Contrario al consenso que se logró entre los líderes del Sí en el plebiscito, los del 'No' se unieron solo para ganar, pero no para hacer sus propuestas de renegociación. Cada uno de los sectores presentó su propio documento y ahora el Gobierno Nacional tendrá que establecer una matriz con las similitudes y diferencias de cada sector, para poder dialogar con las FARC.
El martes, el jefe negociador Humberto de la Calle, viajará a La Habana, con la que sería la primera matriz, pero mientras esos sucede COLPRENSA tomó las propuestas del Centro Democrático, el expresidente Andrés Pastrana, la exministra Marta Lucía Ramírez y el exprocurador Alejandro Ordóñez, en cinco de los temas que más preocupa a quienes rechazaron los primeros acuerdos, para identificar si se parecen o no.
EL MODELO DE JUSTICIA
En el acuerdo firmado con las FARC se creó la Jurisdicción Especial para la Paz. En ella se establecen dos caminos: uno para quienes cometieron delitos amnistiables y otro para los que cometieron delitos de lesa humanidad.
Quienes se sometan al tribunal y digan la verdad recibirán sanciones de restricción efectiva de la libertad entre cinco y ocho años; quienes no lo hagan en un principio, pero luego confiesen, podrán recibir penas privativas en condiciones carcelarias ordinarias entre cinco y ocho años; y quienes definitivamente no digan nada podrán recibir penas carcelarias entre 15 y 20 años.
El modelo de justicia transicional creado en La Habana tiene una serie de salas y mecanismos, como por ejemplo la Unidad de Investigación y Acusación, así como el Tribunal Especial de Paz, que es el máximo órgano que se conformaría por magistrados en mayoría colombianos y otros extranjeros.
QUE SE ELIMENE LA JURISDICCIÓN ESPECIAL
Centro Democrático: Para ellos, se debe construir en la jurisdicción ordinaria las ‘Cortes para la paz’, que tendrán varias salas. Y la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia sería el superior jerárquico, así como la segunda y última instancia de las mismas.
También pide la creación de una ‘Fiscalía para la paz’, que adelantará la lucha contra grupos criminales organizados y que tendría la función de investigación, postulación y acusación ante las salas pertenecientes a las Cortes de paz.
Marta Lucía Ramírez: Para ella lo que se debe hacer es crear la Sala Especial de Paz en la Corte Suprema de Justicia, con jueces nacionales e internacionales.
QUE NO SE ELIMINE PERO…
Andrés Pastrana: Para el equipo del expresidente la Jurisdicción Especial de Paz es buena, pero debe agregarle tres mecanismos para que se articule con la justicia ordinaria.
“1). La última instancia y los recursos extraordinarios deben ser resueltos por una sala especial de la Corte Suprema. 2) Las acciones de tutela serán revisadas por la Corte Constitucional en última instancia; y 3) la administración de justicia debe estar a cargo de la rama judicial del Estado”.
También pone un límite de dos años para que se abran procesos de competencia de la Jurisdicción Especial para la Paz y plantea que los casos que no se hayan presentado en ese límite, pasarían a ser tratados por la jurisdicción ordinaria. Sobre la Unidad de Investigación piensa que debe articularse con la Fiscalía General de la Nación. Y dice que la Comisión de la Verdad está muy bien, pero se debe especificar que no tendrá implicaciones judiciales.
Alejandro Ordóñez: El exprocurador plantea que la justicia transicional tiene que tener controles por parte de la Corte Suprema de Justicia y de la Corte Constitucional.
Y pide que solo la verdad y la entrega de toda la riqueza acumulada por parte de las FARC permitirían a quienes se desmovilicen acceder a la justicia transicional.
LAS SANCIONES
Centro Democrático: Plantean un mínimo de cinco años y un máximo de 20 años de privación de la libertad. Si reconocen la responsabilidad, las sanciones irían de 5 a 8 años por ejemplo, en granjas agrícolas. Y si no reconocen su autoría las sanciones irían de 15 a 20 años de privación efectiva de la libertad. Incluyen, que las sentencias proferidas por las salas de juzgamiento podrán ser apeladas y que la Cosa Juzgada no se debe tocar.
