El Gobierno Nacional reveló detalles de lo que será la ley de financiamiento que se presentará este miércoles en el Congreso de la República, la cual fue construida bajo cinco pilares: cubrir el déficit de 14 billones de pesos que tiene el presupuesto general de la Nación de 2019, generar mayor competitividad de las empresas, tener una mayor progresividad en materia de impuestos, reactivar la economía y generar más empleo en el país.
La iniciativa del gobierno de Iván Duque Márquez tendría mensaje de urgencia, puesto que el tiempo que queda de legislatura es limitado, lo que permitirá que sea discutida en primer lugar por las comisiones económicas conjuntas, para luego pasar a las plenarias de la Cámara y el Senado.
Uno de los puntos que contempla la propuesta es el de extender y unificar el Impuesto de Valor Agregado (IVA) a casi toda la canasta familiar, con una reducción progresiva en un principio al 18 % (2019) y luego al 17 % (2021). Actualmente, este tributo es del 19 % y contempla exenciones y exclusiones a varios productos.
En ese sentido, productos de consumo diario como la leche, los huevos, el queso, las carnes, los cereales, las frutas y las verduras serían gravados con IVA del 18 % a partir del próximo año y seguirían excluidos los servicios de educación y salud, el transporte, los servicios públicos, los medicamentos y productos de bienestar, la construcción de obras civiles y edificaciones, los arrendamientos, entre otros. Esta medida, según cifras reveladas por el Gobierno, permitiría recaudar 11,3 billones de pesos en 2019 y 12 billones en 2020.
Este es uno de los aspectos más polémicos de la propuesta por el impacto que puede tener en las clases media y baja del país. Sin embargo, el Gobierno también plantea la devolución del IVA que sea pagado por las personas de menores ingresos a través de un mecanismo apalancado en el Sisbén y programas sociales como Familias en Acción, Jóvenes en Acción y Adulto Mayor, entre otros.
De acuerdo con la propuesta, a las familias de bajos recursos se les devolverá, a partir del puntaje del Sisbén, 51.300 pesos mensuales por concepto de IVA y sería mediante pago anticipado a través de giro electrónico o cobro por ventanilla. Esto tendría un costo promedio para el Estado de 2,6 billones de pesos al año.
“En este momento los pobres no son los más beneficiados con las exclusiones del IVA. Son las personas de más altos ingresos que se benefician del 25 % de los recursos que se dejan de pagar, mientras que los de menores ingresos solo se benefician del 5 %”, explicó el presidente Duque.
Precisamente, el Gobierno asegura que el mecanismo de compensación por pago de IVA impactará a 4,3 millones de hogares, los de menores recursos del país, que tienen ingresos mensuales promedio entre 214.000 pesos y 789.000 pesos.
Según los cálculos del Ejecutivo, estas familias pagan mensualmente, con el IVA actual, entre 12.943 pesos y 24.104 pesos, pero con la propuesta de la ley de financiamiento pasarán a pagar en promedio entre 29.422 pesos y 50.973 pesos. De ahí, que el Gobierno haya planteado devolverles a estos grupos poblacionales los 51.300 pesos mensuales por el pago de IVA que realizan, como una medida para compensar la regresividad de este impuesto.
Sin embargo, el debate seguramente se centrará –tanto en el Congreso como en la opinión pública– en las familias con ingresos subsiguientes, que están ubicadas en el rango de los 970.000 pesos y 1,4 millones de pesos, las cuales no recibirán la compensación monetaria pero sí tendrán un incremento en sus gastos por cuenta de la extensión del IVA a más productos de la canasta familiar.
Por ejemplo, según tablas reveladas por el Gobierno, una familia que gana mensualmente 971.791 pesos, paga hoy en día un promedio de 26.726 pesos en IVA mensualmente, pero con la reforma pagaría 53.231 pesos. Esto equivale a un incremento de 26.505 pesos mensuales, es decir 318.000 pesos al año que se sumarían a sus gastos.
