La Sala Plena de la Corte Constitucional citó a una audiencia pública para el próximo jueves, seis de abril, en el marco de la demanda que presentó el Centro Democrático contra el Acto Legislativo para la Paz en donde se aprobó la figura de la vía rápida legislativa o ‘fast track’.
La demanda la presentó el Centro Democrático en pleno y fue apoyada por 1.315.968 firmas con las cuales cuestionaron la referida reforma constitucional por considerar que sustituye a la Constitución tanto por la creación del ‘fast track’, como por la entrega de facultades extraordinarias para emitir decretos que sirvan para implementar el acuerdo de paz.
Aunque la Corte ya falló una demanda avalando el ‘fast track’ y las facultades, esta demanda está dirigida contra otros artículos incluyendo el quinto, que señalaba que esta reforma solo estaba vigente si ganaba el sí en el plebiscito.
La demanda también ataca el Plan de Inversiones para la Paz, que se fija en dicha reforma a 20 años y aquel que dispone que el Acuerdo Final, al menos el primero alcanzado con las FARC, era un acuerdo especial en los términos del artículo tercero común a los convenios de Ginebra.
La Sala Plena decidió citar a una audiencia pública “al advertir la importancia y complejidad del asunto y la necesidad de que los ciudadanos conozcan los diferentes argumentos expuestos dentro del proceso”.
En ese sentido, en la audiencia pública intervendrán los senadores demandantes Iván Duque y María del Rosario Guerra, así como el presidente del Senador, Mauricio Lizcano y el presidente de la Cámara, Miguel Ángel Pinto Hernández.
Igualmente expondrán sus argumentos de defensa del acto legislativo el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, y el Alto Comisionado para la Paz, Sergio Jaramillo.
La Corte también citó al presidente encargado de la Corte Suprema de Justicia, magistrado José Francisco Acuña; y el presidente del Consejo de Estado, Jorge Octavio Ramírez, así como al Procurador Fernando Carrillo.
En la sesión igualmente intervendrán un representante de la Mesa Nacional de Víctimas, el director de la Comisión Colombiana de Juristas, Gustavo Gallón y el constitucionalista Rodrigo Uprimny por Dejusticia.
Estas intervenciones se realizarán de manera específica sobre el procedimiento de aprobación de este Acto Legislativo y el control automático de la Corte Constitucional para revisar todo lo refrente a la Paz.
Deberán además dar sus opiniones sobre el Plan de Inversiones para la Paz, atendiendo que la demanda alega un posible desconocimiento de la potestad impositiva correspondiente al Congreso de la República y a la generación de gasto público por parte del Ejecutivo.
Y, finalmente, deberán dar “un concepto sobre la naturaleza jurídica del Acuerdo Final y acerca de su condición como parámetro de validez de las disposiciones de implementación y desarrollo del Acuerdo Final”.
En esta demanda, la entonces Procuradora General encargada, Martha Isabel Castañeda, le pidió a la Corte que tumbe algunos apartes del Acto Legislativo como aquel que restringe las modificaciones de las leyes de paz a que estén relacionadas con el Acuerdo, así como la imposibilidad de presentar demandas contra dichas normas después de la revisión automática de la Corte Constitucional.
Igualmente, pide condicionar el Plan de Inversiones para la Paz para que se entienda que éste debe hacerse por las vías ordinarias.
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