Desde el 2 de febrero que la Fiscalía advirtió que Wilfran Quiroz no estaba en su casa cuando fueron a notificarle una nueva orden de captura, la ciudad se ha estado preguntando dónde está el hombre cuyo nombre no ha dejado de pronunciarse desde el 27 de abril de 2017, cuando el edificio Portales de Blas de Lezo II se desplomó, provocando la muerte de 21 obreros y dejando heridos a otros 22.
Ahora, después de que seis miembros más de la familia Quiroz fueron asegurados con medida carcelaria, el rumor de la entrega de Wilfran, quien sigue en proceso judicial por cuatro delitos, es casi una realidad pues su abogado aseguró que se entregaría en las próximas horas.
Captura y condena
Wilfran Quiroz fue capturado por primera vez el 7 de junio de 2017. Tras labores investigativas de la Policía Metropolitana de Cartagena, el CTI y la Fiscalía, fue detenido en la vía que comunica a Calamar con Carreto. Se supo entonces que pretendía esconderse en ese corregimiento de Bolívar, en una finca de su propiedad.
A Wilfran, a su hijo Luis David Quiroz, y a Luis Agresor, el maestro de obra de Portales de Blas de Lezo II, les fueron imputados los delitos de urbanización ilegal, falsedad en documento público, homicidio culposo y lesiones culposas. Adicional, al padre le imputaron también estafa simple.
El 25 de julio, se allanó a los cargos por urbanización ilegal y fue condenado por la jueza Primera Penal del Circuito con funciones de Conocimientos, a pagar 48 meses encerrado en su casa.
Delitos en curso
Cuatro meses después de esa condena, siguió el curso de los otros delitos pendientes y el 23 de noviembre se hizo la audiencia de acusación contra él, Luis David Quiroz, Alfonso Ramos, ex inspector de policía de la comuna 12, y Olimpo Vergara, exdirector de Control Urbano.
En esa ocasión Wilfran Quiroz fue acusado de homicidio culposo en concurso homogéneo, lesiones culposas en concurso homogéneo, estafa y falsedad en documento.
En fuga
El 2 de febrero, día en que funcionarios de la Fiscalía intentaban cumplir la notificación de una nueva orden de captura contra él, encontraron que Quiroz no vive en su domicilio desde diciembre pasado, lo que fue calificado como fuga.
Ayer en la tarde, tras varios días de rumores, quien sería su abogado defensor, Domingo Moreno, aseguró que estaban finiquitando detalles de seguridad para su entrega en las próximas horas.
Bienes embargados
La Superintendencia de Industria y Comercio ya embargó 80 bienes inmuebles, 15 vehículos y 13 cuentas bancarias de varios miembros de la familia Quiroz Ruiz, entre ellos Wilfran.
La Superindustria explicó que este paso se da para que dichos bienes queden por fuera del comercio y se aseguren las eventuales reparaciones económicas a los afectados por órdenes de desalojo.
Estos bienes están ubicados en Valledupar, Cartagena, Villanueva, Turbaco y Arjona. Pertenecen a Wilfran Quiroz, María Quiroz, Delis del Carmen Quiroz, Emis Quiroz, Eusebio Quiroz, Dagoberto Quiroz, Juan Carlos Quiroz Gómez y Luis Alfredo Rodríguez Cárdenas.
Las órdenes de embargo ya fueron comunicadas a las oficinas de Registro de Instrumentos Públicos, a las entidades financieras y al Registro Único Nacional del Tránsito. La Superintendencia aseguró que contra estas órdenes no procede ningún recurso.
Siab se retira del acompañamiento
Jorge Mendoza Diago, presidente de la Sociedad de Ingenieros y Arquitectos de Bolívar, aseguró que aunque la Siab aceptó en enero acompañar un estudio que se realizaría a los 16 edificios en riesgo por parte de una empresa barranquillera, la sociedad ha decidido retirarse de ese acompañamiento tras sentirse engañados.
“A comienzos de enero fuimos contactados por personas que se presentaron como compradores de buena fe de los edificios Calypso y Brisas de La Castellana, (…) nosotros nos sentimos en la obligación de colaborar e hicimos una propuesta por cada edificio del orden de los 8 millones de pesos, pero ya en la marcha de legalización de la contratación, cambiaron los nombres de quienes nos habían contactado inicialmente y eso nos causó cierta inquietud”.
Mendoza Diego explicó que pidieron a los nuevos representantes que demostraran su copropiedad, pero los documentos requeridos nunca les fueron entregados. “Después nos hicieron dos consignaciones sin nosotros haber hecho factura de cobro, una por poco más de 5 millones de pesos y otra por más de 8. Averiguamos en el banco y este determinó que la primera fue hecha por un miembro de la familia Quiroz, por lo que nos sentimos engañados y por eso desistimos del acompañamiento”, concluyó Mendoza.
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