“Este acuerdo no es un progreso, sino un retroceso”, dijo el director para las Américas de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, quien recomendó que el acuerdo de justicia suscrito entre el Gobierno de Colombia y las FARC sea revisado por instancias internacionales de derechos humanos con la esperanza de que se hagan reformas a dicho acuerdo.
Otro de los cuestionamientos estuvo relacionado con los responsables de crímenes graves quienes y que éstos no paguen penas cárcel, lo que en criterio de Vivianco genera impunidad.
“Al examinar en detalle elementos claves de esta estructura se esconde un trato preferencial y de impunidad para los responsables de crímenes de lesa humanidad, como los falsos positivos” que dijo superan los tres mil casos.
Incluso consideró que el hecho de que quienes están cumpliendo penas, puedan a futuro tener elegibilidad política, va en contra de estándares internacionales y constituye una provocación a las víctimas, a la comunidad internacional y a la Corte Penal Internacional.
Para Vivanco el documento tiene “vacíos” en materia de Derechos Humanos, sobretodo el punto que establece que “quienes confiesan sus crímenes, por graves que sean, no irán a prisión, sino a un lugar donde estarán restringidas las libertades.
“Existen varios reparos, entre ellos, el rango de penas con restricción a la libertad de entre cinco y ocho años, ya que en este modelo lo principal no es la restricción de la libertad sino el proyecto o las actividades de tipo restaurativo, lo que quiere decir que al momento de ejecutar la sanción se le dará más valor a las actividades restaurativas que al monto de la condena“, insistió.
Además, sobre el reciente compromiso que asumió el gobierno con los agentes del Estado y su tratamiento diferencial en la Jurisdicción Especial, rechazó que se modifique el principio de responsabilidad de mando.
“Ese principio es fundamental para hacer responsables a los comandantes de las Farc o a los del Ejército por los hechos ilícitos cometidos por sus subalternos y se abre la posibilidad que los mandos superiores no respondan por los crímenes de las personas que tienen a cargo”, aseguró.
Cabe recordar que los ministros de Justicia y Defensa, Yesid Reyes y Luis Carlos Villegas; respectivamente firmaron un documento en el que se comprometieron con la Fuerza Pública a garantizar su tratamiento especial en medio de la justicia transicional.
Éste abarca puntos como las sanciones diferenciales, la suspensión de la pena si cumplen con requisitos y aclara que los miembros de la Fuerza Pública que ya están condenados por algún delito relacionado con el conflicto armado, podrán pedir la revisión de la pena a través de la jurisdicción especial de paz.
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