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Apelan casa por cárcel en caso de agente de tránsito arrollado

Mientras que la Fiscalía apeló la decisión de la juez 17 penal municipal de Medellín de darle casa por cárcel a Bibiana Marcela Jiménez, la defensa solicitó que se cambie el delito que le imputó el ente acusador de tentativa de homicidio agravado y violencia contra servidor público, luego de arrollar con un carro al guarda Leonardo Tabares.

El abogado de la mujer, Juan Francisco Gallón, en diálogo con EL COLOMBIANO, dijo que aunque la juez actuó en derecho, la Fiscalía pidió un delito que no se configuró en este caso, porque para que haya una tentativa tiene que haber una premeditación y en el episodio la intención de ella fue evitar una sanción de tránsito, aunque lo hizo de una manera imprudente y casi que inconsciente, porque estaba bajo los efectos de “las drogas y el alcohol”.

Agregó que ella le manifestó que “había empezado a tomar desde las 9:00 de la noche del día anterior al caso y combinó el licor con una sustancia alucinógena”.

“Entonces, en esas condiciones y amanecida, se configura una inimputabilidad transitoria y la Fiscalía no manejó esa circunstancia”, según el abogado.

Anotó que “para demostrar esta inimputabilidad le solicitó a la Fiscalía que se le practicara a su cliente un examen para saber si hubo consumo de otras sustancias, lo que podría demostrar que el estado emocional que tuvo en ese momento fue una acción involuntaria y hubo una fuerza mayor porque estaba enajenada”.

Otros argumentos

“Ella es depresiva y una persona doblemente desplazada del municipio de Chigorodó, en Urabá, y del barrio Moravia, de Medellín. Cometió una imprudencia por el estado alterado en que estaba, pero es una mujer que no tiene antecedentes ni multas de tránsito en dos años de licenciada”, dijo el abogado .

De la persona que el guarda dice que iba con ella indicó que desconoce quién es y en cuanto al carro aseveró que era prestado.

A una pregunta sobre los procedimientos que siguen, el penalista respondió que tratará de acercarse a la Fiscalía e intentar un preacuerdo, pero está seguro de que el delito de tentativa de homicidio no se configura en este caso, aunque no niega que sí cabe el de lesiones personas agravadas. Según el Código Penal pueden dar una pena de dos a seis años. La tentativa de homicidio estipula una pena entre 12,5 a 30 años y violencia contra servidor público de 4 a 12 años.

En cuanto a la situación ayer de la joven dijo que seguía en la prisión de El Pedregal porque estaban tratando de que le agilizaran la entrega de la manilla electrónica para cumplir con la casa por cárcel, mientras que la justicia le define la situación.

El caso pasará a jueces penales del circuito que definirán si aceptan la apelación. 

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