Insistir en el cese el fuego bilateral, y verificado, es una postura a la que las Farc no han renunciado en traer a la mesa, desde el 2012, cuando iniciaron los diálogos exploratorios con el Gobierno, que derivaron en la firma del acuerdo general para la terminación del conflicto, del 26 de agosto de ese año.
Pero en la discusión, el Gobierno impuso su postura de que los diálogos de paz se desarrollarían en La Habana mientras la confrontación armada continuaba en Colombia. El mismo presidente Juan Manuel Santos, en el pasado Congreso Nacional de Infraestructura, en Cartagena, explicó por qué se la jugó por la idea de que el cese el fuego solo será pactado al final del proceso.
Según el primer mandatario, no se acordó una tregua porque los ejemplos del pasado, como se hizo en los diálogos de Uribe, no fueron positivos. A su vez por la dificultad de verificar un cese de acciones armadas, mientras en el país siguen existiendo otros grupos ilegales, como el Eln y las bacrim, y por que los diálogos se irían en un reproche entre las partes de quién violó ese cese el fuego. “Un cese el fuego es un incentivo perverso para que las Farc dilaten el proceso”, reiteró Santos.
Así las cosas, en Cuba las partes han establecido tres acuerdos parciales, y en Colombia han muerto jefes de frentes en bombardeos, y también han muerto soldados al pisar minas, policías en emboscadas, y por lo menos cuatro uniformados fueron plagiados por las Farc, como el general Rubén Alzate Mora de la Fuerza de Tarea Conjunta Titán.
Un hecho extraordinario, según alias “Pablo Catatumbo”, quien la semana pasada solicitó, otra vez, un cese el fuego para crear un “ambiente tranquilo” y para que este tipo de casos no se vuelvan a repetir. “Estamos insistiendo en algo que desde hace meses venimos planteando, de que es una insensatez persistir en la decisión del Gobierno de continuar los diálogos en medio de la guerra. Creemos que es necesario y que este incidente nos debe poner a reflexionar acerca de la necesidad de abordar, ya, un cese bilateral de fuegos”.
Pero aún no está claro si la eventual liberación del general Alzate, un cabo, dos soldados y un civil, es un principio para empezar a desescalonar el conflicto, que solicitó el negociador Humberto de la Calle, el viernes pasado.
“Es el momento de tomar decisiones, ya es hora de dar pasos concretos, no basta la retórica, tenemos que recibir los colombianos pruebas concretas y reales de paz, gestos desescalamiento; tenemos que movernos en esa dirección”.
El Gobierno es tozudo en su posición y encontró, recientemente, a un extraño aliado: el procurador Alejando Ordóñez, quien dijo que “los ceses al fuego bilaterales se entienden en estos procesos cuando son el epílogo y se han llegado a unos acuerdos. Debería descartarse el cese al fuego bilateral”.
Aunque se sabe que a ese punto se llegaría porque a la par que se habla del tema de víctimas, ambas partes tratan de acordar el fin del conflicto.
Pero las acciones armadas siguen en el país, y según Jhon Marulanda —coronel retirado del Ejército y actual consultor de seguridad— las Farc presionan a la opinión pública para que el Gobierno pacte una tregua antes de llegar a ese epílogo de lo transcurrido en La Habana.
“El cese bilateral del fuego, como bien lo tiene el Gobierno, es una oportunidad que se la ha dado a las Farc de reconstruir su aparato armado, y de tener una mayor peligrosidad de la que tienen de ahora”, indicó Marulanda, quien se preguntó si en las recientes acciones armadas, los frentes de las Farc están actuando como ruedas sueltas —frente a lo trazado por sus jefes en La Habana— y si hay desmotivación de la Fuerza Pública para que estos ocurran.
Como el sorpresivo ataque del frente 29 a la estación de Policía de la isla de Gorgona, el pasado sábado en la madrugada. Allí murió un policía y cuatro resultaron heridos.
O el plagio, en hechos poco claros, del general Rubén Alzate Mora, del cabo Jorge Rodríguez y la abogada Gloria Urrego, en el corregimiento Las Mercedes, Quibdó, el pasado 16 de septiembre. El responsable fue el frente 34. También, según Jhon Marulanda, las Farc quieren obligar al Gobierno a firmar un cese bilateral, con el plagio de los soldados César Rivera y Jonathan Díaz. Ambos están en poder del frente 10 tras un combate en Tame, ocurrido el 9 de noviembre.
O con el asesinato de dos indígenas en Toribío, Cauca, cometido por el frente sexto el 5 de noviembre. Y hasta con la muerte de siete policías, tras una emboscada del frente 58 en Tierradentro, Córdoba —del 16 de septiembre—, la guerrilla busca llegar a esa señalada tregua bilateral.
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