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Actos contra la integridad sexual de las mujeres son violación a los DD.HH

El Consejo de Estado concluyó que los actos que atenten contra la integridad sexual de las mujeres constituyen una violación a la Convención Americana de los Derechos Humanos, lo que permite a las víctimas ser parte de un proceso disciplinario.

Por esa razón, Sección Primera le ordenó a la Oficina de Control Interno Disciplinario de la Dirección Nacional de la Policía reconocer como víctima dentro de un proceso a una mujer que presentó una queja contra un uniformado, a quien señala de haber incurrido en actos obscenos que podrían atentar contra su integridad sexual.

Con ponencia de la magistrada María Elizabeth García, la Sala indicó que este reconocimiento permite que mujeres que denuncien ser objeto de violencia de género ante las oficinas de control interno de las entidades y demás organismos disciplinarios, puedan presentar la queja, entregar pruebas y, además, pronunciarse sobre tales elementos de prueba.

"(...) Observa la Sala que los hechos denunciados por la accionante constituyen una clara violación a los derechos humanos, pues la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José), estableció en su artículos 5, el derecho a la integridad personal, por cuya violación, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha proferido diversas sentencias en las que ha condenado a los Estados parte por actos constitutivos de violencia sexual perpetrados por sus agente (...) Este tipo de conductas han sido cuestionadas en diversos Tratados Internacionales, de los que se destaca la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (1979) y la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer 'Convención de Belem Do Pará' (1994)", dice el fallo.

Así las cosas, el Consejo de Estado le ordenó a la Oficina de Control Interno Disciplinario de la Dirección Nacional de la Policía notificar personalmente a la mujer sobre la decisión de archivo de la investigación, informándole sobre el plazo que tiene para apelar esa decisión en la que se descarta que el probable agresor haya atentado contra su integridad sexua



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