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Gobierno no puede revivir código minero, que se cayó en la Corte, con decreto

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El Consejo de Estado hizo un llamado de atención al Gobierno Nacional para que evite intentar revivir disposiciones que estaban contenidas en el Código Minero, que la Corte Constitucional tumbó, mediante la expedición de decretos reglamentarios.

Así lo concluyó la Sección Tercera del Consejo de Estado en dos sentencias que declaran la nulidad de algunos artículos de decretos que fueron expedidos por el Ministerio de Minas y Energía para regulación del tema minero.

Las sentencias anularon un aparte del artículo 1 y 5 del Decreto 0935 de 9 de mayo de 2013, que exigía la suficiencia financiera del proponente como uno de los requisitos para presentar una propuesta de contrato de concesión minera. Se constató que ese artículo incluyó un requisito adicional y una causal de rechazo que tampoco estaba prevista en el Código Minero, siendo que se trata de asuntos que sólo el Congreso tiene facultad para regular y no el Gobierno Nacional a través de Decretos. 

Para la Sala resulta reprochable que en las decisiones demandadas el Gobierno Nacional pretendiera revivir, vía reglamento, algunas de las disposiciones de la inconstitucional Ley 1382 de 2010 (Código Minero) “despreciando el cumplimiento de su deber constitucional de tramitar ante el Congreso de la República un proyecto de ley que abordara esta materia precedido de la satisfacción del derecho de consulta previa a negritudes y comunidades indígenas”.

La Sección Tercera recordó que el Gobierno Nacional no puede interpretar, modificar o reformar las disposiciones que han sido fijadas por el legislador, mediante leyes, para imponer procedimientos administrativos que no fueron contemplados por el Congreso.

En otro fallo, el Consejo de Estado anuló el artículo 25 del Decreto 1970 de 21 de septiembre de 2012, el cual había fijado como límite el 10 de mayo de 2013 para presentar las solicitudes de legalización de minería tradicional.

La Sección Tercera encontró que el término dentro del cual era posible acudir a la Autoridad Minera para solicitar la legalización de minería tradicional se encontraba regulado por la Ley 1382 de 2010, la cual dio un plazo de dos años para la presentación de las peticiones, contados a partir de la fecha de promulgación de dicha Ley (9 de febrero de 2010), es decir que el término vencía en febrero de 2012 y no en mayo de 2013 como lo estableció el Ministerio de Minas y Energía.

“Se encontró que una y otra disposición establecían consecuencias dispares o diversas, por cuanto regulaban de manera diferente el término para que los interesados radicaran solicitudes de legalización de minería tradicional… Se incurrió en un exceso de potestad reglamentaria por cuanto el Gobierno Nacional fue más allá de las previsiones legales que pretendió desarrollar”, indica la sentencia.

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