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Amnistía internacional pide garantizar justicia para víctimas del conflicto

El organismo internacional señaló que este debe ser el tema central del proceso de paz que se adelanta en La Habana (Cuba) entre el Gobierno y las Farc.

Asegura la ONG que la viabilidad de los acuerdos de paz se verían afectada si quienes cometieron abusos contra los derechos humanos no responden ante la justicia, sobretodo ahora que a pesar de los dos años de diálogos, la población civil sigue sufriendo la peor parte de las consecuencias de las hostilidades por parte de este grupo guerrillero.

“Mientras el Consejo de Derechos Humanos de la ONU se reúne hoy en Ginebra, en Colombia la población civil sigue siendo víctima de amenazas y homicidios. Todavía hay miles de personas que se ven obligadas a abandonar sus casas y tierras a causa del conflicto armado. Muy pocos presuntos responsables penales han comparecido ante la justicia. Esto no puede seguir así”, dice Marcelo Pollack, investigador sobre Colombia de Amnistía Internacional.

Por eso afirma que ahora que la comunidad internacional tiene puesta su atención en Colombia, es el momento de que el presidente Juan Manuel Santos “redoble sus esfuerzos y garantice que cualquier acuerdo de paz es compatible con el derecho internacional”, señaló no sin afirmar que reclamar para las víctimas pleno acceso a la verdad, la justicia y la reparación.

Así mismo, señala la organización internacional que se debe asegurar que se adopten medidas que garanticen la seguridad de las comunidades, grupos y personas en situación de riesgo, incluidos los defensores y defensoras de los derechos humanos.

LOS ABUSOS

Según afirmó Amnistía Internacional en Colombia durante 2014 al menos 55 defensores de derechos humanos y 20 miembros de sindicatos perdieron la vida y agrega que las amenazas de muerte masivas contra defensores de derechos humanos, activistas por la paz y de las tierras, políticos y periodistas han aumentado con el pasar del tiempo.

Por ello piden a todas las partes del conflicto que pongan fin de inmediato a los abusos y violaciones de derechos humanos, y a las autoridades de Colombia que hagan rendir cuentas a los victimarios.

“El alto comisionado de la ONU para los derechos humanos ya ha formulado recomendaciones que ofrecen un punto de partida para poner fin a los abusos contra los derechos humanos. Los Estados miembros y observadores del Consejo de Derechos Humanos deben presionar al gobierno y a los grupos guerrilleros de Colombia para que pongan en práctica, sin demora, estas recomendaciones”, añadió Marcelo Pollack.

Todo esto en vista de que desde 1985 casi seis millones de personas han sido víctimas de desplazamiento forzado en el contexto del conflicto armado, y que alrededor de 8 millones de hectáreas de tierras han sido despojadas con violencia de las comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes, entre otras. 



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