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Advierten sobre violación de DD. HH. en centro de detención para menores

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La Defensoría del Pueblo confirmó que en los Centros de Detención Preventiva para Adolescentes se evidencian síntomas de violación a los derechos fundamentales de quienes se encuentran privados de la libertad dentro del Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente (SRPA).

Así lo denunció el defensor del Pueblo, Jorge Armando Otálora Gómez, durante la presentación del informe defensorial ‘Violaciones a los derechos humanos de adolescentes privados de la libertad: Recomendaciones para enfrentar la crisis del Sistema de responsabilidad penal para adolescentes’, en el que aconseja el cierre y demolición de espacios donde se han presentado atropellos.

En un evento que contó con la participación de Cristina Plazas, directora del ICBF; Vivian Limpias, representante de Unicef en Colombia, y Emilio García Méndez, autoridad internacional en justicia adolescente y juvenil, Otálora también solicitó a las autoridades garantizar los Derechos Fundamentales de los adolescentes y "establecer claramente los mecanismos de defensa e intervención para los detenidos".

El estudio incluyó 18 centros transitorios de detención. Advierte malas condiciones de salubridad, infraestructura que no cumple con los estándares mínimos internacionales, utilización de casas de vivienda como centros de detención, antiguas construcciones y celdas de castigo como mecanismo de aislamiento y sanción, así como falencias en la prestación de los servicios públicos.

Los centros visitados están en Cali, Bogotá, Villavicencio, Ibagué, Neiva y Cartagena. En ellos, la entidad estableció problemas por atención en salud; hacinamiento; falta de dotación para procesos de resocialización; escasez de programas efectivos de formación académica, ocupacional y recreativa; y en algunos casos puntuales, situaciones de maltrato durante la captura y estadía en el centro por personal por la Fuerza Pública y el INPEC.

Para el informe fueron entrevistados 260 jóvenes. Sus resultados también señalan que no hay plenas garantías para la defensa, ni para el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos, a la vez que advierte déficit en la intervención terapéutica individual y familiar, incumplimiento de los manuales de convivencia y fallas en el seguimiento y la gestión post-egreso de los adolescentes.

El documento recomienda clausurar y/o demoler plantas físicas utilizadas como celdas de castigo, ofrecer garantías para los derechos fundamentales de los jóvenes y establecer claramente los mecanismos de defensa e intervención que les corresponden.

Pide que estas herramientas se den a partir de acciones de política pública basadas en derechos de infancia y juventud, doctrina de protección integral, enfoque diferencial, criminología crítica y justicia restaurativa.

El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), que conoció el informe, se ha comprometido a establecer los mecanismos y lineamientos encaminados a garantizar la protección y el goce efectivo de los derechos de los jóvenes privados de la libertad en el Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente. 

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