La actividad legislativa del Congreso de la República, que fue intensa durante la semana, continuó este viernes con varias decisiones que se tomaron en la plenaria de la Cámara de Representantes.
La decisión principal fue la votación que en cuarto debate tuvo el proyecto de acto legislativo que eleva a derecho constitucional el agua, proyecto de autoría del senador de la Alianza Verde, Jorge Prieto.
El senador indicó que una vez entre en vigencia el acto legislativo cualquier ciudadano vía tutela podrá pedirle a un juez y al estado la protección de un páramo, quebrada, humedal o río si advierte que está en riesgo de contaminación.
Según Prieto, al aplicarse esta reforma, se podrían evitar proyectos mineros o petroleros cerca de fuentes hídricas como el que se pretendía aprobar en cercanía de Caño Cristales.
Esta enmienda constitucional ya cumplió los primeros cuatro de los ocho debates que debe surtir antes de convertirse en reforma. Esto deberá darse en el periodo de sesiones que comienza el 20 de julio próximo.
El que si no alcanzó a ser votado fue el proyecto de transparencia, que impulsaba la representante de Alianza Verde Angélica Lozano y con el que se quería establecer medida
"Se hundió Transparencia pero con alegría le digo al país que la Cámara completa y los partidos políticos tenemos un acuerdo, consenso pleno. Los íbamos a votar hoy de segundo orden del día pero se hundió por tecnisismos con trámite en Senado. Le doy las gracias a todas las bancadas y nos comprometimos a sacar el proyecto que dejará de ser un proyecto verde porque se presentará de conjunto el próximo 20 de julio".
Otra cosa muy distinta pasó con el proyecto de la senadora Sofía Gaviria que implementaba un sistema de la seguridad alimentaria, y que causó polémica en su trámite por un presunto plagio por parte de la ministra de Educación Gina Parody quien radicó una iniciativa para solucionar la misma problemática.
Durante el debate, se planteó una polémica porque al parecer se hizo lobby por parte del Gobierno para que este proyecto no se aprobara, de hecho la congresista Gaviria afirmó que compulsaría copias a la Procuraduría para que revisara lo ocurrido.
Según el acuerdo que habían pactado, hasta las 10 de la noche del jueves, no habían proposiciones para dicha iniciativa y se votaría como venía; pero durante la sesión una representante del partido de la U, radicó una proposición de aplazamiento, lo que evitó que se diera rápidamente la aprobación y el quorúm se fue dañando.
Lo anterior llevó a que un representante de la misma bancada liberal, Neftalí Correa, pidiera la verificación de cuántos congresistas se encontraban en el recinto para la votación y al no estar el mínimo requerido, la sesión se levantó y se hundieron los demás proyectos.
Entre los hundidos también se encuentra el que evitaba procedimientos estéticos en menores de edad que impulsaba el senador Mauricio Lizcano, al pedir su aplazamiento.
PARA EL LUNES
El lunes 20 de junio, último día de sesiones ordinarias de este periodo, se deberá cumplir la conciliación de la ley que establece el nuevo código nacional de Policía, el cual ya tuvo su última votación el jueves en la Cámara.
Una ley de igual interés para el gobierno es la que racionaliza la detención preventiva y extiende por un año más el plazo para que no salgan en julio próximo de la cárcel al menos 14 mil presos.
Otra ley que tendrá conciliación ese día en las plenarias es la que garantiza la prima para los trabajadores domésticos. El proyecto señala que “todo empleador está obligado a pagar a cada uno de sus trabajadores como prestación especial, una prima de servicios que corresponde a un mes de salario dividido en dos pagos por año, en la siguiente forma: Una quincena el último día de junio y otra quincena en los primeros veinte días de diciembre; a quienes hubieren trabajado o trabajaren todo el respectivo semestre o proporcionalmente al tiempo trabajado”.
La ley que dispone cambios en el tema de los pasajes aéreos de la misma forma deberá conciliarse. En tal sentido se aprobó que en aquellos boletos que hayan sido comprados no en promociones podrán ser cancelados en su reserva sin costo alguno si esto se hace ocho días antes.
Si el usuario pide ese cambio con menos de una semana, deberá pagar una multa de 1.5 salario mínimos diarios, que en promedio sería unos 30 mil pesos. También se reguló que el derecho de retracto, es decir el usuario que haya comprado su pasaje y desee reversar su adquisición, tendrá máximo 72 horas para que le devuelvan su dinero. Esta ley fue aprobada con un texto diferente a los que se dio en la Cámara, lo que obligará a cambios en la conciliación.
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