Ante la juez 59 con funciones de control de Garantías, la Fiscalía General de la Nación inició la imputación de cargos en contra de los cuatro detenidos por el caso ‘Panamá Papers’, que tiene que ver con una serie de actividades ilegales que se cometieron desde firma de abogados panameña Mossack-Fonseca.
Se trata de Luz Mary Guerrero y Jorge Humberto Sánchez Amado, representante legal y revisor fiscal de Efectivo Ltda. y Circulante S.A; Sara Guavita Moreno, representante legal suplente de Servientrega S.A; y el ecuatoriano Esteban Arellano Rumazo, representante legal de la firma Mossack Fonseca & Co. Colombia.
La Fiscalía imputará los delitos de falsedad ideológica en documento privado, estafa, administración desleal, fraude procesal, enriquecimiento ilícito de particular, lavado de activos y concierto para delinquir para Guerrero, Sánchez y Guavita.
Entre tanto, a Arellano se le imputarán los delitos de falsedad ideológica en documento privado, enriquecimiento ilícito de particular, lavado de activos y concierto para delinquir.
De acuerdo con la Fiscalía, la firma Mossack Fonseca “ofreció dentro de sus servicios entre los años 2010 y 2016 un elaborado entramado financiero y societario, el cual tenía por objeto vender facturas falsas a empresas colombianas por parte de sociedades en el exterior”.
"Se identificó que esas catorce sociedades, usando los servicios que les ofrecía Mossack Fonseca, firmaron contratos de prestación de servicios con sociedades del exterior a sabiendas que esos servicios no se prestarían”, dijo el fiscal delegado.
En las investigaciones “lo que también se identificó es que Mossack Fonseca tenía una gama de sociedades en distintas jurisdicciones, según se requiriera. Se identificó que había una en Costa Rica, una en Panamá, otras tantas en España y otras en Inglaterra. Entonces, por poner un ejemplo, una empresa inglesa le expide una factura a una empresa en Colombia por prestación de servicios de una asesoría financiera, el cotejo de la Fiscalía en el rastreo del dinero dan cuenta de que el dinero siempre iba a un misma entidad financiera en Bahamas”.
Por estos hechos delictivos el delegado de la Fiscalía reveló que “se movió en el exterior una suma que oscila entre 10 y los 11 millones de dólares”.
De acuerdo con el Fiscal del caso, se trata de una “verdadera organización criminal transnacional” que cometió delitos que afectaron la fe pública, patrimonios económicos de particulares, “así como el orden económico social de Colombia”.
CORREOS Y CONTRATOS, PRUEBAS DE LA DIAN Y LA FISCALÍA
En la diligencia de imputación de cargos, la Fiscalía explicó que se recibió una denuncia de la DIAN, con carpetas adjuntas de correos y documentos encontrados, que probarían los ejercicios de refacturación que hacían empresas nacionales, a través de Mossack, con empresas extranjeras. Además, señaló que se tiene como prueba las declaraciones de los investigadores de la DIAN, que explican en qué consiste el delito que habrían cometido los detenidos.
“Con apariencia de legalidad se suscriben contratos de prestación de servicios, se hacen los giros con los intermediarios del mercado cambiario, se sacan los dineros del país, se disminuyen las bases gravables y posteriormente los dineros son reembolsados a su nombre o a terceros, sin que se haya podido establecer la prestación del servicio contratado”, señaló uno de los investigadores de la DIAN, en declaración leída en la audiencia.
El funcionario explicó que “de la cifra girada Mossack Fonseca descontaba generalmente un 3 % y la diferencia se la consignaban a la empresa nacional, a donde ésta dispusiera y en algunas casos en empresas offshore propiedad de ella misma”.
De esta manera, aminoraban la bases gravables para calcular impuestos, sino que pagaban servicios no prestados y contabilizaban pasivos inexistentes, amortizaciones, “y es una de las formas de sacar utilidades del país sin registro y control”.
El mismo funcionario explicó que la refacturación consiste técnicamente en “facturar y volver a facturar. Es decir, se gira un dinero pagando un supuesto servicio en el extranjero y tal dinero es devuelto a quien lo pagó en un país distinto a Colombia”.
Además, el fiscal hizo referencia a una serie de correos, del tercer semestre de 2011, hallados por la Fiscalía entre la contadora Moreno y Arellano de Mossack, entre los que se pedía información precisa para hacer consignaciones a Luz Mary Guerrero y para hacer transacciones internacionales, que refieren a cuentas en bancos en Miami, Estados Unidos.
Además, se reseñaron documentos en los que se registran como personas autorizados para realizar giros eran “Martha Inés Moreno Ariza y Ever Jaime Torres Pineda”.
El Fiscal leyó una serie de contratos que se realizaron para la citada refacturación, uno de ellos de 2013, por 360.000 dólares con Circulante S.A y una compañía de Costa Rica, con el objeto falso de hacer una evaluación de la política de pagos, entre otros.
"Ustedes manipulaban los contratos, decían qué nombre debía ir, para cada empresa de las offshore", dijo al Fiscal al señalar que ese pago se hizo en el lapso de seis meses a través de seis facturas de 60.000 dólares cada una.
Uno de los documentos presentados por la Fiscalía, al parecer, desvirtuaría una entrevista que rindió Arellano ante la Fiscalía, en la que negó los hechos irregulares y contacto con las empresas offshore. Se trata de un documento de la DIAN sobre una factura en la que autorizaba a Efecty a pagar a 161.383 dólares a Servicios de Información y Tecnología de Costa Rica S.A., pero a otra compañía, Cárdenas Marketing ubicada en Chicago. Ese documento, dijo el Fiscal, está firmado por Arellano como representante legal de la empresa de Costa Rica.
"Es decir, como representante de Mossack Colombia parece autorizando ese giro hacia allá", dijo al indicar que el giro se hizo "violando normas contables”
La imputación de cargos continúa a esta hora en el Complejo Judicial de Paloquemao.
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