La Sección Quinta del Consejo de Estado negó las pretensiones de una demanda que buscaba inhabilitar la elección de Juan Pablo Celis Vergel como representante a la Cámara por el departamento de Norte de Santander.
El demandante consideró que el funcionario público se encontraba impedido luego de haber ejecutado un contrato seis meses antes a su elección.
El documento estudiado por la corporación dejó claro que Celis Vergel “celebró contratos con entidades públicas en interés propio, así como intervino en gestión de negocios ante autoridades públicas en atención a que se suscribió y ejecutó el contrato de prestación de servicios profesionales”.
A consideración de la corporación, si bien las gestiones desarrolladas apuntan en principio a la consecución de contratos estatales, “lo cierto es que la conducta consistente en la gestión de negocios frente a las entidades públicas no puede ser confundida con el otro de los supuestos contenidos en la causal de inhabilidad”.
Además de ello, la Sección Quinta consideró que para declararse una inhabilidad de un congresista deben presentarse cuatro elementos, esto sí precisando que sí alguno faltase no configuraría una prohibición.
“Los presupuestos configurativos de esta causal de inhabilidad, en los términos de la demanda, tratándose a los congresistas son: a) la celebración de contratos ante entidades públicas; b) interés propio o de terceros; c) dentro de seis meses anterior a la elección; d) en la misma circunscripción de la elección”, dijo la corporación.
Tras explicar esto, el Consejo de Estado consideró que se pone de presente que la fijación del litigio se estableció, “en legal forma” y en los términos descritos. Además de esto la sala evidenció que si bien se celebró un contrato, este no se hizo en el marco de los seis meses previos a su inscripción.
“Debe negarse el cargo relativo a la celebración de contrato porque se demostró que el demandado si bien suscribió un contrato con entidad pública, acaeció antes del término inhabilitante de seis meses que prevé la norma”, dijo el Consejo de Estado.
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