Aumentan agresiones contra defensores de DD.HH. en Colombia

Claudia Girón es defensora de mujeres desplazadas por la guerra y lleva más de ocho años protegida por un escolta armado.

Hace dos años intentaron asesinarla en Cali aunque se traslada  en un carro blindado y cuenta con medidas de protección especial proporcionadas por el Estado. Logró salvar su vida gracias a la habilidad del escolta que hizo huir al sicario.

El proceso de paz que se sigue en La Habana entre el gobierno y la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, está dejando también víctimas colaterales a quienes el Estado ha dado la espalda, según denuncian activistas y organizaciones no gubernamentales.

Se trata de los defensores de derechos humanos, blancos de agresiones que se han incrementado en los últimos meses, según una reconocida ONG.

Hace un año hubo 16 asesinatos y 11 intentos, pero en el primer trimestre de 2015 ascendió a 19 asesinados y 20 intentos de homicidio, señala el último informe de la organización "Somos Defensores" que registra las agresiones contra activistas.

"Continúa una dinámica de acoso y amenazas a los defensores de derechos humanos que empezó en 2014 a medida que avanzaba el proceso de paz", explica Carlos Guevara, coordinador de la ONG y que recién ha publicado un detallado informe denunciando este aumento.

La gran mayoría de amenazas ha llegado a través de cartas a líderes campesinos, indígenas y sindicales, principalmente de las regiones de Putumayo, Cauca y Antioquia y llevan la firma de bandas violentas vinculadas a grupos paramilitares como las llamadas "Águilas Negras".

Según esta ONG, de septiembre de 2014 a marzo de 2015 se han contabilizado amenazas contra más de 700 defensores, "lo que supone un incremento del 200% respecto al año pasado", agrega Guevara, quien insiste en que las amenazas están dirigidas a sectores que defienden el proceso de paz que se sigue en Cuba desde hace dos años entre el gobierno del presidente Juan Manuel Santos y la guerrilla de las FARC.

"Si ahora estamos viviendo esta situación de acoso no quiero ni imaginar qué pasará si se firma la paz", se lamenta el coordinador.

Según la defensora de derechos de la mujer, Claudia Girón, "vivimos un momento complicado de tensión y amenazas para intentar imponer la desesperanza y hacer creer que la paz es imposible".

Las amenazas han llegado también a aquellos que se han movilizado en defensa de los recursos naturales, en contra de la minería o de las explotaciones petroleras, dos de los sectores que más han crecido en Colombia en los últimos años.

Para defender a los activistas y defensores de derechos humanos, el Estado colombiano cuenta con la Unidad Nacional de Protección que, sin embargo, está envuelta en escándalos de corrupción y no dispone de recursos, según los activistas.

"Los últimos cinco años han sido asesinados 350 defensores y sólo se han resuelto el 5% de los casos. Ni la justicia avanza, porque tenemos 95% de impunidad, ni tampoco funcionan los mecanismos de protección porque no cuentan con dinero para ello", apunta Guevara.

El director de la Unidad Nacional de Protección, Diego Mora, reconoce la corrupción en el pasado y un déficit en el presupuesto, pero defiende que el gobierno "no ha bajado la guardia y no ha disminuido la protección".

"Cada año se presentan aproximadamente unas 30.000 solicitudes de estudios de riesgo. De estas, unas 3.000 salen con riesgo alto y otras 27.000 riesgo ordinario", explica Mora.

Actualmente en Colombia hay 9.300 personas protegidas con distintos niveles y en este grupo se incluye desde líderes campesinos a funcionarios públicos, sobre todo los que trabajan en la restitución de tierras, añade Mora. Otros 3.400 escoltas trabajan para el gobierno protegiendo a activistas.