Plantean también, que solo los particulares y miembros de la Fuerza Pública serán objeto de la competencia de las Cortes si se acercan de manera voluntaria; que los agentes del Estado tendrán un trato diferencial y que no se tendrá en cuenta para las FARC la responsabilidad según el orden jerárquico como se hace con las Fuerzas Armadas.
Marta Lucía Ramírez: Para ella, los responsables de delitos de lesa humanidad deberán tener penas de reclusión en “colonias penales agrícolas”. En ellas serán las penas de 6 a 10 años “de los cuales serán efectivos entre 3 y 5, siempre y cuando confiesen la totalidad de las conductas y satisfagan los derechos de la víctimas y cumplan la totalidad de las condiciones del acuerdo”. Y si los miembros de las FARC no confiesan su responsabilidad serán juzgados por la jurisdicción ordinaria con las penas previstas en el régimen penal general.
Andrés Pastrana: Está de acuerdo con el tiempo de las sanciones que para él deben ser penas de reclusión, pero piensa que se deben crear zonas rurales de transición que excepcionalmente podrían ser cumplidas en el exterior.
Alejandro Ordóñez: Pide que las sanciones sean adecuadas y proporcionales a la gravedad de los crímenes cometidos.
ELECCIÓN DE MAGISTRADOS Y JUECES
Centro Democrático: Dicen que los magistrados y jueces deberán ser colombianos.
Marta Lucía Ramírez: Propone que la Sala Especial de Paz sea conformada por magistrados nacionales y extranjeros, preferiblemente provenientes de la Corte Penal Internacional o con experiencia en derecho penal internacional, con las proporciones ya previstas en el Acuerdo.
Andrés Pastrana: También cree que los jueces y fiscales deberán ser colombianos, pero que se debe permitir la figura de Amicus Curiae, que permite la participación de terceros, incluso extranjeros, quienes tendrán participación en los juicios pero no podrán votar.
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EL NARCOTRÁFICO
Acá se resalta el cambio de enfoque para el tratamiento de los consumidores de drogas, pues se ven como un problema de salud pública y se hace un compromiso para intensificar la lucha contra las organizaciones que se dedican al narcotráfico.
Se da una mirada diferente a los campesinos que se han visto involucrados en la cadena productiva del negocio ilícito, por lo que se harán Planes Integrales de Sustitución de Cultivos, que liderará la Presidencia de la República, y que tendrán que integrarse con la Reforma Rural Integral. Esa sustitución se hará de manera voluntaria, pero si no se logra un consenso con los campesinos, se entrará a un tratamiento penal especial y la erradicación.
En el acuerdo se establece que la erradicación será manual –sin que eso implique la no aspersión, según Humberto de la Calle-, y que se harán programas de prevención de consumo y salud pública. Pero también se propende por la consolidación de estrategias para la lucha contra la corrupción.
NO ES UN DELITO CONEXO
Para todos los líderes del ‘No’ debe haber una mención explícita o cerrar cualquier posibilidad de que el narcotráfico sea visto como un delito conexo.
LAS FARC DEBEN ENTREGAR LA INFORMACIÓN
Para el Centro Democrático las FARC deben entregar toda la información sobre el negocio ilícito, al igual que para Andrés Pastrana, pero él, da un tiempo específico de seis meses tras la firma de los acuerdos.
OTROS ASPECTOS
Marta Lucía Ramírez: La exministra señala que el acuerdo debe expresar que la actividad política de las FARC no se podrá realizar con los dineros ilegales del narcotráfico, el secuestro, la extorsión, la minería ilegal y deben destinarse exclusivamente para la reparación a las víctimas.
