El acuerdo de garantías de seguridad plantea la protección de las comunidades en los territorios, la seguridad para quienes entren al proceso de desmovilización y plantean las medidas para combatir a las bandas criminales que puedan poner en riesgo la construcción de la paz, consideradas como los residuos del paramilitarismo.
En él se hace un “Pacto Político Nacional”, en donde se unen todos los sectores sociales de todas las regiones para que se ratifique el compromiso de nunca más utilizar las armas en la política y tampoco que se vuelvan a promover organizaciones violentas.
También se crea “Una Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, que será presidida por el Presidente de la República y tendrá como objeto el diseño y el seguimiento a la política pública y criminal en materia de desmantelamiento de cualquier organización o conducta de que trata este acuerdo”.
Junto a esa Comisión se crea también una unidad especial de investigación de la Fiscalía General de la Nación para desmantelar las organizaciones sucesoras del paramilitarismo y contará con una unidad especial de policía judicial interdisciplinario.
Así mismo, se reitera la aplicación del acuerdo sobre participación política en el que se crea el Sistema Integral de Seguridad para el Ejercicio de la Política, en donde se protegerán a todos los partidos políticos, incluido el que creen las FARC-EP una vez estén reintegrados.
“El Sistema incluye la creación en la Unidad Nacional de Protección de un cuerpo mixto de protección para los integrantes de las FARC-EP en proceso de reincorporación a la vida civil”, se especifica en el comunicado conjunto.
Las comunidades en los territorios serán protegidos por un Programa Integral de Seguridad y Protección; se incluye el diseño de una política de sometimiento a la justicia para las organizaciones criminales; la activación de un cuerpo élite de la Policía Nacional para desarticular las organizaciones; medidas en contra de la corrupción; y un instrumento de prevención y monitoreo de las organizaciones criminales.
Este último consiste en “un sistema de anticipación y prevención para la reacción rápida, que está orientado a garantizar una mejor identificación de las amenazas en los territorios y una acción con mayor impacto de la Fuerza Pública para contener esas amenazas”.
A todo eso se suma la aceptación por parte del Gobierno y de las FARC del plebiscito y la decisión de la Corte al respecto.
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