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A seis meses de la declaratoria de emergencia carcelaria, la ONU pide acciones

Por Alejandra Bonilla Mora

El Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas recomendó el pasado viernes al Gobierno Nacional hacer todo lo necesario para mejor las condiciones carcelarias en el país, al tener en cuenta no solo que el hacinamiento está en el 55 %, sino que hay denuncias de malos tratos y graves condiciones.

¿Qué llevó a las Naciones Unidas a hacer esta recomendación? El pronunciamiento se da luego de que el Gobierno Nacional presentara su séptimo informe sobre la situación de derechos civiles y políticos en Ginebra en octubre y que recibiera sendas críticas por los integrantes del Comité, a pesar algunos  esfuerzos institucionales reconocidos.

Entre los insumos que recibió el Comité para la sesión de octubre en Ginebra se encuentra un informe de la Defensoría del Pueblo que dedica 24 de sus 30 páginas a la crisis carcelaria y que advierte el desolador panorama en los penales por el hacinamiento, la infraestructura obsoleta, la deficiente atención en salud y los deficientes programas de resocialización.

De hecho, la situación es tal que ni las tutelas que los jueces fallan a favor de los reclusos sirven para algo pues, según la Defensoría, en la cárcel de Acacías, Meta, por ejemplo, hay más de 250 tutelas a su favor y se han tenido que promover 151 desacatos por el incumplimiento de las autoridades carcelarias.

El 5 de noviembre se cumplieron seis meses de la declaratoria de emergencia carcelaria y para la Defensoría es necesario que se decrete el estado de excepción de emergencia social “para garantizar, cuando menos, la vida e integridad física de los reclusos”.

“Evidentemente, esta lamentable crisis que afecta los derechos humanos de más de 120 mil personas privadas de la libertad en Colombia, requiere una medida radical y efectiva debe ser la declaratoria de estado de excepción de emergencia que social”, dice el informe.

HACINAMIENTO

“A 12 de agosto de 2016, la población privada de la libertad en los 137 centros de reclusión a cargo del Inpec ascendía a 120.801 personas, lo que supone un hacinamiento del 55%, esto es, 42.746 reclusos por encima de la capacidad de las cárceles y penitenciarias del orden nacional, que en la misma fecha se ubicaba en 78.055 cupos carcelarios”.

Aun así, dice la Defensoría, la cifra no refleja la magnitud de la problemática porque 20 de los penales tiene porcentajes de hacinamiento que oscilan entre el 100% y el 440% afectando a 34.566 internos.

Se destacan Riohacha (440 %), Valledupar (406 %), Santa Marta (371 %), Andes, Antioquia (261 %), Caloto (302 %), Cali (255%), Apartadó (242 %), Magangué (237 %), Aguachica (188 %), La Paz, en Itagüi (183 %), Barranquilla (159 %), Pasto (153%), seguido de Barrancabermeja, Montería, Leticia, Sincelejo, Manizales, Santander de Quilichao, otro penal más en Barranquilla, Palmira y Medellín.

“En otras palabras, los internos recluidos en estas cárceles “mega hacinadas” llevan años soportando condiciones de reclusión que constituyen auténticos tratos crueles, inhumanos y degradantes, y su situación en nada mejoró durante el año 2015, por el contrario, empeoró de forma sostenida”, dijo la Defensoría sobre las cárceles en la Costa Caribe, indicando que en Valledupar, la población carcelaria aumentó en 25 %.

MALA ATENCIÓN EN SALUD PARA 10 MIL INTERNOS GRAVES

La Defensoría del Pueblo explicó que para el 1 de agosto de 2016, con cuatro meses de declaratoria de emergencia, había  846 profesionales de la salud contratados y un déficit de 306 profesionales por contratar, para atender a 120 mil personas. De hecho, el examen de la entidad habla de un médico por cada 718 internos, un odontólogo por cada 965 internos.

Igualmente, había pendientes por autoriza 15.647 procedimientos y deficiencia en insumos de medicamentos y materiales para atender penales que 10.587 enfermos graves.

Las cifras a agosto hablan de 672 enfermos de VIH, 114 de cáncer, 50 de insuficiencia renal crónica, 1220 de debates, 4.525 de hipertensión arterial, 168 de enfermedad pulmonar, 39 con varicela, 3 de parotiditis, 290 de tuberculosis, 2470 pacientes con enfermedad psiquiátrica, 82 con enfermedad diarreica, 600 con enfermedades cardiovasculares y 345 con infección respiratoria aguda.