No obstante, aunque no recibirán la compensación monetaria, el Gobierno argumenta que estas familias sí se verán beneficiadas de otras maneras, como con inversiones que se harán en infraestructura y diferentes programas que tendrán fondos y que podrán impactarlas.
IMPUESTO DE RENTA
Otro de los puntos que contempla la ley de financiamiento es el impuesto de renta a las personas naturales, en donde se plantea la unificación de la cédula tributaria. De este modo, las personas que devengan un salario entre 4,8 millones y 7,5 millones de pesos tendrán una tarifa del 19 %; las que tengan ingresos de hasta 18,1 millones, del 28 %; hasta 33 millones, del 33 %, mientras que los que tengan ingresos superiores a los 33 millones tendrán una tarifa del 37 %.
“La ley de financiamiento es progresiva y por lo tanto incrementa las tarifas marginales para los colombianos de mayores ingresos. Las personas con mayores ingresos pagarán más impuestos y contribuirán en mayor medida al funcionamiento del Estado. No se cambiará el umbral a partir del cual se declara renta, por tanto las personas de menores ingresos no tendrán que pagar ese impuesto”, explicó el Gobierno, que además calcula que esta medida le permitirá tener un recaudo de 1,7 billones de pesos en 2019 y de 2 billones en 2020.
Por otro lado, desde su campaña presidencial, Duque venía anunciando la necesidad de disminuir la carga tributaria de las empresas, ya que cuentan con una tasa efectiva de tributación del 69,8 %. Frente a este tema la reforma plantea una reducción de los impuestos que pagan las pequeñas y medianas empresas con el fin de mejorar la competitividad, incrementar el aparato productivo, estimular la inversión y generar más empleo en el país.
Para eso, el Gobierno plantea reducir gradualmente el impuesto de renta de las personas jurídicas del 32 % en 2020 a un 30 % en 2022, además de realizar el descuento del 100 % del IVA por la adquisición de bienes de capital y una disminución gradual del 3 % al 0 % de la renta presuntiva.
Asimismo, se contemplan otras medidas como realizar el descuento del 50 % del ICA a partir del 2020, un descuento del 50 % del Gravamen a los Movimientos Financieros (GMF) o más conocido como el 4 x 1000, y otorgar 10 años sin renta para las empresas que inviertan y generen empleo en el sector agrícola y cinco años sin renta para el sector de la economía naranja.
“Esta sumatoria de herramientas para nosotros nos permitirá que la tasa efectiva de tributación baje sustancialmente y ponga al país a funcionar en materia de competitividad empresarial y a generar empleo”, explicó Duque.
Todas estas medidas van acompañadas de una modernización de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian), que contempla la simplificación de trámites y el fortalecimiento contra la evasión y la elusión. En total, se espera que esta entidad pueda llegar a tener un recaudo total de 50 billones de pesos.
Lo cierto es que el Gobierno de Duque espera recaudar a través de la ley de financiamiento 19,4 billones de pesos el próximo año, con el objetivo de tener un mayor y mejor recaudo, impulsar la economía y que se siga presentando una mejor perspectiva en cuanto a los ingresos petroleros, entre otros, que permitan tener una sostenibilidad fiscal a largo plazo. No obstante, desde este miércoles, el balón estará del lado del Congreso de la República.
IVA, EL TEMA MÁS POLÉMICO
Cada vez que llega un nuevo gobierno se plantea la discusión de una reforma tributaria o, como en este caso, una ley de financiamiento. Y es común que la mayor polémica se genere en las decisiones que se puedan adoptar frente al IVA, en donde cada uno de los colombianos puede ver un incremento de los productos de la canasta familiar que consume.
El presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC), Jorge Bedoya, reconoció que la extensión del impuesto a toda la canasta familiar es un tema que les preocupa porque va a afectar a las clases desfavorecidas y a los productores.
