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Corte ordena pruebas en estudio automático del primer decreto sobre paz

La Corte Constitucional ordenó una serie de pruebas en medio de la revisión automática del primer decreto sobre paz que expidió la Presidencia de la República y que tiene que ver con la Agencia de Renovación del Territorio.

Dicha Agencia tiene como tarea coordinar la intervención de las entidades nacionales y territoriales en zonas rurales afectadas por el conflicto, que están priorizadas por el Gobierno, mediante planes de renovación territorial.

El decreto 2204 de 2016 dispuso que la Agencia dejará de ser adscrita al Ministerio de Agricultura para pasar al Departamento Administrativo de la Presidencia de la República y debe ser examinado por la Corte por cuenta del Acto Legislativo para la Paz.

El caso está en manos del magistrado Gabriel Eduardo Mendoza quien ordenó una serie de pruebas que deben ser entregadas en un lapso de tres días, según el nuevo reglamento de la Corte Constitucional.

En ese sentido, el magistrado advirtió que si dichas pruebas no llegan de manera correcta, completa o a tiempo, se podrá afectar el proceso de revisión que hace la Corte, “derivando con ello las consiguientes responsabilidades para quien tenía el deber de expedir las certificaciones y allegar los documentos”.

Entre las pruebas está el envío de las certificaciones, actas y Gacetas del Congreso en donde conste el proceso de refrendación del acuerdo, tal y como determinó la Corte en diciembre pasado.

Igualmente, la Presidencia de la República deberá explicar por qué las funciones de la Agencia de Renovación del Territorio tienen que ver con la implementación del acuerdo de paz alcanzado con las FARC y por qué para el cambio de adscripción de la Agencia era necesario acudir a las facultades extraordinarias conferidas al Jefe de Estado en el Acto Legislativo para la paz.

El Procurador General, Fernando Carrillo, tendrá 10 días para enviar su concepto al proceso y el magistrado Mendoza invitó a varias entidades a entregar sus posiciones al respecto, si así lo consideran, como la Comisión Colombiana de Juristas, Dejusticia, el Departamento Administrativo para la Seguridad Social (DPS), la Unidad de Víctimas, la Defensoría, la Agencia de Reintegración, varias universidades y la propia Agencia de Renovación del Territorio.

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