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Así van las tres demandas contra el acto legislativo para la paz

Ad portas de la firma del nuevo acuerdo de paz alcanzado entre el Gobierno Nacional y las FARC, las miradas se centran en la Corte Constitucional, que estudia tres demandas en contra del Acto Legislativo para la Paz, las cuales serán cruciales por cuanto se definirá el camino de la refrendación del acuerdo por la vía del Congreso.

Hay dos elementos vitales en este asunto: primero, si la Corte le da el aval al Acto Legislativo para la Paz o ‘fast track’, que es un procedimiento expedito para que el Congreso tramite las reformas y leyes necesarias para implementar el acuerdo, con tiempos menores a los de un procedimiento legislativo normal. El segundo elemento, es que el Acto Legislativo solo entraba en vigencia si gana el ‘Sí’ en el Plebiscito, porque lo que ahora hay dudas sobre si se puede usar ese procedimiento o no.

Las demandas en curso están en manos de la magistrada María Victoria Calle, Gabriel Mendoza Martelo y Alejandro Linares, siendo la primera la más avanzada, pues ya tiene concepto de la Procuraduría y porque la ponencia está prácticamente lista para repartir a sus compañeros en la Corte Constitucional, para lo cual tiene máximo hasta el 28 de noviembre.

La demanda que estudia la magistrada Calle, que puede ser fallada máximo hasta el 15 de marzo de 2017, la presentó el abogado Jesús Pérez González contra el ‘fast track’ y las facultades entregadas al Presidente para expedir decretos con fuerza de ley para reglamentar lo que sea necesario para la paz. Aquí, la Procuraduría ya solicitó a la Corte que tumbe el Acto Legislativo por estimar que si se daba otro acuerdo, como en efecto pasó, y otro proceso de refrendación se podría dar vía libre a la reforma.

Para la Procuraduría, que el Congreso haya fijado el mismo número de debates para aprobar leyes  o reformas a la Constitución implica que este cuerpo legislativa se liberó a sí mismo de las exigencias estrictas que hay para poder cambiar la Carta Política.

En este proceso, el exministro de Justicia, Yesid Reyes, presentó un concepto en el que pide a la Corte que habilite el ‘fast track’, pero que tumbe la condición de refrendación popular para que este acto legislativo entre en marcha.

"La Corte podría declarar inexequible el artículo quinto de manera pura y simple. Sin embargo, esa declaratoria implicaría la imposibilidad absoluta de la entrada en vigencia del Acto Legislativo 1 de 2016 (...) por lo tanto es necesario complementar la declaratoria de inexequibilidad con una declaratoria de entrada en vigencia del Acto Legislativo 1 de 2016", dice el concepto de Reyes.

Igualmente, han presentado conceptos el Cinep, la Universidad de los Andes, la Federación Colombiana de Municipios, la Universidad Libre, el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, la Universidad Externado de Colombia, la Corporación Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, la Universidad del Rosario, la Sergio Arboleda, la Defensoría y el Gobierno desde el Ministerio del Interior, el de Justicia, la Presidencia, el Alto Comisionado para la Paz, la Agencia Colombiana para la Reintegración, la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos y del Centro Nacional de Memoria Histórica.

La segunda demanda, a cargo del magistrado Gabriel Eduardo Mendoza, es la que presentó el Centro Democrático en pleno cuestionando el ‘fast track’ por estimar que vulnera la Constitución y la transforma “en su esencia, creando un nuevo texto constitucional, en contravía del espíritu del constituyente original”.

Igualmente, considera dicha colectividad que las facultades al Presidente por estimar que se pone en peligro la separación de poderes, “concentrando en exceso el poder a favor del Ejecutivo y le otorga a este facultades legislativas”.

En esta demanda, han presentado concepto los senadores Fernando Nicolás Araújo Rumié, Daniel Alberto Cabrales Castillo y Jaime Alejandro Amín Hernández, la Academia Colombiana de Jurisprudencia, la Conferencia Episcopal de Colombia, varias Univerisidades, Martha Lucía Ramírez, la ACR y la Comisión Colombiana de Juristas, entre otros.

En su concepto, la Comisión Colombiana de Juristas considera que la demanda del Centro Democrático no tiene los argumentos jurídicos suficientes para que la Corte se pronuncie al respecto pero, en todo caso, creen que el Acto Legislativo no sustituye la Constitución como alega el aprtido político sino que, al contrario, “es parte de las formas plausibles en que pueden llevarse a cabo dichas labores en el marco del Estado Social de Derecho”.

“Consideramos que por ser esencial y en coherencia con la finalidad del Acto Legislativo 01 de 2016, el Acuerdo de Paz debe servir como parámetro de interpretación y adecuación de las normas que sean expedidas para su implementación y desarrollo”, dice el concepto que consideró que la necesidad de refrendación popular, más allá del resultado, es un ejercicio de “expansión de la democracia participativa”.

La tercera demanda, en manos del magistrado Alejandro Linares, apenas fue admitida y fue presentada por Julia Adriana Figueroa Cortés, quien alega la existencia de un vicio de forma porque el Congreso no habría discutido desde el comienzo el condicionamiento que indica que solo con el triunfo del Sí en el plebiscito esta reforma podía entrar en vigencia.

En su demanda, Figueroa afirma que ese artículo fue introducido “en el segundo periodo ordinario y solo hasta la ponencia del octavo debate por lo que no habría satisfecho el deber de consecutividad.

“Igualmente, la acción alega que al quedar supeditada una reforma a la Constitución a una refrendación popular, se incurrió en una sustitución de la Carta Política de 1991 que “confiere de manera impropia sus facultades a la decisión de un tercero”.

El magistrado Alejandro Linares admitió la demanda y pidió al Congreso que remita todos los antecedentes del Acto Legislativo 1 de 2016 con todas las certificaciones de debates, constancias y proposiciones adelantadas. Igualmente, pidió concepto del Gobierno, de organizaciones de derechos humanos, jurídicas, ONG y facultades de derecho.

DATO
La Corte Constitucional no admitió para su estudio otra demanda que presentó el concejal de Bogotá, Marco Fidel Ramírez, ni otra que presentó el ciudadano Byron Adolfo Valdivieso.

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