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Procuraduría pide que amnistía aplique a guerrilleros sometidos a Justicia y Paz

La Procuraduría General de la Nación solicitó a la Corte Constitucional que avale el decreto 227 de 2017, que regula la Ley de Amnistía e Indulto y que establece estos beneficios, así como un régimen de libertades.

La Entidad solicitó un pronunciamiento integral a la Corte que estudia igualmente la Ley de Amnistía, pues de tumbarse la Ley, el decreto igualmente tendría que caerse.

La Procuraduría pide avalar expresamente el artículo 22 que señala que “todos los procesos en los que haya otorgado la libertad condicionada o decidido el traslado a las ZVTN, de que tratan la Ley 1820 de 2016 y el presente decreto, quedarán suspendidos hasta que entre en funcionamiento la Jurisdicción Especial para la Paz".

Ahora bien, el Ministerio Público solicitó condicionar el decreto bajo el entendido de que los beneficios de amnistía e indulto se deberían extender a los miembros de la guerrilla de las FARC que se han sometido a la Ley 975 de 2005 (Ley de Justicia y Paz).

La Procuraduría estimó además en su concepto que los procedimientos señalados en este decreto no pueden limitar el ejercicio de la acción de tutela y el habeas corpus.

Finalmente, solicitó a la Corte Constitucional exhortar al Gobierno Nacional y al Congreso de la República para que en ejercicio del procedimiento legislativo para la paz se complementen las medidas de protección para niños, niñas y adolescentes que se anuncian en el artículo 20 del Decreto 277 de 2017. 



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