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Así funcionarán las zonas de normalización para las Farc

El día D+1, es decir la mañana después de que Juan Manuel Santos y Rodrigo Londoño Echeverry (‘Timochenko’) pongan sus firmas sobre el texto definitivo de paz entre el Gobierno colombiano y las FARC, la atención del país se trasladará a las 23 veredas y ocho campamentos en que los guerrilleros harán un tránsito de seis meses hacia la vida civil y legal.

El acuerdo sobre cese el fuego bilateral, conocido ayer, develó ese punto del acuerdo, que durante meses ha sido uno de los más álgidos en la discusión generada en el país alrededor de la negociación de paz.

Hoy temprano, el ministro de la Defensa, Luis Carlos Villegas, presentó el listado completo de municipios que albergarán veredas de normalización: en Cesar, La Paz; en Norte de Santander, Tibú; en Antioquia, Remedios, Ituango y Dabeiba; en Tolima, Planadas y Villarrica; en Cauca, Buenos Aires y Caldono; en Nariño, Policarpa y Tumaco; en Putumayo, Puerto Asís; en Caquetá, Montañita y Cartagena del Chairá; en Arauca, Arauquita y Tame; en Meta, La Macarena, Mapiripán, Mesetas y Vistahermosa; en Vichada, Cumaribo, y en Guaviare su capital, San José, con dos puntos, al este y al oeste.

También confirmó que habrá ocho campamentos, más pequeños y más alejados, en Fonseca, en La Guajira; Vigía del Fuerte, en Antioquia; Riosucio, en Chocó; Tierralta, en Córdoba; Corinto, en Cauca; San Vicente, en Caquetá; Losada y Macarena, en el Meta, y Puerto Colombia, en Guainía.

Ese listado es uno de los motivos por los que el Gobierno reclama reconocimiento de éxito en el proceso de negociación. Porque dice que al final toda la fuerza de la guerrilla en armas (alrededor de 7500 hombres y mujeres) habrá pasado de hacer presencia en los 117 municipios en que se calcula que está hoy, a solo 23 veredas y apenas durante seis meses.

Vistas esas cifras, parece en realidad una conquista importante en el proceso de negociación, especialmente después de que por años las voces opositoras repitieran que la guerrilla iba a quedarse con departamentos enteros.

Además, queda la tranquilidad de que la elección de los sitios fue fruto del trabajo de uno de los grupos que ha ganado más respeto en La Habana, el que con oficiales del Ejército y subversivos ha diseñado el plan de fin de la guerra, con participación directa de la Subcomisión Técnica del Ministerio de Defensa, incluyendo al comandante de las Fuerzas Militares, general Juan Pablo Rodríguez Barragán, y al comandante estratégico de Transición, general Javier Alberto Flórez Aristizábal.

Aunque el listado de municipios está definido pasarán unas tres semanas para conocer las veredas exactas en que se concentrarán las fuerzas de las FARC. Esa decisión recaerá casi en su totalidad en el grupo técnico internacional, que encabeza la ONU, dado que luego será el encargado de hacer la verificación y el monitoreo, tanto de la seguridad externa de esas zonas y campamentos, como del respeto a las reglas establecidas para dentro de ellos.

Una preocupación técnica grande que hoy tienen los expertos internacionales es sobre las posibilidades y facilidades de acceso a cada una de las veredas que se elijan. Quieren tener la certeza de que la llegada de los guerrilleros se podrá cumplir en el menor tiempo posible (para no correr riesgos de seguridad), así como que una vez estén funcionando, no haya tropiezos para cualquier desplazamiento hacia o desde los campamentos o zonas transitorias de normalización.

Eso puede generar un beneficio inmediato a los territorios en cuestión, pues las vías existentes serán objeto de trabajos de acondicionamiento a los que se les dará prioridad. Si es necesario, incluso, se harán las construcciones nuevas que se requieran para optimizar la movilidad.

LA VERIFICACIÓN Y EL MONITOREO

La vida dentro de las 23 zonas de normalización y los ocho campamentos tendrá que transcurrir en óptimas condiciones, pues de ello depende que el posconflicto arranque de buena manera y que se genere confianza tanto en los guerrilleros que se acerquen a la civilidad, como en las comunidades que tendrán que abrirles espacio para su reinserción.

