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Alerta de la Defensoría por desnutrición infantil indígena en la Orinoquía

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Una grave situación pudo evidenciar la Defensoría del Pueblo sobre la desnutrición de niños y niñas indígenas de las comunidades Sikuani, Jiw, Piapocos y Nukak en los departamentos de Meta, Vichada y Guaviare.

En las varias vistas humanitarias realizadas por la entidad se valoró el estado nutricional de 243 niños y niñas, de los cuales el 68 % (165 casos) padece enfermedades asociadas a este fenómeno.

Los menores de edad habitan en los resguardos y asentamientos de Puerto Concordia y Mapiripán (Meta), San José del Guaviare (Guaviare) y Cumaribo (Vichada), y pertenecen a las comunidades indígenas de las etnias Sikuani (44 %), Piapocos (21 %), Jiw (30 %) y Nukak (5 %).

De acuerdo con la entidad, los niños presentan desnutrición severa y múltiples enfermedades asociadas a la desnutrición, así como varios casos de muertes de menores de cinco años de edad que no son reportados a las autoridades.

“La delicada situación para los menores de edad en estas comunidades, además de estar asociada a una carencia de alimentos y una dieta adecuada, tiene relación con enfermedades por parasitosis y problemas de saneamiento básico”, señaló la entidad.

Esto se agrava por las enormes distancias entre los centros urbanos y los asentamientos indígenas, la escasez de vías y medios de transporte, sumado a la falta de presencia de las EPS y su personal médico hasta los resguardos, agravan el panorama de las etnias, en particular de los niños y niñas.

Las comunidades afirmaron a la Defensoría que cuando solicitan una ambulancia para recoger a las personas enfermas de gravedad nunca llega, y que las brigadas de salud esporádicas se limitan a la vacunación, dejando de lado temas relacionados con la higiene oral y la desparasitación.

En sus misiones humanitarias, la Defensoría también logró corroborar la falta de agua potable, hábitos inadecuados de aseo personal, problemas de higiene con los utensilios de uso doméstico, inadecuada manipulación de los alimentos y deficiente manejo de los desechos, circunstancias que contribuyen a la propagación de malestares gastrointestinales como la diarrea, así como de infecciones en la piel que afectan de manera directa a los niños y niñas menores de 5 años.

El escenario es tan crítico que durante la visita humanitaria a Cumaribo (Vichada), en las once comunidades indígenas visitadas se encontraron tres casos de desnutrición severa, viéndose obligados los funcionarios de la Defensoría del Pueblo a coordinar con las autoridades médicas del municipio el traslado inmediato de estos niños, cuyas edades no sobrepasan los dos  años, para iniciar los respectivos procesos de tratamiento y recuperación en centro hospitalario.

Se destacó el caso de un niño del asentamiento Metiwa, quien con un año y medio de nacido registra un retraso grave en su desarrollo psicomotriz (no logra gatear ni caminar), además de presentar dificultades adicionales como macrocefalia y desnutrición severa, todo como consecuencia de la falta de atención médica oportuna, pues ni siquiera había sido vacunado.

Ante la falta de respuesta de la EPS Mallamas para prestarle atención a este menor de edad, la Defensoría del Pueblo gestionó con el Hospital de Cumaribo una ambulancia para proceder con su traslado y llevar al niño y a su madre a dicho centro médico para así iniciar el proceso de recuperación.

El mismo procedimiento fue adelantado en el Gran Resguardo Unificado Selva Matavén, comunidad Tswaliwali (sector Aiwakuna Tsepajibo, ubicado a tres horas por río de la cabecera municipal de Cumaribo), desde donde una bebé de dos meses, con diagnóstico de desnutrición proteico calórica severa, fue remitida junto a su madre al hospital del municipio para recibir una atención adecuada que garantice la vida de la niña.

Para la Defensoría resulta preocupante que la mitad de los niños evaluados no estaban vinculados a ninguna EPS, situación agravada por el hecho de que el 30% no cuenta con un registro civil que lo identifique.

Ante esta situación, la Defensoría requirió la intervención del Ministerio de Salud, del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y de los organismos encargados de auditar la labor de los prestadores de salud en esa zona.

Además, solicitó el concurso de la Registraduría Nacional del Estado Civil para que realice jornadas de documentación y registro en las diferentes comunidades, se precise la situación de estos niños y a partir de allí se articulen los programas estatales encaminados a garantizar los derechos fundamentales de la población infantil en los resguardos de estas apartadas regiones.

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