Del abogado Abelardo de la Espriella poco se ha escuchado en los últimos días. Un 'agarrón' a mitad de semana con el 'Mono Abello' en radio lo sacó del mutismo en el que andaba, quizás por estar metido de cabeza en la defensa del magistrado de la Corte Constitucional, Jorge Pretelt, o por estar finiquitando lo relacionado con su segundo libro: ‘La salida jurídica del proceso de negociación con las Farc’, que promete causar polémica.
Y ese silencio es el que precisamente llama la atención, pues para nadie es un secreto la cercanía del jurista con los medios de comunicación, y se hace mucho más relevante si se tiene en cuenta que en tan solo dos semanas tres de sus casos más representativos salieron avante.
Uno de ellos está relacionado con la exrectora de la Universidad Autónoma del Caribe, Silvia Gette, y el exabogado Arcadio Martínez, a quienes, como lo pidió De la Espriella, el juez 34 de Conocimiento condenó a seis años y cinco meses de prisión por haber sobornado al exparamilitar Édgar Ignacio Fierro Flórez, alias 'Don Antonio'. El juez encontró probado que Gette ofreció, por medio de Martínez, 250 millones de pesos al exparamilitar, para que cambiara su versión en el proceso que se adelanta por el asesinato del ganadero Fernando Cepeda, ocurrido en agosto de 2003, proceso que sigue adelante, aunque de éste se apartó De la Espriella hace unos meses.
El segundo caso es el del fallecido exalcalde de Cartagena, Campo Elías Terán Dix, a quien De la Espriella representó tras su salida de la Alcaldía de La Heroica, a donde por demás llegó con la mayor votación en la historia de un Alcalde en la capital de Bolívar.
Aunque la pelea fue larga, la defensa logró desmentir los señalamientos relacionados con el presunto detrimento patrimonial que argumentó la Contraloría General de la República en un contrato de aseo que celebró Terán Dix con la firma Chemical Products por 5.893 millones de pesos.
“El proceso contra Campo Elías Terán tenía como único propósito sacarlo del camino para entregarle la Alcaldía de Cartagena a los mismos politequeros de siempre”, dijo en su momento Abelardo de La Espriella y tras el fallo manifestó: “La justicia nos ha dado la razón, pero ya de nada sirve porque Campo Elías está muerto”, y prometió llegar “hasta las últimas consecuencias para hacer pagar a los culpables de esta infamia”.
Y ni qué de decir del tercer caso, ese por el que muchos no daban un peso; el del pastor Álvaro Gámez a quien la Fiscalía acusó por el supuesto abuso sexual de 27 mujeres, todas mayores de edad, en el templo evangélico que él presidía. En este caso un juez de Pasto (Nariño) avaló los argumentos de De la Espriella y absolvió Gámez de los delitos de acto sexual y acceso carnal con persona puesta en incapacidad de resistir.
SOBRE EL LIBRO, ‘LA SALIDA JURÍDICA DEL PROCESO DE NEGOCIACIÓN CON LAS FARC’
El análisis del penalista –como era de esperarse- promete causar polémica pues además de señalar que hay formas para que la cúpula de las Farc no pase un solo día en prisión, también extiende beneficios a militares implicados en graves delitos, abre las puertas para que no sólo los exmiembros de las AUC puedan llegar al Congreso, sino que tiende un puente para que, inclusive, los políticos condenados por nexos con el paramilitarismo puedan retornar al Legislativo.
De la Espriella, a quien muchos asocian con la 'parapolítica', por haber defendido jurídicamente a buena parte de los implicados en ese; ‘el segundo 8.000’, y por respaldar el proceso de paz con las AUC, hoy avala el proceso que se cumple en Cuba entre el Gobierno y las Farc.
“La pena no necesariamente debe purgarse en un establecimiento carcelario. El condenado podría cumplirla, inclusive, encontrándose en libertad, por cuenta de la suspensión condicional de la pena, previamente decretada por los jueces, esto siempre y cuando desarrolle actividades sociales y laborales que permitan su reinserción”, dice De la Espriella, no sin antes señalar que si el condenado incumple sus obligaciones, la libertad sería revocada, y en consecuencia debería cumplir la pena en un establecimiento carcelario.
De la Espriella señala que en este camino no se puede hablar de “amnistía” e “indulto” para los responsables de delitos de lesa humanidad como el secuestro, desaparición forzada, tortura o ejecuciones extrajudiciales, pues para éstos la acción penal es obligatoria, contrario sucede con quienes hayan incurrido sólo en delitos políticos.
No obstante, considera que este dilema acerca de la consideración penal en cada caso es "un asunto semántico: no se puede hablar de indulto o amnistía, pero en la práctica las medidas legales citadas, tendrán los mismos efectos que dichos mecanismos", añade el abogado quien recomienda que de cara a delitos de lesa humanidad se pude aplicar la suspensión condicional de la pena y para los delitos que no son de ese tipo, recurrir al principio de oportunidad.
FARC, PARAS, MILITARES, PARAPOLÍTICOS
“Soy un defensor a ultranza del proceso de paz con las Farc, y creo que sin violentar tratados internacionales; con mecanismos legales definidos, con reparación a las víctimas, reconocimiento de los daños y perjuicios causados, además de la entrega de secuestrados y de niños que militan en las filas subversivas, se puede buscar un marco jurídico que evite que los miembros de esa guerrilla vayan a la cárcel y puedan hacer política”, dice el abogado, y sin reparos recalca que en este mismo marco se deben tener presentes a los militares que están en líos por violaciones a derechos humanos.
“Los militares que hayan sido autores o participes de delitos internacionales, deben necesariamente ser cobijados por estos mecanismos legales, toda vez que se entendería que lo han hecho por causa y en función de haber combatido y participado del conflicto. En el caso concreto de los militares se propone la inclusión de un régimen específico, en el cual podrían concederse beneficios…”, dice. Lo cierto es que los uniformados también deberán colaborar con las autoridades, ser testigos de cargo, contar la verdad y pedir perdón público, entre otros puntos.
Pero quizás lo que más llama la atención de la propuesta de De la Espriella es la puerta que en criterio del penalista debe abrírseles a los exintegrantes de las autodefensas para que ellos también puedan participar el política, en las mismas condiciones a las que participaría la cúpula de la guerrilla. Todo esto tras haber validado, mediante un referendo o un acto legislativo, la posibilidad de que algunos de los integrantes de ese grupo ilegal lleguen a cargos de elección popular.
“Si la voluntad popular o del Congreso, se expresa en el sentido de permitir la participación política de los desmovilizados de las Farc; en virtud del principio de favorabilidad, sería imperativo permitir la participación política de los desmovilizados de las Autodefensas (…) Podrían aspirar a cargos de elección popular quienes se han desmovilizado en virtud de un proceso de paz, del mismo modo en que actualmente pueden hacerlo los ciudadanos condenados por delitos políticos y culposos. También tendrían esta posibilidad, los políticos condenados por sus nexos con las Autodefensas”, dice la propuesta.
“Yo respaldo la presencia de los jefes guerrilleros en el Congreso de la República. 'Timochenko' e 'Iván Márquez', son menos nocivos para el país en el Congreso que muchos congresistas que conozco,… estoy seguro de que le aportarían más al país que muchos de los que hoy están en el Capitolio robándose los contratos, buscando puestos, haciendo parte de las mafias de la salud y de la educación”, dice al sellar su propuesta.
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