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Perdomo, Sierra Porto y Wilson Ruiz, en disputa por la Procuraduría

La Corte Suprema de Justicia escuchó este jueves a doce candidatos de los cuales saldrá su postulado para hacer parte de la terna desde la cual se reemplazará a Alejandro Ordóñez como Procurador General de la Nación.

El Consejo de Estado eligió ayer a Fernando Carrillo Flórez y el último candidato lo escogerá la Presidencia de la República.

Los candidatos en general aseguraron que principal desafío de la institución será la implementación de los acuerdos de paz, así como la modernización de la entidad y la salvaguarda de los derechos de las víctimas, sin importar sexo, raza o religión.

JORGE PERDOMO

El exvicefiscal General Jorge Perdomo, resaltó el valor de la Procuraduría como una institución que debe velar por una sociedad incluyente, en un modelo de gestión gerencial con base en un plan estratégico que fije directrices temáticas e, incluso, “seleccionar regiones en las que se enfocarán los esfuerzos”. En ese sentido, dijo que se imagina una Procuraduría que priorice la vigilancia del Plan de Desarrollo. “Ahí es donde hay mayor riesgo de fallo de la gestión pública y de desviación de recursos”, dijo.

Para Perdomo, se debe reformar la capacidad de investigación de la Procuraduría para investigar en tiempo real la corrupción y se debe avanzar en la defensa de los derechos humanos, tanto de manera individual como colectiva, y de las comunidades o poblaciones históricamente discriminados.

Sobre la implementación de los acuerdos de paz, Perdomo aseguró que se deberá velar por la garantía de los derechos de las víctimas, por la búsqueda de los desaparecidos, la protección de los desmovilizados y la participación de la Jurisdicción Especial de Paz, recopilando toda la información que tiene la entidad sobre el conflicto para trasladarla a la justicia especial.

Perdomo añadió que se debe velar porque la implementación de los acuerdos no produzca un desbalance frente a las misiones de las instituciones existentes, así como en un balance presupuestal entre la justicia ordinaria y la justicia especial.

“Pienso en una Procuraduría renovada. Una sociedad de postconflicto necesita una Procuraduría de la Consolidación de la Paz por una sociedad que quiere progreso y no atada a los medios de la guerra. Quiero conducir a la Procuraduría hacia allá”, señaló.

HUMBERTO SIERRA PORTO

A su turno, el expresidente de la Corte Constitucional Humberto Sierra Porto, quien fuera magistrado de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, aseguró que el enfoque de la Procuraduría debe ser luchar contra la corrupción, la dignificación de los servidores públicos, reducir los espacios que generan inseguridad jurídica, la protección de los derechos de los trabajadores y la promoción de los derechos humanos.

En su criterio, se debe hacer un trabajo de la mano de la Corte Suprema de Justicia y se debe usar el Derecho Internacional para resolver casos concretos, creando un debido protocolo, para procesos relacionados con servidores públicos electos popularmente o sobre la sentencia que ordenó la creación de la doble instancia.

“Lucharé contra el abuso de poder. Se debe apoyar la meritocracia. Hay que definir qué es lo público y qué es lo privado en el alcance de la función disciplinaria. La función disciplinaria debe despolitizarse”, dijo.

De acuerdo con Sierra Porto, se debe unir a los colombianos en la promoción de los derechos humanos, más en el contexto de paz, vigilando la implementación de los acuerdos, respetando los principios del estado de derecho y protegiendo los derechos de las víctimas.

SierraPorto dijo que la naturaleza del Acuerdo de Paz implica que el Procurador debe conocer a fondo el Derecho, a fin de que no haya un desbordamiento de la institucionalidad en la implementación.

“Nos dice que el acuerdo es Constitución, que es DIH, que es una declaración que se registra ante Naciones Unidas y que es una obligación unilateral del Estado colombiano. ¿Qué significa eso? ¿Cómo lo vamos a aplicar? Las normas del Acuerdo de Paz que van a usarse en el Tribunal, ¿cómo van a aplicarse en el ordenamiento interno?“, dijo.

WILSON RUIZ

Por su parte, el exmagistrado del Consejo Superior de la Judicatura, Wilson Ruiz, señaló que se debe crear una Procuraduría Delegada para el Postconflicto para proteger por los derechos de las víctimas, vigilar la implementación de la Justicia especial de paz, los procesos de restitución de tierras y en coordinación de las demás instituciones.

“Necesitamos un Ministerio Público a favor de las víctimas. Qué interesante velar por la verdadera reparación integral a las víctimas, no solo dinero, medidas de no repetición”, dijo.

Ruiz indicó que la Procuraduría de los próximos cuatro años debe ser incluyente, velando a los ciudadanos de prácticas motivadas en el sexo, la raza o la religión.

“La principal función del Ministerio Público es ser garante del respeto de los derechos de todos los ciudadanos, sin excluir a ningún colombiano por sus creencias religiosas, políticas, sexuales, de raza o costumbres. La Procuraduría de los próximos cuatro años debe ser incluyente, reflejando la realidad de nuestro país, donde todos los ciudadanos tienen cabida”, enfatizó el ex magistrado.

Igualmente, se comprometió a atacar la corrupción, a fortalecer las acciones contra grupos vulnerables, dando mayor impulso a la Procuraduría Delegada para la Niñez; así como asuntos ambientales y la protección de los recursos no renovables.

Ruiz señaló que le preocupa la situación carcelaria puesto que hay 123 mil internos, cuando la capacidad es de 80 mil personas. En ese sentido, dijo, se le debe dar condiciones dignas de reclusión a los presos.

“Pienso en una Procuraduría renovada. Una sociedad de postconflicto necesita una Procuraduría de la Consolidación de la Paz por una sociedad que quiere progreso y no atada a los medios de la guerra. Quiero conducir a la Procuraduría hacia allá”, señaló.

MARCO ANTONIO VELILLA

El exmagistrado del Consejo de Estado Marco Antonio Velilla, aseguró que la implementación de la Justicia Transicional no debe implementarse en contraposición de las labores de la Corte Suprema de Justicia, como órgano de cierre de la jurisdicción ordinaria.

“Hay que contribuir en la construcción de políticas públicas, fortaleciendo la participación de y la libertad de expresión de los nuevos grupos que entran en la Democracia”, dijo.

Velilla dijo que se necesita un estatuto disciplinario acorde con las disposiciones internacionales y que se debe velar por la transparencia, la rendición de cuentas y desarrollar mecanismos de seguimiento en salud, niñez y el sistema carcelario.

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