Con el pago de 500 mil pesos a sicarios se selló la sentencia de muerte de los hermanos Laura Jimena, Juliana y Samuel Vanegas Grimaldo, asesinados en su casa en la vereda Las Brisas de Florencia, Caquetá, el pasado 4 de febrero.
Todo esta tragedia se desencadenó según la Fiscalía por una disputa de un terreno de 400 metros cuadrados en la capital caqueteña. Además, hay una venganza por motivos personales ya que “de tiempo atrás habrían existido agresiones personales mutuas entre las dos familias”, dijo en rueda de prensa este domingo el fiscal General, Luis Eduardo Montealegre.
Y es que el Fiscal General de la Nación reveló que se expidieron tres órdenes de captura más en contra de otros presuntos involucrados en los hechos. "Tenemos la certeza de cómo ocurrieron estos hechos, de cómo fue el modus operandi, de qué personas participaron, porque además de las pruebas practicadas por Fiscalía y Policía se logró una confesión de una de las personas que participó del crimen".
De los tres que faltan por ser detenidos uno sería autor material de los hechos y los otros dos habrían participado en la planeación del asesinato.
DETALLE DE LA INVESTIGACIÓN
En el allanamiento realizado por las autoridades fue encontrada la moto y un computador que fue hurtado la noche del crimen. "La Fiscalía y la Policía encontraron la moto que fue utilizada en el crimen como instrumento para la comisión del delito, instrumento para movilizarse, llegar a la vivienda donde están los niños, además de la moto encontrada en la casa de uno de los autores materiales, también se encontró un computador hurtado en la casa de los niños", explicó el jefe del ente acusador.
Y agregó que “en un análisis técnico de una llamada que se consideró sospechosa por informaciones que dio la ciudadanía, logramos hacer un cruce de líneas telefónicas y a partir de ese análisis link se comienza la ruta hacia el esclarecimiento de estos hechos”, dijo el Fiscal.
Además de la obtención legal de las grabaciones telefónicas, el Fiscal resaltó la colaboración de la ciudadanía en la zona donde se presentaron los hechos y el testimonio del niño sobreviviente para el esclarecimiento de la masacre.
Por último, se conoció que esta tarde se solicitará en el Palacio de Justicia de Florencia una audiencia para legalizar los allanamientos, cuatro en total, para seguir en orden y definir la situación legal de Cristopher Chávez Cuéllar, de 42 años, y Edison Vega, de 25 años.
A los dos les serán imputados cargos por los delitos de homicidio, concierto para delinquir, porte ilegal de armas y hurto. Los hechos por los cuales van a ser imputadas las personas capturadas implicarían una pena que podría llegar hasta 50 años de prisión.
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