El juez 52 de control de garantías avaló la solicitud de la Fiscalía y dictó medida de aseguramiento preventiva en centro carcelario a siete de los 11 funcionarios del Complejo Judicial de Paloquemao, quienes serían los presuntos responsables de manipular el sistema de procesos penales con el fin de beneficiar a algunos procesados.
Ricardo del Cristo Rodríguez, (juez 26 Penal Municipal de Control de Garantías), Carmen Alicia Garzón Pinto (notificadora del Centro de Servicios Judiciales), Jaime Eduardo Camargo (empleado), Javier Yesid Español Palacios, (oficial mayor de un juzgado), Daniel Esteban Hurtado Rey (estudiante derecho), Manuel Humberto González Cuellar (intermediario) y Alejandro Francisco Navas (notificador).
Ellos deberán permanecer privados de la libertad en el centro carcelario que el Instituto Penitenciario y Carcelario –Inpec – determine en las próximas horas, y de ser hallados culpables tendrían que pagar una pena de hasta 20 años de prisión.
Mientras que la secretaria Anadelina Corredor, fue cobijada con la medida de casa por cárcel debido a que es madre cabeza de familia y tiene a su cargo una persona que sufre de parálisis cerebral, “Se encuentra que se afectaría la dignidad humana y los derechos fundamentales de la hija”.
En su intervención el juez aseguró que existe un latente peligro para la comunidad, “se trata de una pluralidad de conductas que afecta y causa un alto impacto a la sociedad”, expresó el juez quien además dijo que en este caso el Estado debe intervenir en materia penal.
Además señaló que los acusados actuaron de manera dolosa en sus conductas por lo cual expresó que “si no se toma medida de aseguramiento se afecta de forma grave la confianza del conglomerado social”.
NO TODOS FUERON A LA CÁRCEL
En el caso del juez 38 Penal Municipal con función de Garantías, Francisco Barbón, el juez 52 de garantías consideró que no se dan los presupuestos para privarlo de la libertad, “no se demuestra con conocimiento medio que el juez Barbón se hubiese concertado para recibir dineros”.
Por lo cual el funcionario judicial consideró que “no es posible inferir a través de los medios probatorios aportados para que Barbón pueda ser autor de la conducta de concierto para delinquir”.
Así las cosas, el juez 38 Francisco Barbón, seguirá en libertad, “no se
puede continuar analizando la viabilidad (…) no es posible imponer medida de aseguramiento en este caso”, expresó el juez.
Este también sería el caso de Marvin Quecano Urueña, (empleada del Centro de Servicios), quien fue señalada de caer en los delitos de concierto para delinquir, falsedad en documento público y otros, “no se mostró elementos materiales probatorios que la vinculen directamente con este grupo de personas que han actuado de manera indebida dentro del complejo judicial”, expresó el funcionario judicial, quien además advirtió que no se ha desvirtuado su inocencia.
Igualmente, Manuel Velázquez Ayala (secretario juzgado 55 penal municipal con función de control garantías), quedó en libertad pues el juez tampoco encontró las suficientes pruebas para considerarlo culpable de los hechos.
Aunque estas tres personas no fueron enviadas a la cárcel, ni tampoco se les dictó detención domiciliaria, seguirán vinculadas al proceso, lo que quiere decir que deberán asistir de ser citados al complejo judicial.
LO QUE LLEVÓ A LA CAPTURA
El pasado jueves 17 de octubre, uniformados de la Dijin de la Policía Nacional hicieron efectivas las capturas de 11 personas por presuntas irregularidades que se estarían cometiendo en el centro de servicios del Complejo Judicial.
Según la investigación de la Fiscalía, los funcionarios habrían pagado entre 500 mil pesos y 100 millones de pesos para manipular algunos procesos.
Colprensa conoció que entre las presuntas irregularidades estaría el
realizar varios repartos al mismo caso con el fin de que éste llegará a manos del juez que actuaría en favor de la persona vinculada a dicho proceso.
Además, se pudo confirmar que dentro de dichos procedimientos los jueces entregaban boletas falsas de libertad para que los reclusos salieran de los centros de reclusión, aunque no cumplieran con los requisitos para hacerlo.
Según el fiscal General de la Nación, Eduardo Montealegre, también se investiga la posible entrega de millonarias sumas de dinero a los funcionarios, “se trata de un hecho grave de corrupción al interior de la rama jurisdiccional, debido al mismo interés que manifestó el Consejo Superior de la Judicatura en su Sala Administrativa de solicitar investigaciones”, dijo.
En el marco de la investigación, la Fiscalía cuenta con cerca de 10 testigos y varias grabaciones, que habrían ayudado a esclarecer las pesquisas y dar con la captura de los que hoy deben responder por dichas irregularidades.
Colprensa además estableció que uno de los testigos sería una de las personas involucradas en los hechos, sin embargo, esta persona estarían colaborando con el ente acusador para esclarecer el escándalo.
Fuentes cercanas al proceso aseguraron que esta investigación nació en el ente acusador desde el año 2011, sin embargo no habrían dado con ninguna captura puesto que siempre se ‘presentaba algo que interrumpía el operativo’. En el ente investigador están seguros que este fenómeno no es solo de Bogotá, sino que en más partes del país también se estaría presentando.
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