El Consejo de Estado condenó a la Fiscalía General de la Nación a pagar más de 460 millones de pesos, por el desplazamiento forzado del que fue víctima un ex fiscal ‘sin rostro’ a quien no se le prestó la protección necesaria y debió trasladarse por varias ciudades del país y, finalmente, radicarse en el exterior.
La Corporación indicó además que la Fiscalía deberá realizar un acto solemne de presentación de excusas públicas por la omisión en brindarle seguridad al ex funcionario y, además, ordenó que se reabra la investigación penal por las amenazas que recibió el demandante.
De acuerdo con el ex fiscal, cuando se levantó la reserva de identidad de los fiscales especializados sin rostro quedó expuesto y descubierto ante la delincuencia, lo que generó grave riesgo a su integridad y la de su familia. Incluso, las entidades de seguridad le recomendaron no ejercer su profesión porque corría un gran riesgo.
El ex funcionario debió separarse de su familia y reubicarla en ciudades diferentes a la de su residencia. Se desplazó entre Villavicencio, Ibagué y Tuluá, mientras realizó las gestiones para viajar a Canadá, por lo que estimó ser víctima de desplazamiento forzado.
Las Sección Tercera explicó que la situación de desplazamiento implica que las personas se ven obligadas a migrar o desarraigarse ante las amenazas a su vida e integridad física y libertad personal como consecuencia del conflicto armado interno y la violencia generalizada.
Según la sentencia se demostró que el demandante empezó a solicitar la protección desde junio del 2001, y solo se le ofreció la protección solicitada en marzo del 2002, por lo que el tiempo transcurrido denota una omisión.
La Fiscalía afirmó que el ex fiscal estaba asilado en Canadá y no desplazado, y que se ofrecieron medidas de protección. Sin embargo, la Sala señaló que en el proceso no se acreditó la condición de asilado sino su desplazamiento forzado dentro del país.
De acuerdo con el fallo, aunque la Fiscalía realizó actividades tendientes a brindar protección, esta no fue efectiva ya que tardó demasiado, al punto que las medidas fueron rechazadas por el exfiscal cuando se le comunicó su asignación porque se encontraba preparando su salida del país.
La condena impuesta se dio por concepto de daño emergente y lucro cesante, daño moral y la afectación de bienes constitucionales y convencionales de la dignidad humana y la familia.
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