El Procurador General de la Nación, Fernando Carrillo, denunció que no se ha cumplido con el acuerdo alcanzado entre el Gobierno Nacional y las FARC el pasado 15 de mayo de 2016 para entregar a los menores de 15 años que están en las filas de la insurgencia.
Ocho meses después, el Ministerio Público anunció que no hay avances al respecto, a pesar de ser una medida de carácter humanitario y vital para alcanzar la paz.
Para la entidad, el cumplimiento de lo acordado es un tema de construcción de confianza y por eso exigió que las FARC de una vez cumplan su palabra.
La Procuraduría señaló que hasta el momento solo se han entregado doce adolescentes entre 15 y 17 años, que están en proceso de restablecimiento de derechos por parte de Bienestar Familiar. No obstante, solo en nueve casos ha habido retorno a las familias y los otros tres están en casos de protección.
Mientras se hará un informe sobre la situación de estas doce personas, la Procuraduría denunció que no hay información sobre la cantidad de niños, niñas y adolescentes menores de 15 años en las filas de las FARC “por lo que urge la necesidad de una información fiable e inmediata para evitar así la salida de los campamentos sin que el Estado active el sistema de protección”.
“La salida por la puerta de atrás no es una opción”, señaló Carrillo en un comunicado publicado por la Procuraduría en donde también señala la urgencia de tener el protocolo de entrega convenido que según lo han informado debe ser aprobado hoy.
Para la entidad, ese protocolo, debe cumplir con el punto 6 del acuerdo para asegurar la coordinación entre la institucionalidad y las autoridades respectivas, a fin de garantizar el proceso de armonización y adecuación cultural.
La Procuraduría General de la Nación anunció igualmente que estará vigilante para que se establezca el número de mujeres embarazadas, madres lactantes y niños, niñas y adolescentes, hijos de quienes están hoy llegando a las zonas de reagrupamiento, quienes requieren igualmente la atención prioritaria para iniciar el proceso de restablecimiento de derechos al que está obligado el Estado colombiano.
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