Centro Democrático: Para el Uribismo se debe mantenerse el enfoque que ha tenido la lucha contra las drogas, pues para ellos, se pueden buscar alternativas que vayan con la salud pública, derechos humanos, y demás. Creen que se debe incluir que se podrá hacer aspersión aérea y no se deberá abrir la posibilidad de que se renuncie a la acción penal contra los cultivadores.
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PARTICIPACIÓN EN POLÍTICA
En el punto de participación política del acuerdo ya firmado se establece la creación del Estatuto de Oposición, para dar garantías a todos los partidos políticos. Se crea el Sistema Integral de Ejercicio de la Política, que tendrá como función fomentar el respeto a la diferencia y prevenir la violencia, además de otros mecanismos de protección.
Se establecen también garantías para la movilización de las protestas. Se plantea el impulso de los medios comunitarios y acceso en general a los medios de comunicación, así como una reforma al sistema electoral. Y se crean 16 circunscripciones especiales para zonas del conflicto que no podrían ser ocupadas por candidatos de los partidos políticos que tienen representación en el Congreso.
En el punto del Fin del Conflicto, se habla de las ayudas económicas para el partido de las FARC: por 10 años recibirían anualmente el 10 % de la apropiación presupuestal para el funcionamiento de los partidos y movimientos políticos. También se les asignaría el 5 % anual de la apropiación presupuestal para el funcionamiento de los partidos y ayudas en las campañas electorales.
Sobre las curules se les garantizaban cinco escaños en el Senado y cinco en la Cámara de Representantes. Y se establecía que habría tres delegados de las FARC en Senado y tres delegados para la Cámara de Representantes, con voz pero sin voto, pero también tendrían un delegado en el Consejo Nacional Electoral.
PROTESTA SOCIAL
Centro Democrático: Para ellos se debe incluir que las garantías son para la protesta social y política pacífica con fines de expresión ciudadana.
Marta Lucía Ramírez: Para ella se debe agregar: “Los disturbios se tratarán con civilidad, sin perjuicio del ejercicio de la autoridad legítima del Estado”.
QUE LAS FARC PARTICIPEN EN POLÍTICA PERO…
Centro Democrático: Permitirían la participación política de las FARC, pero el partido político debe contar con los mismos recursos y herramientas de los demás partidos. Y no debe tener un asiento en el Consejo Nacional Electoral porque argumentan que muchas colectividades no lo tienen.
Sobre las vocerías transitorias que tendría las FARC, piden que no sean personas relacionadas con delitos de lesa humanidad. Tampoco quienes ocupen las curules por ocho años en el Congreso.
Marta Lucía Ramírez: Para ella está bien si el partido de las FARC recibe los mismos beneficios que los demás partidos y plantea que quienes cometieron delitos de lesa humanidad no puedan ser ni congresistas, ni presidentes.
Alejandro Ordóñez: Él únicamente expresó en su documento: "Participación política sometida al cumplimiento de la pena y a la satisfacción de los derechos de las víctimas".
CIRCUNSCRIPCIONES EPECIALES
Centro Democrático: Para ellos en las 16 circunscripciones de paz, deben poder participar todos los partidos y se podría exigir que los candidatos sean víctimas de la violencia en esas zonas.
Alejandro Ordóñez: También pediría lo mismo que el Centro Democrático al decir: "Libertad política y pluralismo en las circunscripciones transitorias especiales de paz".
OTROS ASPECTOS
Centro Democrático: Sobre el Estatuto de la Oposición dicen que debe cambiarse la redacción para que se vea como prioridad nacional y no, como un documento que gradúa a las FARC de legítimo opositor del Gobierno y creen que se deben mantener los umbrales mínimos en procesos electorales.
Sobre la reforma al Sistema electoral dicen que tiene que recaer en el Congreso, y si hay una comisión de expertos debe ser constituida por el Congreso. Y el sistema integral de seguridad para el ejercicio de la política debe diseñarse dentro de la institucionalidad vigente; así como todas las actividades de evaluación y seguimiento.
