencerán en octubre del 2011.

Al respecto, Urquijo afirmó que el ministerio desde el momento de la declaratoria de la pandemia se puso a la tarea de distribuir la mayor cantidad de tamiflu y que lo que quedan son remanentes que se entregarán antes de que expidan para garantizar que las personas con síntomas respiratorios lo reciban en las primeras 48 horas de atención. 

Se tendrán que destruir 219 mil unidades de medicamentos, más las dosis de tamiflu que no se alcancen a distribuir. Para este proceso el Estado deberá contratar una empresa especializada en el manejo de este tipo de residuos peligrosos, una tarea que le costará cerca de 520 millones de pesos, afirmó Urquijo.

Aunque la Procuraduría aceptó las explicaciones del Ministerio de la Protección Social sobre los excedentes de medicamentos que no pudieron ser distribuidos, la investigación seguirá para determinar si existió negligencia en las acciones emprendidas por funcionarios del ministerio a la hora de hacer la adquisición de los insumos médicos.

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