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"Civiles no deben hacer erradicación manual de cultivos"

“El Estado parte debe interrumpir el uso de civiles en actividades de erradicación manual de cultivos de coca hasta que se verifique que las áreas en las que se deban realizar tales actividades estén efectivamente libres de minas terrestres”.

De esta manera, el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas se pronunció en días pasados, en medio de las recomendaciones al Gobierno Nacional tras la presentación del séptimo informe sobre la situación de derechos políticos y civiles en octubre pasado.

En sus recomendaciones, el Comité calificó como de preocupantes algunos informes que recibió sobre el riesgo al que se veían sometidos campesinos pobres por presencia de minas y que no tenían otra oportunidad laboral.

Por eso, pidió que se verifiquen que esas áreas estén efectivamente libres de otros peligros que puedan poner en riesgo su vida o integridad y que quienes hayan resultado heridas, o sus familiares en caso de fallecimiento, reciban reparación integral.

“Asimismo, debe continuar e intensificar sus esfuerzos para garantizar la remoción de las minas antipersonales sin detonar de manera segura a través de personal capacitado”, concluyó el Comité de Derechos Humanos.

Entre los informes que recibió el Comité para la sesión de octubre pasado se encuentra uno de la Campaña Colombiana contra Minas que señala que los últimos 11 años el gobierno Colombiano ha permitido que campesinos de bajos recursos hagan parte de los grupos de erradicación en zonas apartadas.

Señala incluso que 28 campesinos integraron grupos móviles de erradicación, que 58 habrían muerto por minas antipersonal y 9 por ataques armados a las misiones. “En adición, 356 erradicadores civiles han sido heridos en explosiones y 65 más en ataques armados”, dice el informe que no precisa en qué periodo de tiempo hace su análisis.

El informe señala que el avance del proceso de paz podría poner fin a 52 años de conflicto pero que ante lo lucrativo que es el negocio de la cocaína, es razonable temer que otros grupos ilegales ocupen los espacios que dejen las FARC en materia de narcotráfico.

GOBIERNO BUSCA RUTA CONTRA AUMENTO DE CULTIVOS

En el momento que se da esta recomendación de las Naciones Unidas, al interior del país se ha generado un debate por el aumento de cultivos ilícitos en todo el territorio, lo que llevó a que el Consejo Nacional de Estupefacientes se sentara a estudiar una propuesta del fiscal General, Néstor Humberto Martínez, para volver a hacer aspersión aérea de cultivos.

En la primera reunión se acordó que la Policía Nacional hará un estudio sobre los impactos de nuevos herbicidas como el glufosinato (distinto al glifosato) y la elaboración de un plan integral con enfoque territorial para fijar metas claras.

En una segunda reunión, realizada el pasado primero de noviembre, se presentaron las matrices de cómo será el combate a los cultivos ilícitos, sin que se llegara a una conclusión, por lo que se fijó un nuevo Consejo de Estupefacientes para la primera semana de enero.

Entre tanto, se ha presentado un choque de posiciones entre el Gobierno y el Fiscal Martínez, quien ante el Congreso afirmó que para el Presidente Juan Manuel Santos no estaba cerrada la puerta de la aspersión. Ante esto, el Ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, lo desmintió al tiempo que señaló que las cifras oficiales que manejan son las de Naciones Unidas que habla de 96 mil hectáreas.

Villegas también ha reportado hasta el pasado mes de agosto la erradicación de 12.779 hectáreas, mientras que ha celebrado los recursos que gobiernos extranjeros han anunciado para las labores de desminado humanitario, que al menos 10 mil integrantes de la Fuerza Pública emprenderán en un proceso que podría durar hasta 10 años.

De acuerdo con la Dirección para la Acción Integral contra Minas Antipersonal, adscrita a la Presidencia de la República,  este año en el país hacían labores de desminado el Ejército y la Infantería de Marina, así como las organizaciones The Halo Trust, la Ayuda Popular Noruega y la Campaña Colombiana contra Minas.

La Dirección agrega que desde el 2012 se han reducido el número de personas fallecidas y heridas por cuenta de estos artefactos. Así, entre el primero de enero al 30 de septiembre de 2015 hubo 186 víctimas de minas y de municiones sin explotar, de las cuales 52 fueron civiles (24 menores de edad) t 134 de la Fuerza Pública. En el mismo periodo del 2016, hubo 22 víctimas civiles (4 menores de edad) y 52 de la Fuerza Pública.

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