“Hoy los alimentos de los colombianos, en su gran mayoría, no pagan IVA y tienen un tarifa del 0 % en los exentos y el régimen de excluidos. Lo que proponen es pasar de tener 0 % de tarifa a una del 18 % y 17 %. Esto puede generar un impacto muy serio a la razón de ser de los productores del país que son los consumidores”, indicó Bedoya.
Con esta postura coincide José Roberto Acosta, economista y docente del Colegio de Estudios Superiores de Administración (Cesa), quien destacó que la reforma planteada desconoce la estructura de lo que son los hábitos de consumo de los hogares colombianos.
“De acuerdo con la canasta del Dane, la población de altos ingresos dedica un 18 % a los alimentos, mientras que el porcentaje de los de bajos recursos asciende al 30 %. Los más afectados desde el punto de vista de los ingresos van a ser los más pobres y por eso será un impuesto que afectará directamente el consumo de los poblaciones desfavorecidas”, explicó Acosta.
Por su parte, Julián Arévalo, decano de Economía de la Universidad Externado, indicó que el anuncio de la ley de financiamiento ha generado mucha expectativa en el país, sobre todo por el tema del IVA, pero destacó que este impuesto puede ser muy regresivo si el mecanismo anunciado de devolución a las clases menos favorecidas no es efectivo.
“La ley de financiamiento que empezará su trámite en el Congreso de la República es una noticia importante, en particular por la expectativa relacionada a la extensión del IVA a la canasta familiar. Por un lado, podría contribuir a evitar problemas asociados a las exenciones que muchas veces terminan favoreciendo a los sectores más ricos, pero en tanto no haya claridad con los mecanismos de devolución o compensación no será claro el impacto que tendrá, convirtiéndose en un riesgo para los sectores de ingresos medios y bajos”, explicó Arévalo.
Precisamente, este es uno de los puntos que generan más incertidumbre en la propuesta del Gobierno de Duque, la cual contempla realizar la devolución de 51.300 pesos mensuales a los hogares de menores ingresos a través de un sistema basado sobre el puntaje del Sisbén.
“La devolución seguramente será para los niveles socio-económicos más bajos del país, pero nos preocupa que hay una proporción de colombianos que no están en ese rango de pobreza y que tienen un salario mínimo o un salario y medio, que tienen hijos y que pueden estarse gastando al mes más o menos 400.000 pesos en alimentos. Por eso lo que van a terminar pagando por IVA y que no será objeto de devolución sería de casi 29 pasajes de Transmilenio al mes (66.700 pesos)”, explicó Bedoya.
Frente a este tema, Acosta consideró que la propuesta de compensación aún tiene varios aspectos técnicos que no han sido evaluados como la actualización de las personas en el Sisbén y los canales a través de los cuales se devolverá el pago que realizan las personas de bajos recursos por concepto del IVA.
“El argumento de devolver el IVA bajo el supuesto de que con eso se compensa el perfil regresivo de la norma, asume algo que no es cierto y es que los canales de equidad para devolverlo son deficientes. Además, no le dicen al país que desde los años 90 no se actualizan los estratos socio-económicos y ya llevamos 10 años sin actualizar el Sisbén, apenas hace unos años el Departamento de Planeación inició la depuración de estos datos. De esta forma, esos canales de devolución no están funcionando y la propuesta va a terminar afectando a los más pobres e incumpliendo la promesa de devolución”, opinó Acosta.
Sin embargo, Carlos Sepúlveda, decano de Economía de la Universidad del Rosario, indicó que la iniciativa de devolver el impuesto a través de este mecanismo puede ser acertada, pero necesita madurar porque se deben fortalecer los canales de focalización de subsidios y avanzar en generar un menor impacto en la desigualdad.
“El sistema tributario hoy en día no mueve la desigualdad en Colombia y somos uno de los países más desiguales de Latinoamérica y el mundo. Esta propuesta lo que busca es ser mucho más efectiva en que las ayudas del Estado, y en este caso el retorno del pago del IVA, impacten efectivamente a las familias de estratos bajos. Necesitamos conocer mejor el mecanismo, pero considero que puede ser un propósito acertado”, indicó Sepúlveda.
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