En la noche de este martes, el presidente Juan Manuel Santos dio instrucciones al Alto Consejero para la Convivencia y la Seguridad Ciudadana, Francisco José Lloreda, para que se traslade a Tumaco, Nariño, y atienda la crítica situación que se vive en el municipio, tras los ataques terroristas perpetrados contra la infraestructura eléctrica.
La orden del Mandatario es que desde este miércoles y hasta cuando sea necesario, el alto funcionario esté en esa ciudad atendiendo las necesidades de la comunidad, y que mantenga contacto directo con las autoridades locales hasta que se supere la crítica situación que se vive en el municipio nariñense.
"La instrucción que tiene el Alto Consejero es que no regrese a Bogotá hasta tanto coordine y se encuentre una solución a los problemas de la región", explicó el Presidente Juan Manuel Santos.
DEFENSORÍA PIDE PLAN DE CONTINGENCIA
A su turno, el Defensor del Pueblo, Jorge Armando Otálora Gómez, lanzó en la noche de este martes un plan de contingencia para atender la situación social y económica que afronta la población civil de Tumaco (Nariño) ante las violentas acciones de las Farc contra la infraestructura vial y energética.
“La población de este puerto sobre el Pacífico requiere el apoyo de las autoridades del sector minero energético con el fin de restablecer el servicio de luz que permita normalizar las actividades educativas y comerciales en dicha localidad, después de 16 días de apagón general”, indicó Otálora Gómez.
El Sistema de Alertas Tempranas (SAT) de la Defensoría del Pueblo viene advirtiendo sobre la situación de riesgo para la población civil en la zona urbana y rural de Tumaco debido a las acciones de las Farc y del grupo ilegal ‘los rastrojos’, con el fin de que se brinde una respuesta estatal para la salvaguarda de los derechos humanos de esa población.
En las últimas tres semanas se han registrado cuatro atentados con explosivos contra las torres de energía en la zona costera de Nariño que ha dejado sin luz al municipio durante dos semanas, afectando el normal desarrollo de las actividades educativas y causando pérdidas al sector comercial y pesquero que posee cuartos fríos para la refrigeración de sus productos.
Aunque la Defensoría reconoce que el llamado del SAT ha sido atendido y se han reforzado los dispositivos policiales y militares, el Defensor del Pueblo advierte que se mantiene la zozobra entre la comunidad y exhorta a las autoridades a que implementen planes operacionales de emergencia tendientes a la neutralización de los grupos armados ilegales que operan en la región.
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