El Cerro de La Popa, símbolo de Cartagena por su atractivo turístico y valor histórico, recibe anualmente a decenas de familias desplazadas y de escasos recursos que destruyen parte de la vegetación para construir pequeñas viviendas a pesar de poner en riesgo sus vidas por posibles deslizamientos de tierra, no contar con ningún servicio público y estar invadiendo terrenos privados.
La Fundación Ecoparque Histórico y Cultural La Popa (Ecopopa), viene denunciando desde hace varios años la tala indiscriminada de árboles por parte de las familias invasoras y la falta de control por parte de las autoridades distritales para garantizar el cuidado ambiental del cerro. Sin embargo, hasta la fecha, kilómetros de vegetación continúan desapareciendo para convertirse en pequeños barrios que ponen en jaque a la fauna que habita en La Popa.
“Actualmente hay más de 45 casas invadiendo terrenos del Cerro de La Popa, y cada día llegan más personas buscando un lote que puedan adecuar para construir. Se han hecho varios desalojos pero luego de unos meses vuelven a construir. El daño ambiental es catastrófico, se han podado árboles que tenían 30, 40 y 50 años”, indicó Rafael Zúñiga, presidente de Ecopopa.
Sobre los procesos de desalojo que se han hecho en diferentes puntos del Cerro de La Popa, la Alcaldía Local 1 ha sido la encargada de llevar a cabo estos procedimientos con acompañamiento policial y presencia de la Guardia Ambiental. El 25 de julio del año pasado, el entonces alcalde menor Mauricio Betancourt adelantó una diligencia de desarme de cambuches luego de recibir una denuncia sobre tala de árboles por más 2 de meses.
LA POPA, ZONA DE RIESGO POR DEFORESTACIÓN
El Universal se comunicó con Laura Mendoza, directora de Gestión de Riesgo del Distrito, para conocer las medidas tomadas por esta oficina respecto a la invasión de predios en La Popa. Según informó la funcionaria, los terrenos donde se presenta deforestación son catalogados como zonas de alto riesgo por el debilitamiento de la tierra y posibles casos de remoción de masa como los ocurridos en los barrios San Francisco y Nueva Granada.
“La Oficina de Gestión de Riesgo tiene un plan para las zonas de alto riesgo. Venimos trabajando desde el año pasado con las alcaldías locales ya que se necesitan acciones constantes de los alcaldes menores para prevenir estas invasiones. Lo que nosotros hacemos es darles aviso a las alcaldías para que inicien el desalojo. Además de eso, con el equipo psicosocial, adelantamos jornadas con estas comunidades para que entiendan el peligro de la deforestación y vivir en estas zonas”, señaló Mendoza.
“NO TENEMOS DÓNDE IR”
Habitantes de estas invasiones en La Popa le piden al Distrito una solución de vivienda digna para abandonar sus casas de madera, sin embargo, propietarios de los terrenos invadidos están a la espera de que se realice un desalojo lo más pronto posible para que sus predios sean restituidos, e iniciar la recuperación ambiental del cerro.
“Nosotros no estamos acá porque nos guste la vista de la ciudad desde La Popa; estamos acá porque venimos desplazados por la violencia en el sur de Bolívar y este es el único lugar que encontramos para levantar un techo. Sabemos que no está bien cortar los árboles pero es la única manera que tenemos para arreglar el terreno. No le estamos haciendo un mal a nadie”, manifestó una de las personas que vive en el cerro, cerca de las antenas de comunicaciones.
La tala y quema de árboles fue prohibida hace 43 años a través del Decreto 178 de 1973, por medio del cual se declaró al Cerro de La Popa como de utilidad pública, mientras tanto, el Decreto 116 de 1978 establece las políticas para recuperar, conservar y preservar las aéreas ecológicas localizadas en el perímetro urbano de la ciudad, entre las cuales contempla como reserva ecológica al Cerro de La Popa.
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