Vigilantes de colegios oficiales esperan que se defina su situación laboral

06 de marzo de 2018 12:00 AM

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Carlos Torres, vigilante de la institución educativa Bayunca, espera que irse a trabajar sin desayunar, caminar varios kilómetros y demás esfuerzos que ha estado haciendo durante el último mes en el que no hubo contrato de seguridad, valgan la pena y la nueva empresa a la que la Alcaldía le adjudique la prestación del servicio, lo contrate.

Ese sentir lo comparte con más de 950 compañeros que se ofrecieron como voluntarios a cambio de ser recomendados como recurso humano por el Distrito con el nuevo operador de seguridad y así garantizar su estabilidad laboral durante el resto del año.

“Ha sido una odisea pero estamos guerreando para cumplir con el acuerdo aunque eso signifique tener problemas familiares porque no se lleva plata a la casa”, comentó Carlos a El Universal.

Además de las penurias que supone trabajar sin remuneración, los guardas denunciaron que veedores ciudadanos habrían emprendido una campaña en contra de su sindicato, poniendo en duda la legalidad de este, cuestionando el acuerdo de trabajo voluntario pactado con el Distrito y la idoneidad de los trabajadores para estas labores.

Es por esto que planean hacer una intervención en la audiencia pública de adjudicación del contrato de vigilancia programada para las 8:30 a. m. de este viernes a fin de ratificar su compromiso con los colegios y la legalidad de su asociación sindical, que logró una convención colectiva con la empresa anterior, de acuerdo con lo que manifestaron.   

“Hemos cumplido con el compromiso y tenemos toda la disposición para trabajar pero tenemos la incertidumbre de que nos contraten, sobre todo por lo que comenzaron a decir los veedores que es falso”, comentó Eliud Meléndez, miembro del sindicato de vigilantes de Cartagena.

Otro aspecto que preocupa a los trabajadores es que, según ellos, en algunos colegios como el Perpetuo Socorro, Inem, Camilo Torres y María Cano se han negado a firmar las certificaciones de su trabajo como guardas  por lo que no tienen respaldo de la labor hecha.

Esperan que el trámite se agilice  

De acuerdo con el cronograma de la licitación pública, para el 2 de marzo pasado ya debía estar adjudicado el contrato de seguridad por $21.712 millones (en 2017, el gasto en seguridad fue de $22 mil millones, según datos del Distrito), pero la Procuraduría solicitó modificar los pliegos de condiciones por lo que todo se atrasó.

A pesar de que el acuerdo del trabajo voluntario de los vigilantes era hasta el 1 de marzo, decidieron continuar prestando el servicio hasta que se cumplan los trámites.

“Esperamos que se agilice la operación de la seguridad una vez se adjudique el contrato (...) nosotros estamos siendo la solución del problema y estamos prestos a seguir trabajando, esperamos que eso sea tenido en cuenta”, puntualizó John Narvaez, presidente del sindicato de vigilantes de colegios públicos.
 

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