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TIERRAS
En la Reforma Rural Integral se plantea la creación de un Fondo de Tierras que le dará tres millones de hectáreas a los campesinos que no tienen tierra o tienen pero insuficiente. Promueve la producción de los campesinos y pequeños productores, habla de la protección a la semilla nativa y plantea todo un desarrollo de infraestructura y servicios públicos para mejorar la vida rural. Así mismo, un catastro rural multipropósito, que permita regularizar con transparencia la propiedad de la tierra, incrementar el recaudo del impuesto predial en los municipios y propiciar su uso adecuado, productivo y sostenible.
FONDO DE TIERRAS
Centro Democrático: Para los Uribistas los beneficiarios del Fondo de tierras y subsidios no pueden ser elegidos por las FARC. Las tierras baldías ocupadas de buena fe, no podrán ser parte del Fondo de Tierras y debe decir de manera explícita que las tierras de las FARC serán para las víctimas.
Dicen también que se debe revisar la restitución de tierras y la figura de “compradores de buena fe no exentos de culpa”.
Marta Lucía Ramírez: Ella plantea que la tierra “no se reproduce” y se deben buscar nuevas formas para fomentar la producción, como por ejemplo experiencias internacionales en las que la propiedad de algunas tierras rurales y urbanas se mantiene en cabeza del Estado, “y se asigna mediante contratos de comodato a agricultores que mediante cooperativas u otras formas asociativas, sean los propietarios de la producción que se desarrollará con financiación, apoyo de asistencia técnica e insumos por parte del Gobierno”.
Andrés Pastrana: Acepta el Fondo de Tierras, pero pide que se añada, “de conformidad con la constitución” en las formas de adquirir las hectáreas para el mismo. Sobre la formalización de tierra, dice que se debe comprometer a los propietarios a que no se usarán para cultivos ilícitos, y no se formalizará las hectáreas que se dedican a eso.
Alejandro Ordóñez: Plantea que debe haber plenas garantías para la propiedad privada, para no promover conflicto por tierra. Y que la selección de los beneficiarios de tierra gratuita, y otros beneficios, debe obedecer a criterios objetivos definidos en la ley. “En ningún caso las FARC, utilizando organizaciones en los territorios de su influencia, debe decidir quiénes son los beneficiarios”.
USO DE LA TIERRA
Centro Democrático: Para ellos el uso de la tierra debe ser definido por el libre mercado y por incentivos se podrá estimular usos específicos.
Marta Lucía Ramírez: Para la exministra debe definirse con exactitud el alcance de “incumplimiento de la función social o ecológica de la propiedad", que permitiría la expropiación.
EL AVALÚO CATASTRAL
Andrés Pastrana y el Centro Democrático no están de acuerdo con el avalúo catastral. Consideran que el impuesto se lo pondrían las comunidades a sí mismas, y no las autoridades.
LAS CONSULTAS A LA COMUNIDADES
Los cuatro líderes del 'No' consideran que deben haber límites en las consultas a las comunidades, pues para ellos, se les preguntaría sobre temas que hacen parte de las decisiones de los alcaldes y gobernadores.
Alejandro Ordóñez y Marta Lucía Ramírez piden que se ponga en el acuerdo de manera explícita la responsabilidad de las FARC en el desplazamiento y apropiación forzada de terrenos.
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“IDEOLOGÍA DE GÉNERO”
El único que se refirió en los documentos a la supuesta “ideología de género” fue el exprocurador Alejandro Ordóñez. En el acuerdo mientras tanto, se hacen constantes menciones sobre el enfoque de género para el reconocimiento de derechos que incluyen por supuesto, a la comunidad LGTBI.
Ordóñez quiere que no exista “ninguna ambigüedad que permita someter a la sociedad colombiana a la llamada “ideología de género””; que se reconozca la importancia de las mujeres en la construcción de la paz y el pleno ejercicio de sus derechos; y que se adopte el enfoque de familia.
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