Tras un año de enredos en el proceso de paz en el punto de justicia transicional, éste miércoles Gobierno y Farc alcanzaron un nuevo acuerdo que pondrá el balón de juego en el terreno de los actores del conflicto armado.
Sin embargo varios fueron los obstáculos que tuvo que sortear para dirimir las diferencias en la mesa, donde muchas veces voceros de las FARC señalaron que no pagarían “ni un día de cárcel”, mientras que la contraparte aseguró buscar “el máximo de justicia que permita la paz”.
Para esto los equipos negociadores recibieron en la mesa a fichas clave para llegar a consensos en este punto. Por parte del gobierno, desde finales de julio se incorporó una comisión de expertos integrados por los abogados colombianos Manuel José Cepeda y Juan Carlos Henao, y el estadounidense Doug Casssel.
"Este grupo sesionará en paralelo a la discusión del punto de víctimas en la mesa de conversaciones y a la subcomisión técnica del fin del conflicto", explicó el comunicado del gobierno.
Mientras tanto, para agilizar la discusión, las FARC contaron con una carta que polarizó la discusión: un consejero jurídico, dirigente del partido comunista español y de Izquierda Unida, ya reconocido por su defensa a causas polémicas.
Se trata de Enrique Santiago, un nombre que logró mayor eco seis meses después de que el expresidente colombiano César Gaviria, propusiera una justicia transicional que cobijara a todos los actores del conflicto.
JUSTICIA TRANSICIONAL PARA TODOS
Sin embargo el equilibrio de los beneficios jurídicos para las Fuerzas Armadas estaba ofrecido por el presidente Santos desde el primer día de negociación. Lo novedoso de la propuesta de Gaviria vino en incluir en este marco a colaboradores y a no combatientes.
Gaviria argumentó que no sería lo más apropiado llevar a los militares a la Comisión de la Verdad, explicando que habría que buscar una forma de justicia que se aplique a los militares.
“Hay que buscar mecanismos que hagan que ese proceso sea aceptable, hay muchos militares condenados por omisión, no por acción, yo creo que si vamos a terminar la guerra, las condenas por omisión deben tener un diferente tratamiento que las que son por acción”, dijo el expresidente.
Además, sobre la flexibilidad de organismos internacionales el liberal advirtió que no se va a dejar de hacer la paz por cumplir normas, que según él, no se han aplicado en diferentes procesos de paz, como el de Irlanda o el de El Salvador.
“Están equivocados los que creen que no vamos a hacer la paz porque hay unas normas internacionales, que no se han aplicado en ningún país del mundo, pero aquí quieren aplicarlas”, advirtió entonces.
Seis meses después, el abogado de las Farc planteó que la insurgencia no se sentó a negociar para terminar tras las rejas y que los jefes guerrilleros solo pagarían cárcel si “los máximos responsables del Estado” también lo hacen.
“Desde el punto de vista jurídico, los máximos responsables de los crímenes cometidos durante el conflicto no son únicamente quienes han empuñado las armas. Está claro quiénes son los máximos responsables de la insurgencia. Pero ¿quiénes son los máximos responsables del Estado? Para la justicia internacional no hay inmunidad de ningún cargo político”, dijo el jurista español, quien atizó nuevamente la discusión en esta materia.
No obstante, ya habiendo dado algunas ‘puntadas’ con manifestaciones públicas pidiendo perdón a víctimas de masacres como la de Bojayá, la guerrilla parecía empezar a acercarse más al principio de justicia, que habían negado sistemáticamente durante los diálogos con el gobierno.
TENSIONES ENTRE EL FISCAL Y EL PROCURADOR
Aunque otros temas ya han provocado pleitos entre el Fiscal Eduardo Montealegre y el Procurador, Alejandro Ordóñez, desde el 2013 los funcionarios protagonizaron un cruce de declaraciones en un foro por el Marco Jurídico para la Paz.
En materia de justicia, Ordóñez calificó la norma como “una caricatura” que va a generar impunidad, mientras Montealegre defendió la importancia de que el país cuente con un mecanismo de justicia transicional como base necesaria del proceso de paz con la guerrilla.
En este campo Montealegre ha sostenido que para la guerrilla se podrían aplicar penas alternativas a la cárcel, como que los máximos responsables de la guerrilla paguen con trabajo comunitario las penas que les imponga la justicia alternativa.
Consideraciones que el jefe del ministerio Público ha rechazado, incluyendo la posición de César Gaviria, insistiendo que debe haber una pena para satisfacer a las víctimas.
Aun así, tras el eminente acuerdo de justicia al que llegaron las partes en Cuba, Ordóñez, crítico del proceso de paz, entregó un documento al Congreso en donde aclara su posición sobre los beneficios que deberían y no deberían tener los guerrilleros en el marco de este pacto.
Para el procurador la justicia transicional debe cerrarle la puerta a la impunidad, haciendo que jefes guerrilleros responsables de delitos de lesa humanidad deben pagar una condena, no necesariamente en una cárcel.
“Vale la pena advertir que los requisitos de reclusión no sólo se cumplen en la medida que haya cárcel, sino también en las colonias agrícolas, o las casas de paz, o una pluralidad de opciones fundadas en los mínimos internacionales”, señaló.
Lo que sí advirtió es que a su juicio, internacionalmente se requiere una pena de reclusión, pues para él no se puede reducir la pena a lo meramente restaurativo. “Es menester las penas de reclusión, son las exigencias que están consignadas en los instrumentos internacionales de los cuales Colombia es dignataria”, agregó Ordóñez.
LA POSICIÓN DE ORGANISMOS INTERNACIONALES
En medio del debate quedó claro que la Corte Penal Internacional (CPI), como único órgano con facultad de intervenir en Colombia tras firmar un acuerdo final de paz, estudia en detalle los acuerdos que produce la mesa, para que no se hable de un "perdón y olvido".
Y aunque el organismo reconoce la “discrecionalidad” del país para diseñar el modelo de justicia transicional más conveniente para terminar el conflicto, ha advertido la necesidad de que los máximos responsables de delitos atroces en el marco de la guerra sean castigados.
En mayo de este año el vicefiscal de la CPI, James Stewart, advirtió que la justicia debe incluir “sentencias penales efectivas”, donde los actores tendrán que reconocer su responsabilidad en los crímenes, para luego someterse a procesos penales.
“Suspender la ejecución de la pena para las personas más responsables por crímenes de guerra y de lesa humanidad implicaría sustraer a las personas de que se tratase de su responsabilidad penal”, enfatizó el Vicefiscal de la CPI, en un foro organizado por la Universidad del Rosario.
Ante este panorama las expectativas por el ritmo de los diálogos en los pocos puntos por evacuar serán mayores, pues el histórico acuerdo en justicia se produce en el marco de un plazo de cuatro meses fijado por Santos, para decidir el futuro del proceso.
Para entonces, en opinión de analistas, los diálogos ya habrán entrado en un punto de no retorno, donde habiendo evacuado la jurisdicción especial para la paz, quedarán pocos temas espinosos por negociar en la búsqueda del fin del conflicto.
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