El Tribunal Administrativo de Antioquia condenó a la Nación por el ‘falso positivo’, premeditado, de cuatro jóvenes que salieron de Pereira a Medellín a comprar mercancía para revender en su ciudad en agosto de 2007 y nunca regresaron.
Se trata de Jhair Andrés Palacio Ramírez, Luis Fabián Castaño Zuleta, Juan Manuel Castaño Zuleta y Leonardo Fabio Quitian que aparecieron como integrantes de las Águilas Negras abatidos en un operativo en Segovia, Antioquia, realizado el primero de septiembre de 2007 por integrantes del Batallón Energético y Vial No 8.
La Sala estudió un testimonio que se presentó en el proceso penal que se lleva por este caso, en el cual un reclutador de nombre Luis Nolberto Serna confiesa que el cabo del Ejército Andrés Caro le solicitó, a través de un sujeto denominado ‘Román’, cuatro jóvenes que no fueran de Medellín para ‘una vuelta’, por lo cual recibió un pago de 4 millones de pesos.
“Llamé a Román para decirle que tenía a los cuatro muchachos y que viajaban en carro propio. De igual forma yo les había dicho que no había que llevar armas porque las armas las pondría el señor que iniciaba las vueltas que es Román (…) De la vuelta que les había mencionado a los muchachos de Pereira, empecé a notar que realmente era para un falso positivo con el Ejército, para hacerlos pasar como muertos en combate”, dice parte del testimonio recopilado por el Tribunal.
La Sala señaló que “el homicidio de los señores, fue premeditado y no ocurrió en un enfrentamiento como lo quisieron hacer ver los uniformados que participaron en estos hechos”.
A esto se suma, dijo el Tribunal, que el solado retirado Hannsen Egey Gómez Ruiz aceptó cargos en marzo de 2015 en otro caso de ‘falso positivo’ en donde sale mencionado el cabo Andrés Caro Mesa y un sujeto Román, que era quien llevaba a las futuras víctimas.
El Tribunal también desestimó los argumentos de defensa del Ejército, que indicaban que los cuatro jóvenes eran integrantes de bandas criminales al servicio del narcotráfico, que se utilizó para justificar la acción militar, pues no se allegó ninguna prueba ni estos tenían antecedentes penales
“Fueron asesinados por los miembros de la tropa de manera injustificada, siendo presentados como delincuentes de una banda criminal, lo cual no fue más que producto de una invención de los militares para darle apariencia de legalidad y legitimidad a sus actos, dice el fallo.
La sentencia que ordena además un pago de 2.252 millones de pesos a los familiares de las víctimas por los daños sufridos, agrega que en este caso los militares segaron la vida de estas cuatro personas “son que mediara ninguna causal que justificara su accionar, solo el interés de presentados como un caso de subversivos muertos en enfrentamiento, esto es positivos, así no lo fueran”.
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