Eso convierte en esencial la tarea que cumplirán los grupos de verificación. El protocolo aceptado ya por el Gobierno y las FARC indica que para cada una de las veredas de ubicación se crearán cinco equipos de monitoreo, integrados cada uno por nueve personas: tres del equipo internacional coordinado por la ONU, tres designadas por el Gobierno y tres por las FARC, que serán actuales integrantes de la guerrilla y los únicos que tendrán que hacer entrega inmediata de sus armas, pues ningún miembro de esos equipos estará armado.

Sí mantendrán sus armas los guerrilleros que ingresen. Dentro de las zonas o campamentos las entregarán para que sean fundidas por Naciones Unidas, según el cronograma conocido de 150 días. Y, por supuesto, tendrán armas los integrantes de la Fuerza Púbica (Ejército y Policía), que harán un cordón de seguridad alrededor y a un kilómetro de distancia y montarán retenes para establecer que quien entre o salga, lo haga con los permisos necesarios y respetando los protocolos firmados.

Según estos acuerdos, serán 1035 las personas brindando seguridad y haciendo monitoreo y verificación en las veredas elegidas y unas 250 más en los campamentos, pues dado que estos ocho serán de menor extensión, en cada uno no habrá cinco, sino tres o cuatro equipos de nueve integrantes.

Por parte de la comunidad internacional se calcula que habrá 450 personas trabajando en Colombia como observadores. La mayoría de ellos vendrá de países de la Comunidad de Estados de Latinoamérica y el Caribe (Celac). Por ahora han confirmado que tomarán parte de Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay, Bolivia, Guatemala, El Salvador y Costa Rica. En menor número habrá enviados de naciones de Europa, entre ellas España, Portugal, Alemania, Francia, Noruega, Suecia e Italia.

Tener el dato exacto del número de sitios en que se concentrarán las FARC aligera mucho el proceso, pues las Naciones Unidas pueden ya calcular el costo que tendrá el desplazamiento y trabajo de ese grupo. Ese cálculo financiero se hará durante este fin de semana, para que el próximo lunes el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon envíe la carta oficial al Consejo de Seguridad pidiendo la autorización para desembolsar los recursos.

Cuando exista esa aprobación empezará de inmediato el traslado hacia Colombia de los observadores, pues la ONU estima que necesita 45 días para capacitarlos sobre los protocolos que deberán hacer respetar y para que conozcan en detalle las regiones en que cumplirán su trabajo.

QUÉ PASARÁ EN LAS ZONAS DE NORMALIZACIÓN

Durante los seis meses de concentración para los guerrilleros, deberán permanecer dentro de la vereda o campamento que elijan. Esas decisiones se tomarán, en la mayoría de los casos, atendiendo a la cercanía con los campamentos subversivos que hoy ocupan.

Dentro podrán tener sus armas (hasta cuando llegue cada momento de la entrega) y sólo saldrán diez escogidos en cada punto, para movilizarse cerca en tareas relacionadas con los acuerdos de paz o por motivos de fuerza mayor (salud, por ejemplo). En cualquier caso, siempre saldrán desarmados, acompañados de integrantes de los grupos de verificación y con control sobre el sitio de destino y el tiempo de permanencia en el exterior.

El Estado mantendrá control de todo el territorio, pues en caso de que dentro de las zonas o campamentos haya un asunto de seguridad que atender, los protocolos contemplan mecanismos para que integrantes de la fuerza pública o funcionarios judiciales hagan su trabajo. También habrá control estatal sobre la entrega de alimentos y otros recursos y para la atención en salud.

Su tiempo dentro de las zonas y campamentos lo ocuparán en cuatro actividades esenciales: cumplir con los compromisos a que obligue el plan de desarme (como identificación y contabilización del equipo), cumplir con los compromisos de justicia transicional, realizar trabajo político y diseñar su futuro económico.

Todos los guerrilleros podrán recibir distintos tipos de capacitación por parte del SENA y se estima que la mayoría lo hará, pues se cree que un 80 % de las fuerzas básicas de las FARC planea trabajar en labores agrícolas.

En este punto el Gobierno pide que la empresa privada se involucre de lleno, pues muchos ya están enterándose cómo iniciar proyectos productivos, incluso utilizando los mecanismos diseñados en la ley de Zidres (Zonas de Interés de Desarrollo Rural Económico y Social), que permitiría la asociación entre cooperativas que ellos funden, con recursos de empresarios.

Si todo transcurre según lo planeado en los protocolos, es posible que desde esas 23 veredas y ocho campamentos acordados empiece a nacer la reconciliación entre los colombianos.

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