Tras la detención de 14 personas señaladas de ser los responsables de los atentados con petardos la semana pasada en Bogotá, colectivos de derechos humanos denunciaron que varios de ellos son defensores de derechos humanos y líderes sociales que han sido calificados como terroristas.
La denuncia la realizó la vocera del Congreso de los Pueblos, Alexandra Bermúdez, y el senador Alberto Castilla, quienes indicaron que siete de esas detenciones son "falsos positivos judiciales" y el resultado de una "cacería de brujas".
"Hablamos en nombre de siete detenidos quienes son integrantes del Congreso de los Pueblos, pedimos garantías y el debido proceso para ellos", señaló Bermúdez, en tanto se cuestionó que con la detención se haya querido responsabilizar de inmediato a los detenidos sin que haya mediado un proceso judicial.
"Son personas con vida pública y política, de las calidades de dirigentes. Los compañeros no están teniendo un debido proceso pues les han anticipado ya una condena al señalarlos como integrantes de organizaciones insurgentes. Eso va a limitar la independencia judicial", agregó.
En rueda de prensa, se indicó que se está preparando una estrategia jurídica y que hasta el momento desconocen qué material fue hallado en los allanamientos realizados por el CTI de la Fiscalía y advirtieron que los detenidos no tienen que ver con los atentados.
El senador Castilla manifestó que se trata de detenciones arbitrarias y cuestionó el operativo de las autoridades. "No podrán callar la voz de quienes exigen paz. Exigimos garantías y no a la estigmatización del movimiento social", dijo.
En este caso se han cuestionado las detenciones de líderes estudiantiles, de dos contratistas del Distrito, una de ellas la abogada de la Secretaría de Salud Paula Salgado Piedrahita, así como del periodista Sergio Segura, quien trabaja como corresponsal de la agencia Colombia Informa, según indicó uno de sus compañeros de trabajo.
En el caso del líder estudiantil de la Universidad Pedagógica detenido, se señaló que ha recibido amenazas por parte de grupos paramilitares y que el día de los atentados estaba en Fusagasugá.
De acuerdo con el Congreso de los Pueblos existe un montaje sistemático en contra de líderes sociales que han derivado en más de 13 mil demandas administrativas por errores judiciales, lo que ha comprometido aproximadamente 27 billones de pesos del Presupuesto General de la Nación.
Así, por ejemplo, señaló la organización que entre 2009 y 2012 a 8.600 personas se les vinculó a procesos por supuestos nexos con la insurgencia y de ellas sólo 2.058 personas permanecen privadas de la libertad y en consecuencia más del 75% de los capturados fueron declarados inocentes.
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