El fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez, le respondió al presidente de la República, Juan Manuel Santos, quien aseguró que el jefe del ente acusador tiene una “mala información” sobre el proyecto de ley de Tratamiento Penal Diferenciado, radicado el pasado miércoles por el ministro de Justicia, Enrique Gil Botero.
De acuerdo con Martínez, “hasta el día de ayer se nos había informado que el proyecto consistía en consolidar la política de sustitución de cultivos a través de una política alternativa que permitiera suspender la acción penal contra los pequeños campesinos”.
El jefe del ente acusador aseguró que desde “la Fiscalía General de la Nación, lo decimos una y mil veces: el Tratamiento Penal Diferenciado lo comparte la Fiscalía, lo que no comparte es que se reforme a través del artículo sexto del proyecto presentado por el Gobierno, el tipo penal de los cultivos ilícitos”.
Para Martínez dicha modificación “tiene efectos hacía adelante, no por un año como se ha dicho. Eso es falso y debilita la política criminal contra los narcocultivos, pero no contra los campesinos”.
Según Martínez, el artículo sexto indica que “todos los cultivadores industriales tendrían una rebaja de penas, incluidos los financiadores. O sea que los dueños del capital, del narcotráfico, los que fomentan la guerra y la violencia de narcocultivos pasarían de tener penas de 18 años a la mitad. Eso dice el artículo sexto del proyecto”.
El jefe del ente investigativo reiteró que con dicho artículo “se permite que quienes ya están condenados como financiadores, como cultivadores industriales, por la vía del principio de favorabilidad se disminuyan sus penas y algunos puedan recuperar su libertad para seguir delinquiendo”.
Así mismo, lo que le parece grave al fiscal es que “esta rebaja indiscriminada de penas favorece a todos los cultivadores ilícitos suscriban o no acuerdos de sustitución de cultivos”.
El jefe del ente acusador aseguró: “Por supuesto no es el fiscal quien se opone, es Colombia entera que no está de acuerdo con esta política”.
Así mismo, aseveró que en caso de ser necesario ir al Congreso de la República para revisar dicho
proyecto, lo hará. “Con la convicción que de esa manera se está protegiendo por un lado la política criminal y la política antidrogas que tanto nos ha costado en tantos años de dolor y de sangre”.
Igualmente, aseguró que con esta iniciativa también se estaría evitando la reinserción para los pequeños cultivadores.
En cuanto al señalamiento que hizo el jefe de Estado sobre las 400.000 personas que podrían ir a la cárcel en caso de no acogerse al plan de sustitución, el fiscal indicó que “aquí nunca se ha judicializado a los campesinos, hoy mismo el ministro de Justicia (Enrique Gil Botero) dijo que no hay sino 10 cultivadores campesinos en la cárcel. Los que tienen que ir a la cárcel en una política criminal priorizada son los cultivadores industriales que son objeto de persecución criminal”.
Para Martínez, “resulta ser contraria a la realidad el decir que se quiere que vayan 400.000 personas a la cárcel, ¿eso de dónde sale? ¿quién lo ha dicho? Si lo que le hemos dicho al Gobierno 1, 2 y 10 mil veces es que acompañamos el tratamiento penal diferenciado, pero no la impunidad frente a los grandes narcotraficantes y financiadores de la droga”.
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