A este panorama se suma que en algunos penales se ha suspendido durante el año el servicio médico, como en San Andrés, Bellavista, Girón, Cúcuta; y que otros no cuenta con un servicio dentro de las cáceles como en Fresno, Acacías, Yaruma, entre otros.

En ese sentido, la Defensoría alertó que gran parte de las cárceles no tiene medicamentos para los reclusos con enfermedades crónicas, ni existe el tratamiento adecuado para los pacientes psiquiátricos, ni insumos básicos en algunos como gasas o jeringas.

La entidad aseguró que las principales causas de esta situación son fallas en el nuevo modelo de atención que tenía 8 meses para implementarse pero que debió asumir de inmediato la atención debido a la imposibilidad de Caprecom, en liquidación, de continuar con los servicios de salud, cuando el Fondo Nacional de Salud a la Población Privada de la Libertad todavía carece del personal adecuado.

MALOS TRATOS

Ahora bien, el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas también recomendó “intensificar sus esfuerzos para prevenir la tortura y los malos tratos en los lugares de privación de la libertad; y velar por que todas las alegaciones de tortura y malos tratos sean investigadas de manera pronta, exhaustiva e imparcial”.

En este sentido, las organizaciones Congreso de los Pueblos y la Red Internacional de Derechos Humanos (RIDH) entregaron un informe a las Naciones Unidas para la sesión de octubre en la que denuncian el uso de medidas de aislamiento con castigo y el uso excesivo de la fuerza contra pacientes psiquiátricos o farmacodependientes o con gas pimienta y lacrimógenos para situaciones donde no hay disturbios.

“Persiste el uso de gas lacrimógeno al interior de las celdas, situación que provoca asfixia o afecciones respiratorias para los detenidos, además de dolor y angustia por los efectos del químico”, dice el informe que detalla casos de exceso en requisas, limitación de las visitas familiares y el sometimiento a humillaciones en las requisas.

“Se vienen aplicando castigos colectivos como el desabastecimiento de agua y el encierro en celdas por tiempos indeterminados, que incluso superan las 24 horas; cuando se presentan riñas que involucran a solo dos o tres reclusos, o en desarrollo de huelgas o jornadas de desobediencia pacífica”, agrega el reporte.

Las organizaciones denunciaron a la ONU situaciones como temor de los internos a denunciar violaciones de derechos humanos por miedo a amenazas, a recibir sanciones por reportes falsos sobre elementos incautados en operativos de registro o a traslados lejos de la ciudad donde están sus familiares.

RECOMENDACIONES

Para la Defensoría no solo se debe declarar el Estado de excepción de emergencia social, sino dar más personal al Fondo Nacional, hacer un servicio detallado de los reclusos y sus enfermedades y que la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios USPEC, destine los recursos suficientes para el suministro de equipos médicos.

Igualmente, recomendó que el Fondo pueda contratar de manera directa y que se legalicen los contratos de prestación de servicios con el personal médico adscritos a cada establecimiento de reclusión.

Sobre los reclusos con enfermedad psiquiátrica, la Defensoría señaló que deben estar recluidos en centros especiales, en donde haya una labor coordinada entre el Inpec, la Uspec y el Ministerio de Salud, establecimiento que hasta el momento no existe ni se tiene previsto construir.

“Los reclusos que sufren de enfermedades mentales graves se ven expuestos a condiciones de reclusión incluso más precarias que las que debe padecer la generalidad de la población carcelaria. Así, por ejemplo, en no pocos casos son recluidos por períodos prolongados en las áreas de aislamiento de los centros de reclusión, esto es, la llamadas Unidades de Tratamiento Especializado; locaciones que carecen de condiciones para garantizar la integridad de los reclusos con algún tipo de patología psiquiátrica”, indicó la entidad.

Sobre la infraestructura, la Uspec referenció 20 nuevas obras para 6704 reclusos, de las cuales, en trece seleccionadas por la Defensoría solo dos estaban terminadas: Espinal y Tierralta.

“Se puede concluir que el promedio total de avance en las obras inspeccionadas es del 44%. Además preocupa que tres (23%) de las obras inspeccionadas no registran avance alguno”, señaló la entidad al advertir que hay falta de planeación, incumplimiento y cero seguimiento a las obras.

“Se demostró en las visitas de inspección- la Uspec prometió entregar 6704 cupos para el año 2015, siendo efectivamente adjudicados 1709 lo que significó una diferencia de 4.995 cupos sin entregar, cifra que corresponde a tan sólo el 24.5% de avance efectivo de las obras de infraestructura carcelaria”, puntualizó la Defensoría.

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