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Participación de víctimas, punto clave en debate de Ley de Amnistía en la Corte

La Corte Constitucional se apresta a estudiar el futuro de la Ley de Amnistía y de su decreto reglamentario, elementos cruciales para el proceso de paz, ahora que están en manos de los jueces de ejecución de penas de todo el país cerca de 2000 peticiones al respecto.

Se trata de la Ley 1820 de 2016 y del decreto 277 de 2017, que la reglamenta y que está en manos de los magistrados encargados José Antonio Cepeda e Iván Escrucería Mayolo.

Se ha podido establecer que ambos magistrados proyectaron ponencias que avalan ambas normas, pero con algunos condicionamientos. El más importante de todos lo planteó Escrucería, quien considera que las víctimas sí pueden y deberían participar en los procesos de revisión y concesión o no de las amnistías, indultos y libertades condicionales.

Este aspecto es crucial, ya que la Ley y el Decreto disponen un plazo de diez días para resolver las peticiones y actualmente no contempla en el procedimiento, la posibilidad que los apoderados de las víctimas conozcan de las peticiones y den su posición al respecto.

Ahora bien, dependerá de la Sala Plena en la votación esta semana si acoge o no esta postura del magistrado Escrucería y si hace un fallo integral al respecto.

En este caso, la Ley como el Decreto está en proceso de revisión automática en la Corte, de manera separada, pues en su momento la Corte negó una petición de acumulación de los dos expedientes, debido a que para estos temas de paz se fijaron tiempos de revisión diferentes para los decretos y las leyes tramitadas vía ‘fast track’.

El decreto tiene plazo para ser fallado hasta el 12 de mayo y la Ley hasta el día 15.

Cabe recordar que en el estudio del decreto, la Corte Constitucional solicitó concepto a la Corte Penal Internacional (CPI) y al Gobierno que entregara el listado de los guerrilleros investigados y condenados por delitos que sean indultables y objeto de amnistía.

Asimismo, solicitó una serie de pruebas como que la Fiscalía General dé cuenta de las investigaciones que cursan por delitos amnistiables.

En su concepto, la Procuraduría General de la Nación solicitó a la Corte Constitucional que avale tanto la Ley como el decreto, pero pidió condicionar la decisión para que se entienda que estos beneficios se deberían extender a los miembros de la guerrilla de las FARC que se han sometido a la Ley 975 de 2005 (Ley de Justicia y Paz).

Esto ya que, según el Gobierno, los beneficios del Acuerdo de Paz no están contemplados para los guerrilleros sometidos a Justicia y Paz. No obstante, ya le fue concedida la libertad a un guerrillero que estaba en ese proceso de justicia transicional, luego que la Corte Suprema de Justicia conceptuara que estos desmovilizados sí pueden acogerse a la JEP.

“Son destinatarios de la libertad condicionando tanto los integrantes de las FARC incluidos en los listados elaborados por los representantes de ese grupo subversivo para acceder a la amnistía e indulto regulados en la Ley, como quienes han sido condenados, procesados e investigados por su pertenencia o colaboración con esa organización, con independencia de que se hayan desmovilizado del grupo con antelación a la firma del acuerdo, pues ni la ley ni el Acuerdo Final para la Paz los excluye”, dice la decisión.

LA POSICIÓN DE LAS VÍCTIMAS

En este proceso, la Comisión Colombiana de Juristas y el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo le solicitaron a la Corte Constitucional, de manera separada, que fije algunos parámetros a la hora de entregar libertades condicionales tanto a integrantes de la guerrilla de las FARC como a agentes del Estado, en el marco de la Ley de Amnistía, indulto y tratamientos penales especiales.

En concepto enviado a la Corte, ambas organizaciones coinciden que, en términos generales, la amnistía debe avalarse, pero piden fijar algunos condicionamientos.

La Comisión considera que la concesión de libertad condicional a los responsables de graves violaciones a los DD.HH. y graves infracciones al DIH, delitos no amnistiables, desconoce las obligaciones internacionales del Estado y rompe la coherencia del deber de investigar, juzgar y sancionar conductas contra la humanidad.

Por su parte, el Colectivo de Abogados, apoyando el Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado, señala que, sobre las libertades transitorias y la renuncia de la acción penal para agentes estatales, no se fija ningún plazo para que estas personas comparezcan ante la Jurisdicción Especial para la Paz, la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad (CEV) y la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas (UBPD), para contribuir con los derechos de las víctimas.

Igualmente, estimaron que las libertades de personas para graves crímenes deberían otorgarse sólo si llevan ocho años presos, y no cinco como dice la Ley, y que se garantice que habrá una reparación integral.

El Colectivo y Movice solicitaron a la Corte que tumbe el artículo 48 de la Ley de Amnistía, que elimina los antecedentes penales de las personas beneficiadas con esta normatividad de todas las bases de datos, por estimar que vulnera el Acuerdo Final y los derechos de las víctimas en materia de no repetición.

Por otro lado, la CCJ le pidió a la Corte ajustar el concepto de grave crimen de guerra, ya que la ley solo reconoce como tales a aquellos que hayan sido cometidos de manera sistemática, para que se ajuste a los parámetros del derecho internacional.

LA POSICIÓN DE LA ONU

En este caso, el representante en Colombia de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, Todd Howland, ha considerado que la Ley de Amnistía se puede caer en la Corte por no estar acorde a los estándares internacionales en materia de derechos humanos. En su criterio, debería haber una ley diferentes para las personas ya condenadas.

"La Ley de Amnistía es importante para el proceso de paz, pero se debe ser limitada a los estándares internacionales como las personas que tienen cargos de rebelión y cargos conexos. Esta ley de amnistía está mezclando varias cosas. Esta ahí la gente que tiene rebelión, metieron a gente que sentencias por crímenes contra los derechos humanos", explicó.



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